Desahucio en Málaga: la ‘Tita Mari’ gana tiempo tras la presión vecinal y social

Una decena de activistas por la vivienda se arremolinaban este martes en la puerta de una vivienda en la calle Rodríguez de Berlanga, cerca del barrio de Lex Flavia en Málaga, para frenar la amenaza de desahucio de Dolorés Cortes, vecina del barrio conocida como la 'Tita Mari'. Dos furgones de la Policía Nacional se había plantado frente a la vivienda para ejecutar la orden judicial, pero los activistas tenían un as en la manga: una recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había sido atendida por el juzgado la tarde anterior y había levantado la orden de desahucio. Sin embargo, la Policía Nacional los agentes aseguraron no tener constancia de lo sucedido, Hubo cierta tensión durante los minutos en que se comprobó esta información, que tras ser confirmada llevó a los agentes a retirarse entre abucheos y risas.

Esta expropiación ya había sido paralizada el pasado 17 de octubre gracias a la resistencia vecinal y a la intervención de los colectivos sociales. Esta segunda fecha del 25 de noviembre fue salvada por el informe del comité de Naciones Unidas que ha sido tenido en cuenta. Han sido dos intentos superados en casi dos meses.

La historia de Tita Mari

Dolores Cortés, conocida como la 'Tita Mari', ocupó su actual vivienda en la calle Rodríguez de Berlanga tras vivir un tiempo con una amiga. Una vecina le indicó que la casa estaba vacía y que podía entrar, ya que no residía nadie allí. Desde entonces, vive en esa vivienda junto a su hijo de 45 años, que tiene esquizofrenia y no puede soportar ruidos ni salir de su habitación. Debido a esta situación, los servicios sociales le ofrecieron trasladarse a un albergue, pero ella se negó porque su hijo necesita un espacio propio y estable.

A pesar de encontrarse en una situación extremadamente vulnerable, Tita Mari ha intentado regularizar su situación en diversas ocasiones. Paga la luz y ha querido hacerse cargo del agua y la comunidad, aunque los propietarios se han negado, ya que esos recibos se gestionan a través del banco. También ha intentado abonar un alquiler y llegar a un acuerdo con los dueños de la vivienda, pero no ha sido posible.

La 'Tita Mari' asegura que ni siquiera conoce a los propietarios de la casa. “No sé ni qué color tienen ni cómo tienen los ojos”, apunta desconcertada. Con una ayuda de 600 euros mensuales, asegura que no puede asumir un alquiler en Málaga, una situación que comparte con muchas otras familias que intentan acceder a una vivienda digna en la ciudad.

Un techo por derecho

Rosa Galindo, activista de la Plataforma de mujeres Un Techo por Derecho, dice que: "Una vez agotadas todas las instancias jurídicas que teníamos a nuestro alcance, decidimos no tirar la toalla. Tanto compañeras de Un Techo por Derecho como compañeros y compañeras del Sindicato de Inquilinas, llevamos a cabo este recurso ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Estamos muy contentas porque, para nosotras, ha sido un logro llevar esto adelante".

Galido apunta que el problema de la vivienda en personas desamparadas tiene que ver con varias instituciones: "Hemos señalado especialmente la vulneración de derechos que proviene de las instituciones públicas. Y ahí incluimos a todas. Desde un Gobierno central que no hace lo que tiene que hacer para que las familias puedan acceder a una alternativa habitacional, pasando por la Junta de Andalucía y, por supuesto, el Ayuntamiento de Málaga como institución más cercana. Está claramente señalado en ese informe".

Rosa Galindo denuncia que no pueden seguir permitiendo "que haya familias en situación de vulnerabilidad extrema y en emergencia absoluta cuando se las tira a la calle sin alternativa habitacional, y que para estas familias se siga usando el procedimiento de adjudicación de vivienda por sorteo. Eso es una vulneración de derechos humanos de libro, y queremos dejarlo muy señalado. Además, advertimos que vamos a seguir profundizando en ese tema con el Ayuntamiento de Málaga".

La activista quiere agradecer a todas las personas que lo han hecho posible: "Quiero cerrar agradeciendo a todas las personas que han estado acompañando y sosteniendo esta lucha de la 'Tita Mari'. Sin ellas esto no habría sido posible. Ha sido imprescindible, y queremos agradecerlo. También sabemos que, ahora que este desahucio se ha parado, podrían aparecer empresas que intenten coaccionar a la 'Tita Mari'. Queremos dejar claro que nos van a tener aquí de frente, llevando este tema a todos los estamentos a los que haya que llevarlo", concluye.

Sindicato de Inquilinas

Dani Machuca, miembro del Sindicato de Inquilinas se mostró muy crítico con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) , ya que "desde nuestro punto de vista no solo se evidencia una dejación de funciones, sino también una mala praxis cada vez que nos encontramos con el caso de una familia o una inquilina vulnerable que demanda una alternativa habitacional y se encuentra con el silencio absoluto, con mentiras y triquiñuelas".

Machuca hace referencia al IMV como responsable de este problema: "Aunque la propiedad con la que se ha peleado la 'Tita Mari' no pertenece al IMV, la administración responsable de ofrecerle una alternativa para evitar la vulneración de derechos era precisamente el IMV. Esa vulneración es la que nos ha permitido parar el desahucio en estamentos vinculados a Naciones Unidas. El IMV, de alguna manera, se ha lavado las manos. Y el Ayuntamiento de Málaga está permitiendo que esa vulneración de derechos se repita una y otra vez en nuestra ciudad", apunta.

El miembro del Sindicato de Inquilinas indice en que "queremos reivindicar la importancia de la organización y la lucha, y también celebrar que nos hayamos encontrado con las compañeras de Un Techo por Derecho, con quienes estamos construyendo un proceso organizativo bastante largo. Y esto es también un aviso, no solo a los 'fondos buitres' y a todas estas propiedades que están intentando hacer negocio con la vivienda en Málaga, sino también a la administración en general y, en concreto, al Ayuntamiento de Málaga: nos van a tener enfrente", finaliza.