Salado exige al Gobierno central más inversiones para Málaga en movilidad y vivienda

Ser más reivindicativos ante todas las administraciones públicas y «gobierne quien gobierne». El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, participó en un encuentro informativo en el foro empresarial y de alta dirección Uppery Club, donde pidió a portavoces de la sociedad civil y emprendedores malagueños que pasen a la acción. Además, de nuevo puso el acento en las «inversiones reales» que el Gobierno central no termina de plasmar en la provincia: en materia de «movilidad, vivienda, energía y agua».

A su juicio algunas de esas iniciativas que no terminan de ejecutarse o de trasladarse a los presupuestos suponen «cuellos de botella» para una provincia de Málaga que es de las que tiene en España un mayor dinamismo demográfico y turístico. En el haber de la administración provincial que él mismo lidera destacó el montante de 96 millones de euros que servirán para incrementar «la cooperación con los municipios, especialmente los más pequeños, para que nadie se quede atrás», al tiempo que incidió en «la vocación de sumar con el tejido empresarial».

Recordó en sus palabras a alcaldes o exregidores que en municipios como Mijas, Torremolinos o Coín aludieron a que el crecimiento no tiene que ser un objetivo primordial. «Crecer es bueno, tener éxito es mucho mejor que no tenerlo. Pero el crecimiento y el éxito hay que gestionarlos y requieren mejoras e inversiones para mantenerlos», manifestó.

El reto de la sostenibilidad

En efecto, de poco sirve estar a la vanguardia en aumento poblacional si, como contraprestación, a diario se generan retenciones en los accesos o salidas de tu municipio o comarca. Así lo destacaban algunos de los participantes empresariales, en relación a los colapsos circulatorios que día tras día se generan en la conexión de la comarca de la Axarquía con la capital o en distintos puntos de la A-7 entre Benalmádena y San Pedro Alcántara.

El reto es aumentar la población y la conectividad turística o empresarial, pero de una manera sostenible. Así las administraciones debieran ir por delante. En este momento están pendientes obras importantes en el litoral malagueño, en materia de transporte, como el tren litoral, la posibilidad de reabrir aún parcialmente el peaje de la autopista AP-7 o la ampliación de los accesos entre la costa oriental y Málaga capital.

Llegar a acuerdos

Salado expresaba ante los empresarios reunidos en Uppery Club que, «en estos tiempos de polarización, es vital que la sociedad civil obligue a los políticos a llegar a acuerdos por el bien de la provincia de Málaga, de Andalucía y de España». En ese ámbito, el problema del acceso a la vivienda representa «el mayor factor de riesgo social y económico, porque también es un freno al talento, a la actividad económica y la inversión».

El presidente del organismo provincial aludió a que garantizar el suministro de agua «sigue siendo una prioridad» para la institución que él mismo preside. «Es mucho más que un asunto doméstico. Es agricultura, es industria, es turismo, es servicios, es reputación del destino, es resiliencia». Y alegó que se destinarán este año en los presupuestos de la Diputación casi 28 millones de euros al ciclo integral del agua, «priorizando la digitalización y mejora del control de consumo y también la sustitución de tuberías y canalizaciones».

Emprendimiento

También expresó la necesidad de «incluir cultura del empresario, y del esfuerzo y del emprendimiento, en todos los planes de estudio, desde Primaria, para que los jóvenes sean emprendedores y valoren a las empresas, verdadero motor de la sociedad», matizó antes de recordar que muchas otras provincias envidian de Málaga valores como «marca, atractivo, talento y ambición».

«Pero precisamente por eso, el listón es crecer manteniendo todo eso. Y hay que invertir en la provincia de Málaga para que podamos seguir siendo un motor y un gran contribuyente al progreso de Andalucía y de nuestro país», señaló el propio Salado. Y en ese contexto recordó que la Diputación es pionera en el país con un plan específico para utilizar biomasa «en la climatización de edificios públicos en los pueblos», con un montante económico de hasta 16 millones de euros.

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