Málaga lidera el cierre de viviendas turísticas ilegales en Andalucía, con más de 4.300 cancelaciones

La Junta de Andalucía endurecerá a partir de 2026 el plan de inspecciones y de control a las viviendas turísticas con sanciones que podrán llegar a los 600.000 euros. Serán un nuevo paso en un plan de control del sector que arrancó en febrero de 2024 con un decreto que estableció un marco normativo más estricto y que, al mismo tiempo, habilitó nuevos mecanismos de actuación coordinada con los ayuntamientos, especialmente los de las grandes capitales.

Este plan de control está a punto de cumplir dos años con un balance que la Junta de Andalucía destaca como positivo: se han superado ya las 12.300 viviendas turísticas ilegales canceladas en la comunidad autónoma de las cuales en torno a un 40% se encuentran en los grandes municipios turísticos y el resto en localidades de menor tamaño ubicadas especialmente en las zonas costeras de Málaga, Granada y Cádiz.

Estas viviendas turísticas se han inscrito en el registro a través de una declaración responsable, pero sin embargo los ayuntamientos en los que se encuentran o los propios servicios técnicos de la Junta de Andalucía han detectado que no cumplen con los requisitos urbanísticos o las nuevas exigencias del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de Andalucía del pasado mes de marzo. El resultado es que han sido expulsados del registo y, por tanto, se han visto forzadas al cierre.

La colaboración entre la Junta de Andalucía y los servicios municipales, que tienen las competencias urbanísticas, es fundamental. De ahí que se hayan firmado acuerdos con los principales destinos turísticos como Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga o Granada. En octubre, además, se dio un nuevo paso: Cádiz, Málaga, Sevilla o El Puerto de Santa María han formalizado mecanismos de control para que de forma inmediata un piso que se intente dar de alta en una zona saturada no pueda hacerlo.

¿Dónde se encuentran las viviendas turísticas canceladas?

Las 12.300 viviendas turísticas canceladas en Andalucía se concentran principalmente en la Costa del Sol. Los municipios de la provincia de Málaga han colaborado con la Junta de Andalucía en el cierre de 4.372 viviendas turísticas ilegales, de las cuales sólo 1.347 se encuentran en la capital. El resto se reparten por otras localidades.

Le sigue la provincia de Granada con 2.000, de las cuales la mitad están en la capital, y en tercer lugar Cádiz, con 1803 repartidas por toda la costa. En la capital sólo se han cancelado 484 a través de este procedimiento autonómico.

Sevilla ocupa el cuarto lugar, principalmente por un factor. En la provincia apenas hay presión de viviendas turísticas y los ayuntamientos no se han lanzado a aprobar mecanismos de control de este fenómeno. Por tanto, todas las actuaciones se concentran en la capital, donde se han cerrado 1.248 pisos hasta el momento.

En los municipios de la costa de Almería se han cerrado 889, en Córdoba 833, en Huelva 553 y, por último, en Jaén apenas se han cancelado 378 pisos que no cumplían con los requisitos, una tercera parte de ellos en la capital.

Cambios legislativos y endurecimiento del control

Además del control establecido por la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda ha lanzado su propia estrategia a través de la configuración de un registro único en el que deben de darse de alta todos los pisos con independencia de que ya estén autorizados por la Administración autonómica. Ahí se realiza una segunda revisión y los que no cumplan los requisitos son vetados en las principales plataformas con las que se han firmado convenios.

Este registro único está recurrido por la Junta de Andalucía al considerar que se trata de una invasión de competencias y que genera un marco de inseguridad jurídica puesto que miles de viviendas están dadas de alta y por tanto tienen toda la documentación en regla para operar en la comunidad autónoma, pero no han sido aceptados en el registro único y por tanto no pueden anunciarse. En el primer balance que realizó el Ministerio en septiembre se habían rechazado ya más de 16.000 viviendas en la comunidad autónoma.

A esto se añade que la Junta de Andalucía ha aprobado su propia ley de turismo que ya concede formalmente un carácter de uso turístico a todos estos pisos y que habilita nuevos mecanismos de control y sanción por cualquier irregularidad, que pueden llegar a los 600.000 euros. Para su desarrollo dispone además del impulso del grupo Titán de la adscrita a la comunidad autónoma de la Policía Nacional a través del acuerdo alcanzado este año.