Las grandes ciudades sí multan a los coches extranjeros en las ZBE mientras Málaga alega un "vacío legal europeo"

Los vehículos con matrícula extranjera sí pueden ser sancionados por acceder indebidamente a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en varias de las principales ciudades de España. Así lo demuestran los procedimientos implantados en San Sebastián, Barcelona, Bilbao o Palma de Mallorca, donde existen registros específicos, autorizaciones previas y sistemas automáticos de control y sanción, frente a la postura del Ayuntamiento de Málaga, que sostiene que no puede multar por la existencia de un supuesto "vacío legal a nivel europeo".

San Sebastián: autorización obligatoria y multas de 200 euros

El Ayuntamiento de San Sebastián es uno de los consistorios que aplica con mayor rigor el control sobre vehículos con matrícula extranjera. En su Zona de Bajas Emisiones, todos los coches no matriculados en España están obligados a solicitar una autorización previa antes de acceder al perímetro restringido.

El procedimiento exige aportar documentación técnica del vehículo —como tipo de combustible y normativa Euro— y, en caso de entrar sin permiso, el sistema de cámaras de lectura de matrículas genera automáticamente una sanción de 200 euros, que puede incrementarse en caso de reincidencia. El propio Ayuntamiento ha reconocido que una parte muy significativa de las multas impuestas corresponde a matrículas extranjeras, especialmente francesas, debido a la proximidad geográfica.

Barcelona: registro previo y permisos diarios para extranjeros

En Barcelona, la gestión de la ZBE corresponde al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y contempla de forma expresa a los vehículos extranjeros. Estos deben inscribirse obligatoriamente en el registro de la ZBE para poder circular sin ser sancionados.

Si el vehículo cumple los criterios ambientales exigidos, queda autorizado tras el registro. En caso contrario, el sistema permite solicitar permisos diarios limitados —hasta un máximo anual— para accesos puntuales. El control se realiza mediante cámaras de reconocimiento automático de matrículas, y las sanciones por acceso indebido parten de 200 euros, pudiendo alcanzar cuantías superiores en función de la gravedad o reiteración de la infracción.

Bilbao: obliga a un trámite digital previo para evitar multas automáticas

La ciudad de Bilbao reconoce los vehículos cero emisiones europeos, pero obliga a un trámite digital previo para evitar multas automáticas. Que el coche sea 100% eléctrico no basta por sí solo para circular con tranquilidad por la urbe. La normativa municipal equipara los eléctricos de la Unión Europea a la etiqueta 0 de la Dirección General de Tráfico, lo que concede acceso total a la Zona de Bajas Emisiones. El problema aparece cuando la matrícula no figura en la base de datos estatal. Si el conductor cruza los arcos de control sin haberse identificado antes, el sistema lo detectará como infractor. La diferencia entre circular libremente o recibir una sanción está en anticiparse. El Ayuntamiento de Bilbao ha centralizado el proceso en una sola herramienta: la aplicación móvil “ZBE Bilbao EGE”. El registro es sencillo, pero exige atención. El usuario debe subir una imagen de la ficha técnica donde conste claramente que el vehículo es eléctrico y su normativa Euro, además de introducir sus datos personales y la matrícula. Tras la validación, el coche queda reconocido como cero emisiones dentro del sistema municipal. La recomendación es clara: realizar el trámite antes de viajar y guardar la confirmación en el móvil.

Palma de Mallorca: control previo

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca también ha desarrollado un registro específico para vehículos con matrícula extranjera. A diferencia de etapas anteriores, estos vehículos ya no pueden circular por la ZBE sin una inscripción previa, que debe solicitarse con antelación y acompañarse de documentación que acredite el nivel de emisiones.

El acceso sin autorización conlleva igualmente multas en torno a los 200 euros, tramitadas por el consistorio a partir de los datos captados por las cámaras instaladas en los accesos a la zona restringida. El Ayuntamiento ha advertido incluso a residentes con matrícula extranjera de que serán sancionados si no completan el trámite.

Málaga: la excepción por un supuesto vacío legal

Frente a estos modelos, el Ayuntamiento de Málaga mantiene que no puede sancionar a los vehículos con matrícula extranjera que incumplen las restricciones de su Zona de Bajas Emisiones debido a un vacío legal europeo, relacionado con la falta de un sistema homogéneo de identificación ambiental y de intercambio de datos entre países. El Consistorio salía el viernes al paso de las críticas de los grupos municipales de Con Málaga y Vox sobre la falta de sanciones a vehículos con matrícula extranjera en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y aseguraba que actúa “bajo el estricto cumplimiento del principio de legalidad”. El Ayuntamiento sostiene que, en el marco actual, perseguir este tipo de infracciones fuera de las fronteras españolas es una “quimera legal” debido al vacío normativo europeo.

Fuentes municipales insisten en que no existe laxitud, sino límites legales derivados de la normativa comunitaria vigente: “Es necesario aportar rigor jurídico para entender que el Ayuntamiento de Málaga no actúa con laxitud, sino bajo el estricto cumplimiento del principio de legalidad”, señalan. Y añaden: “El actual vacío normativo europeo hace que, hoy por hoy, perseguir estas infracciones fuera de nuestras fronteras sea una quimera legal”.

Los grupos de la oposición aseguran que las cámaras registran imágenes pero no sancionan a los vehículos foráneos y acusan al Ayuntamiento de Málaga de aplicar una política “discriminatoria, recaudatoria y jurídicamente insegura” y tener una "doble vara de medir", que perjudica a los malagueños.

La ZBE abarca un total 437 hectáreas de la capital, y el objetivo principal es mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación ambiental de la capital.

Los ejemplos de San Sebastián, Barcelona o Palma, una ciudad con una presión turística muy similar a la de Málaga, evidencian que otros grandes ayuntamientos sí han encontrado fórmulas legales y administrativas para regular, controlar y sancionar estos accesos, apoyándose en ordenanzas municipales, registros propios y procedimientos de autorización previa.