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Delitos urbanísticos

Investigadas en Málaga 125 personas, entre promotores y constructores, por 62 delitos urbanísticos cometidos en suelo rústico

La operación 'Murus' de la Guardia Civil, dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente, ha detectado 154 infracciones administrativas en la provincia

La Guardia Civil investiga a 125 personas por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en Málaga

La Opinión

MÁLAGA

Un total de 62 delitos urbanísticos han sido detectados en 2025 en la provincia de Málaga en el marco de la Operación 'Murus'. En esta han participado agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga,.

Durante el desarrollo de esta operación, se han investigado a 125 personas, 122 personas físicas y tres personas jurídicas, entre las que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia.

Un vehículo del Seprona

Un vehículo del Seprona / L.O.

154 infracciones administrativas

Los agentes observaron la supuesta comisión de 62 delitos urbanísticos y se han realizado 104 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, detectándose 154 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etcétera.

Todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia territorial y urbanística y para la realización de los expedientes sancionadores.

Construcciones ilegales

De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo han destacado, entre otros, la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial.

Durante la investigación se ha contado con la colaboración de otras administraciones como los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados y efectivos de la Junta de Andalucía de diferentes servicios.

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