Málaga pedirá a la Junta y al Gobierno que regulen la manera de aplicar una tasa turística en la capital

La aplicación de una tasa turística en Málaga capital ha sido capaz de poner este lunes de acuerdo a los concejales de Con Málaga, que habían presentado una moción urgente al Pleno para promover su implantación, y a los del PP. Un episodio que ha contado con una negociación cargada de ironía y cálculo político. El Pleno no discutió solo si debe existir una tasa o un impuesto turístico; al contrario, sino quién debe asumir el coste político de impulsarlo y quién controla el relato cuando se trata de un asunto sensible: hacer que el turismo pague parte de las cargas que genera en una ciudad tensionada.

En Málaga, la opinión sobre la tasa turística está dividida: el Ayuntamiento, con el alcalde Francisco de la Torre a la cabeza, la apoya como una medida de "responsabilidad" para financiar servicios y paliar el problema de la vivienda (con propuestas de 3-4 euros), y el sector de pisos turísticos se muestra receptivo, pero la patronal hotelera se opone frontalmente, advirtiendo de un posible impacto negativo en precios y competitividad. La Junta de Andalucía tampoco considera oportuna su aplicación, porque considera que puede ser contraproducente. Es lo que puso de manifiesto el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, que puso como ejemplo en su intervención de defensa de la moción a la ciudad de Barcelona, "que sigue recibiendo turistas". "No puede ser que Málaga asuma todos los costes del turismo mientras los beneficios se concentran en unos pocos” y calificó la tasa como “una herramienta justa y necesaria para que quienes nos visitan contribuyan a sostener la ciudad”.

Con Málaga plantea como ejemplo una tasa “moderada” de 3 euros por noche, lo que —según sus cálculos— permitiría ingresar más de 20 millones de euros anuales para inversiones municipales en movilidad, infraestructuras, zonas verdes y barrios.

La clave del acuerdo: dos enmiendas del PP

En la sesión plenaria celebrada en la mañana de este lunes ha sido llamativa la aparición de “compañeros de viaje” inesperados. Porque el PP, a través del concejal de Turismo, Jacobo Florido, ha introducido dos enmiendas que, aceptadas por Con Málaga, ha permitido que su moción salga adelante: una fórmula doble que señala a la Junta y también al Gobierno central. En apariencia, es un gesto de acuerdo transversal. En la práctica, es una arquitectura retórica que busca un doble objetivo: por un lado, que el alcalde pueda decir que tiene apoyo de parte de la oposición; por otro, repartir la responsabilidad entre administraciones para que la propuesta no quede atrapada en el “usted no hace nada” local. De ahí la insistencia en el cambio de la Ley de Haciendas Locales y en el diseño de un impuesto “a la carta” para municipios, con libertad de destino del dinero recaudado.

El PSOE rechaza señalar a Madrid

Aunque aquí no estaba de acuerdo el PSOE, que no estaba dispuesto a hacer responsable al Gobierno central de la implantación de esta tasa. De ahí que haya votado en contra del punto añadido con la enmienda de instar al Gobierno de España a modificar la Ley de Haciendas Locales para facilitar esta tasa turístia, según defendió el concejal Mariano Ruiz Araujo, quien dijo que el alcalde "solo sabe escribir cartas", pero ya no tiene a nadie que le responda. De ahí el matiz, que no es inocente tampoco: el PSOE no rechaza la tasa por principio, pero prefiere situar el foco en Sevilla, donde entiende que existe margen real de decisión en la Junta de Andalucía. Es un desacuerdo sobre la tasa, sí; pero sobre todo es un desacuerdo sobre el marco: ¿es una batalla municipal que exige presión a la Junta o un problema estructural que requiere cambio estatal? El PP apuesta por el segundo enfoque porque amplía el tablero y lo convierte en un asunto de “Estado”; el PSOE apuesta por el primero porque estrecha el campo a un lugar donde puede exigir resultados concretos y, de paso, neutralizar la épica epistolar del alcalde.

Vox, por su parte, introduce la oposición clásica a cualquier nuevo gravamen: la idea de que encarecer el destino desvía la demanda a otros lugares. Su desacuerdo es el más lineal, pero cumple una función en el tablero: desplaza el debate hacia el miedo económico y obliga al resto a justificar que la tasa no es “castigo” sino compensación. Mientras PP, PSOE y Con Málaga discuten la vía institucional, Vox discute el principio: no quiere más impuestos. Y ha votado en contra.

Con todo, y a pesar de este consenso extraordinario, puede que las consecuencias sean relativas. O nulas. Porque las administraciones que tendrían que activar el mecanismo no parecen dispuestas a hacerlo: la Junta rechaza la tasa y el PSOE (en el pleno municipal) no avala empujar el cambio legal desde Madrid. Es decir: el acuerdo PP–Con Málaga puede quedarse en un gesto si no cambia la voluntad de los niveles de gobierno competentes.