Vox Málaga lanza una campaña contra la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones este 30 de noviembre

El Grupo Municipal Vox Málaga ha puesto en marcha una campaña de movilización ante la entrada en vigor, el próximo 30 de noviembre, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La formación sostiene que el Ayuntamiento de Málaga continúa aplicando esta medida “sin transparencia y con constantes cambios de criterio”, por lo que ha impulsado una serie de acciones informativas dirigidas a los vecinos.

La campaña comenzó con la colocación de carteles en distintos puntos de la ciudad y continuará con buzoneo en áreas que consideran más afectadas. También está previsto el despliegue de pancartas y una caravana de vehículos que partirá este sábado a las 12:00 horas desde el aparcamiento del Palacio de Deportes Martín Carpena y en la que participarán conductores procedentes de varios municipios de la provincia.

Denuncia desde 2023

El portavoz del grupo, Antonio Alcázar, explicó que “hoy empezamos una campaña activa contra la implantación de la zona de bajas emisiones”, a lo que añadió que las acciones buscan denunciar “unas multas que comenzarán el 1 de diciembre y que llevamos denunciando desde 2023”.

Desde Vox señalan que, a su juicio, la normativa municipal ha experimentado modificaciones continuas. Según indican, el equipo de gobierno habría pasado de justificar la ZBE como una medida para la salud pública a argumentar que responde a “obligaciones” europeas o necesidades vinculadas a subvenciones. El grupo sostiene que estas variaciones han generado “incoherencia” en el discurso institucional.

Exención para residentes

La formación también cuestiona la exención anunciada por el Ayuntamiento para los residentes de Málaga. Vox afirma que el mensaje de que “ningún malagueño se verá afectado” es “engañoso” y recuerda que la ordenanza solo contempla la exención para quienes mantienen su vehículo desde antes de noviembre de 2023. Según su interpretación, cualquier vecino que haya adquirido después un vehículo sin etiqueta ambiental o con etiqueta B podría verse sujeto a limitaciones, y subrayan que los trabajadores procedentes de otros municipios también afrontarán restricciones.

La portavoz adjunta, Yolanda Gómez, afirmó que “se le ha visto el plumero al Partido Popular”, señalando que, a su juicio, la finalidad de la medida es “recaudar”. También aludió a la revisión de la ordenanza, que considera cada vez “más laxa”, y afirmó que si inicialmente se justificaba la ZBE por motivos de contaminación, “¿cómo es posible que ahora todos puedan entrar?”. Gómez citó un informe municipal según el cual la recaudación prevista podría alcanzar “hasta 11 millones de euros al año”.

La portavoz adjunta mencionó igualmente que algunos vecinos de municipios colindantes se verán afectados y que quienes compraron un vehículo sin etiqueta antes del 29 de noviembre de 2024 tampoco estarían exentos, según su interpretación del texto normativo.

Cambios forzados por Vox

El Grupo Municipal sostiene que parte de los cambios introducidos por el Ayuntamiento se deben a la presión ejercida desde su formación y recuerda que en otras ciudades los tribunales han anulado ordenanzas similares. Gómez indicó que “mientras los concejales del PP viajan en coche oficial, castigan a quienes no pueden permitirse un vehículo eléctrico”, y aseguró que “Europa nunca obligó: solo recomendó”.

Vox concluye que la ordenanza ha sido “vacía de contenido” para evitar pronunciamientos judiciales y que, según su criterio, no responde a una necesidad sanitaria sino a criterios económicos. Alcázar cerró su intervención afirmando que “ha llegado la hora de la verdad y de rascarse el bolsillo” y que su grupo continuará defendiendo “con claridad, honestidad y sentido común” a los ciudadanos afectados.