El Gobierno permite a los ayuntamientos invertir el superávit de 2024, pero Málaga advierte: “No hay tiempo”

El Gobierno de España ya permite que los ayuntamientos y entidades locales destinen el superávit de 2024 —la diferencia entre lo ingresado y lo gastado— a inversiones, una opción que hasta ahora impedía la conocida como 'Ley Montoro', por exigencias de la UE, que obligaba a dedicar los remanentes de tesorería únicamente a reducir deuda financiera. El Consejo de Ministros aprobó el 2 de diciembre un Real Decreto-ley que el Ejecutivo presentó como respuesta a “una demanda histórica del municipalismo”, aunque en realidad se trata de una medida pactada principalmente con el nacionalismo catalán. La norma habilita a las entidades locales a emplear el superávit de 2024 en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) durante 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, la medida ha abierto un frente de dudas en numerosos consistorios, incluido el Ayuntamiento de Málaga, que critica el escaso margen real para ejecutar proyectos dentro de los plazos previstos.

Qué permite el decreto: remanentes 2024 para IFS hasta 2027

La nueva regulación autoriza a los ayuntamientos a usar el superávit de 2024 para financiar IFS en el trienio 2025–2027. El objetivo, según el Gobierno, es desbloquear recursos municipales para “mejorar la vida de las personas y el desarrollo de los municipios”, al permitir inversiones que antes no podían programarse con cargo a esos excedentes. De este modo se felicitaba el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien valora la medida y defendió que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que está realizando “las mayores transferencias de financiación de la historia” a entidades locales y comunidades autónomas. En una nota de prensa del 3 de diciembre, señaló además que los ayuntamientos de la provincia de Málaga y la Diputación cuentan con remanentes, por lo que podrían beneficiarse de la norma. "Es el Gobierno más municipalista que ha existido hasta ahora", destacó también.

De este modo, los ayuntamientos podrán contar con más recursos para "mejorar la vida de las personas y el desarrollo de los municipios", según rezaba la misma nota. Un discurso que este mismo jueves repetía, durante su defensa del decreto en el Congreso, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien dijo que gastar los remanentes es una "demanda histórica" del mundo local. Porque, aunque los ministros aprobaran esta medida el 2 de diciembre, no fue hasta ayer cuando fue ratificada en el Parlamento, con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y el PNV.

Málaga pone reparos: “Es materialmente imposible”

El Ayuntamiento de Málaga, entre otros, expresa sus reservas. Las quejas de los ayuntamientos inciden en que se trata de una noticia que llega tarde. En algunos casos la han calificado incluso de "humo". El concejal de Economía, Hacienda y Gestión de Fondos de la Unión Europea, Carlos Conde, cuestiona la efectividad práctica de la norma por los tiempos administrativos y por decisiones ya adoptadas en muchos municipios antes de que se aprobara este cambio.

La mayoría de los Gobiernos locales ya han tomado la decisión de usar este remanente acumulado para liquidar préstamos, saldar sus obligaciones con los proveedores o amortizar su deuda.

En el caso de Málaga, Conde explica que el Ayuntamiento contaría con unos 85 millones que ya estaban orientados a amortizar deuda, con acuerdo plenario. Cambiar el destino del dinero, añade, implicaría esperar a la liquidación del presupuesto de 2025 (habitualmente a comienzos del año siguiente, entre los meses de febrero y marzo) y después tramitar una modificación presupuestaria, con el consiguiente retraso.

Conde centra la crítica en los plazos de ejecución: sostiene que es muy difícil planificar y completar obras dentro del marco temporal permitido por el decreto. “Es materialmente imposible poder licitar una obra en 2026, adjudicarla y ejecutarla antes de que acabe 2027, salvo que se trate de suministros”, apunta. Pone como ejemplo la compra de autobuses (que podría encajar como IFS), pero advierte del plazo de suministro; y considera aún más inviable, por tiempos, una apuesta ambiciosa en vivienda, por ejemplo.

“El Gobierno vende esta medida como un flotador para los ayuntamientos para después acusarnos de no ser capaces de ejecutar inversiones”, lamenta el edil, quien destaca que "siempre" se ha permitido a los ayuntamientos cumplidores (como Málaga) utilizar los remanentes para IFS, "bien porque había una disposición adicional en los PGE o bien un Decreto Ley que lo permitía o bien porque las reglas fiscales habían quedado suspendidas como ha ocurrido después de la pandemia durante dos años". "Es decir, no están haciendo nada novedoso. Lo novedoso y desesperante es que cuando los ayuntamientos están haciendo sus deberes en materia presupuestaria, el Gobierno llegue en estas fechas del año a ofrecer algo con difícil capacidad de reacción", insiste.

La FEMP también pide aclaraciones: reunión técnica con Hacienda

Según Conde, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado dudas similares al Ministerio, lo que ha motivado la convocatoria de una reunión técnica para abordar inquietudes y criterios de aplicación. En ese encuentro, estaba previsto que participara Gabriel Hurtado, subdirector de Estudios Financieros de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de aclarar cómo se articulará el uso de los remanentes y qué margen real tendrán los ayuntamientos.