Los constructores de Málaga urgen un "cambio total" del modelo de tramitación urbanística

El sector constructor ha abogado este jueves por un "cambio total de modelo" en la tramitación urbanística general de las administraciones que permita agilizar plazos para la generación de suelos finalistas con los que dinamizar la construcción de nuevas viviendas en el plazo más rápido posible. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Juan Manuel Rosillo, afirmó que el sector atraviesa un momento «contradictorio: por un lado, "se vende todo lo que se produce", pero, por otro, asiste a la imposibilidad de edificar todas las viviendas que la sociedad demanda, lo que está provocando una continua escalada de precios.

La ACP ya calculó hace unos días que Andalucía tendría ahora mismo un déficit acumulado de 200.000 viviendas, de las que un 30% (más de 60.000) corresponderían a Málaga. La provincia, además, tendría una demanda natural de 10.000-2.000 nuevas casas cada año. Frente a esto, el sector, con las actuales condiciones de suelo finalista disponible, sólo puede producir entre 10.000 y 11.000, lo que apenas daría para cubrir esa demanda natural sin reducir el citado déficit que arrastra.

"Necesitamos es un cambio total del modelo. Pasar del actual, que no confía en el ciudadano, ni en la empresa, ni en el profesional, a uno en el que la Administración acompañe y supervise, pero no bloquee cada paso con la solicitud de informes reiterados con interpretaciones dispares y con plazos inasumibles", ha comentado Rosillo durante la inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que se celebra hasta el sábado en el Palacio de Ferias.

Rosillo, acompañado en el acto inaugural por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha aludido también al gran crecimiento de Málaga con motivo de su auge económico y turístico, y ha dicho que debe ir acompañado de una dotación acorde de infraestructuras y servicios (entre ellos citó movilidad, agua y energía). "Todos conocemos el atractivo que supone nuestra ciudad y nuestra provincia y la realidad es que nuestro crecimiento ha superado con creces la infraestructura básica actual. A la vez que hacemos esta reivindicación urgente, tenemos que advertir que no podemos usar la falta de infraestructura como coartada para no construir más viviendas. La parálisis en cualquier responsabilidad no soluciona nada, solo agrava los problemas", ha advertido.

"Inacción administrativa"

El responsable de la ACP ha lamentado que la seguridad jurídica, clave para la inversión y el desarrollo en un segmento clave como el inmobiliario, se haya convertido, a su juicio, «en una materia sujeta a vaivenes, a interpretaciones, a modificaciones continuas y, en definitiva, a una inacción administrativa». Rosillo ha recordado que en Andalucía, ahora mismo, coinciden en tramitación tres leyes que afectan de manera directa a la actividad constructora (la de Vivienda, la de Gestión ambiental y la de Patrimonio). Y aunque todas ellas tienen el objetivo declarado de simplificar la tramitación actual, los empresarios manifiestan su recelo. «Cuando tanto texto se está redactando, los empresarios del sector nos preocupamos aún más. Porque pocas veces hemos percibido un cambio real, sino más bien todo lo contrario», ha afirmado.

Los constructores valoran que todos estos proyectos legislativos hayan incorporado algunas propuestas del sector, aunque cree que "quizás no con la suficiente valentía para que la situación de nuestro marco legislativo sea ya realmente simple y ágil".

«Por muchas vueltas que le demos a las normas, se siguen haciendo desde la misma perspectiva técnica, pensando que las mejoras provienen de una mayor concreción y exigencia», ha aseverado. Los empresarios, defiende, no piden "menos obligaciones", pero sí un sistema donde "asumamos la responsabilidad de cumplir las leyes". "La Administración no puede tratarnos como a menores de edad. Necesitamos un modelo que permita la eficacia y no la generación de más y más documentación. Y sabemos que sí se puede hacer de otra forma", ha apuntado citando a Baleares, cuya normativa urbanística sí estaría dando respuesta, en su opinión, a la actual emergencia.

Para el responsable de la ACP, las organizaciones empresariales llevan años planteando propuestas concretas en esta línea, como declarar de emergencia la gestión del suelo y obras de urbanización en zonas con déficit de vivienda para acortar plazos, o declarar de interés autonómico actuaciones que afecten a varios municipios.

"Es lo más habitual cuando hablamos de áreas metropolitanas para que haya un coordinador regional y evite discrepancias entre administraciones locales. Y actualizar la edificabilidad de suelo en desarrollo para destinarla íntegramente a VPO ¿Necesitamos más vivienda? Pues hagámosla", ha señalado.

También se reclama, por un lado, una modificación de la Ley del Suelo para generar seguridad jurídica a las tramitaciones y evitar que "errores formales" puedan anular años de trabajo; y, por otro, unos presupuestos de vivienda "dotados de los recursos necesarios proporcionales a la importancia del problema que pretenden solucionar".

De la Torre: "Estar a la altura"

Por su parte, el alcalde de la Torre ha reconocido que todas las administraciones deben estar ·a la altura· para dar respuesta al desafío que supone actualmente el acceso a la vivienda en España, y que está provocando subidas "constantes" del precio de la vivienda que ·pueden llegar a ser preocupantes·.

"Debemos procurar que tanto en venta como en alquiler hay una oferta abundante. Es obvio que necesitamos rápidamente producir más, y creo que la clave está en hacer que el suelo finalista sea un producto que se consiga cuanto antes. Que el tiempo desde que se pone en marcha hasta que se pueda dar licencia para construir sea el mínimo posible", expuso.

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