«La situación de Málaga es muy grave, de emergencia habitacional»

Antes de nada, ¿sabe qué ha sido del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU) que dirigió hasta 2023?

Estamos perdiendo un trabajo enorme alabado en toda Europa porque teníamos cantidad de información muy necesaria para hacer políticas urbanas; y esos datos, desde que me fui hace tres años, no se actualizan. Que yo sepa no existe; su página web dejó de funcionar. No hay ningún tipo de informes, de seguimiento ni indicadores; la Agenda Urbana y el Plan del Clima se han dejado de lado.

¿Cree que el alcalde ha acabado con el OMAU por su papel crítico dentro del Ayuntamiento?

Yo no obedecía órdenes, pensaba. Y si piensas y tienes que ser profesional con tu trabajo, no puedo blanquear o endulzar los indicadores.

En su nuevo libro analiza el problema de la vivienda en Málaga capital. ¿Cómo es la situación?

Creo que es muy grave, que estamos en un estado de emergencia habitacional.

¿Es más grave que en otras grandes ciudades españolas?

Sí. De 2020 a 2024 los precios de venta ha aumentado un 73 % y los de alquiler un 40%, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En Málaga, así como los precios son similares a los de las grandes ciudades españolas, el nivel de renta es el número 38 de las 50 capitales de provincias. Se produce una brecha, un ‘gap’, entre lo que cuestan las cosas y lo que uno gana.

¿Qué papel juegan las viviendas turística en la espiral de precios?

Málaga ha pasado de no tener turismo urbano a tenerlo de manera salvaje. De medio millón de turistas y visitantes en 2000 hemos pasado a superar los 4 millones, y los territorios tienen una capacidad de carga determinada como un teatro o un museo. Los turistas rompen el equilibrio de los usos e intensidades de una ciudad. En Málaga la presión turística ha sido la suma de los hoteles, los apartamentos turísticos y las viviendas turísticas. De estas últimas, ahora mismo tenemos 13.000 aproximadamente -e ilegales más de 2.000- mientras que Barcelona, que nos triplica en población, tiene 9.000. Málaga, como ciudad de 599.000 habitantes, es la que tiene mayor presión turística, con diferencia, de las grandes ciudades españolas. Y la UMA, en un estudio, demostró que el 31% del aumento de los precios de la vivienda se debe a la vivienda turística. Los datos del Banco de España -que no se puede tachar de ‘bolivariano’- da un aumento cercano al 40%.

¿No regulaban el PGOU actual y el de 1997 estos usos? ¿Por qué el Ayuntamiento no ha tomado medidas hasta 2024?

La administración pública local ha dejado de aplicar la normativa vigente, que es el Plan General, de obligado cumplimiento. Lo ha aplicado 15 años después de que empiece toda esta historia. El relato es que no era competencia suya, sino de la Junta de Andalucía; pero sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre 2019 dejaba muy clara la responsabilidad municipal e incluso la obligación de la reducción, en este caso, de las viviendas de uso turístico..

¿Cómo ve que tantas VPO terminen en España siendo propiedad de los inquilinos?

Todo gasto público debe tener una finalidad de cohesión social y, por lo tanto, las VPO deben permanecer en el parque público de por vida. Hasta los años 2000, Málaga era VPO y no ha pasado nada. Había VPO de 60, 90 e incluso de 120 m2. Ahora, vuelve a crecer un poco por el Ayuntamiento -el Instituto Municipal de la Vivienda es de lo que mejor funciona-. Por otro lado, no puede ser que en España el presupuesto de Defensa sea el 2% del PIB y el de Vivienda no llegue al 0,1 %. Estamos ante una tragedia nacional: como mínimo debería ser el 0,5% anual del PIB.

¿Qué la parece el plan municipal de minipisos para jóvenes y personas que viven solas?

Desde el punto de vista urbanístico es una barbaridad usar parcelas dotacionales; pero también es cierto que el planeamiento general estaba con dotaciones sobredimensionadas. Dada la emergencia habitacional que tenemos, veo que algunas parcelas sí se pueden dedicar a alquiler social; pero habría que ver cada caso, para que no ocurra como con los vecinos de Quinta Alegre -denuncian que sus bloques quedarán encajonados-.

¿Y la conversión de locales comerciales en viviendas?

Te vendo lo que sea en las condiciones que sea aunque no tenga luz ni ventilación natural. Da igual porque me aprovecho de las necesidades de la gente.

Se habla mucho de Barcelona, ¿hay que copiar sus medidas?

En el Foro del Mediterráneo de Prensa Ibérica hubo una mesa redonda con los alcaldes de Barcelona, Valencia, Palma, Almería y Málaga. Había uno socialista -Collboni, de Barcelona- y el resto del PP. Los alcaldes demostraron que están tomando medidas -control de viviendas turísticas, inspecciones, regulación de cruceros- y el alcalde de Málaga estaba fuera de juego.

Si la situación de Málaga es tan grave. ¿Qué medidas propone en su libro a corto plazo?

La primera es de cajón: impulsar las zonas tensionadas; también es necesario modificar la Ley de Vivienda para incluir en los supuestos tensionados las viviendas temporales, las habitaciones... para tapar los agujeros de la ley de 2023. También se debería impedir la adquisición de viviendas si no es para residir -puede haber excepciones como hijos o familiares-. Por otro lado, prolongar los contratos actuales de arrendamiento o aumentar los alquileres durante 5 años. Además, cumplir lo que el PGOU dice de las Viviendas de Uso Turístico y recuperar la legalidad conculcada, aparte de cumplir en relación con el equilibrio de usos e intensidades.

¿Me puede mencionar algunas medidas a medio y largo plazo?

Entre las medidas urbanísticas, la mencionada de que las VPO no se desclasifiquen y tengan el carácter permanente y agilizar la tramitación del planeamiento urbanístico. Entre las administrativas, desgravaciones para facilitar el alquiler asequible, así como garantizar los impagos al alquiler -como hace Francia- y acelerar los desalojos; además de potenciar la formación en mano de obra cualificada en la construcción. Y entre las financieras, que los presupuestos en Vivienda fueran sostenidos en el tiempo, con el mencionado mínimo del 0,5 % anual del PIB; así como impulsar una entidad financiera pública y recuperar la financiación bancaria para suelos pendientes de urbanizar y no solo para finalistas.

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