Málaga busca la fórmula legal para multar a los coches extranjeros que incumplen la ZBE

El Ayuntamiento de Málaga quiere resolver uno de los principales problemas en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE): la imposibilidad de sancionar de forma efectiva a los vehículos con matrícula extranjera que acceden sin autorización. El equipo de gobierno del PP llevará este viernes al Pleno una moción en la que reclama al Gobierno central cambios normativos para poder multar y cobrar estas infracciones.

El Consistorio sostiene que el problema no es técnico ni municipal, sino una limitación legal derivada de la normativa europea, que impide identificar y sancionar automáticamente a los conductores extranjeros que incumplen las restricciones ambientales.

Un problema común en toda España

En la moción se subraya que esta situación no es exclusiva de Málaga, pese a la polémica generada en las últimas semanas, sino que afecta a todas las ciudades españolas con ZBE. Los ayuntamientos disponen de los sistemas necesarios para detectar y registrar las infracciones, pero carecen de respaldo legal para hacerlas efectivas cuando se trata de vehículos matriculados fuera de España.

El Ayuntamiento defiende que existe plena cobertura normativa municipal. La Ordenanza de Movilidad tipifica como infracción grave el acceso indebido a la ZBE y se aplica por igual a todos los vehículos, independientemente de su nacionalidad o país de matriculación. “No hay vacío legal a nivel local”, sostiene el equipo de gobierno, que recalca que la norma no discrimina entre coches españoles y extranjeros.

La dificultad aparece en el momento de identificar al titular del vehículo extranjero, según explica el grupo popular en su moción. El intercambio de información entre países de la UE está regulado por la Directiva (UE) 2015/413, un sistema de “catálogo cerrado” que solo obliga a facilitar datos para determinadas infracciones, entre las que no figura el acceso indebido a una ZBE.

Esto impide a los ayuntamientos acceder automáticamente a los datos del infractor y enviar la correspondiente sanción, aunque la infracción esté registrada.

Una nueva directiva, pendiente de aplicar

La moción recuerda que la Directiva (UE) 2024/3237, aprobada en diciembre de 2024, sí amplía el intercambio de información a las infracciones relacionadas con las zonas de bajas emisiones. Sin embargo, esta norma debe ser traspuesta al ordenamiento jurídico español antes de julio de 2027 para que los consistorios puedan aplicarla. Por este motivo, el grupo popular llevará al Pleno de este viernes una reclamación al Gobierno para que adelante esta transposición para evitar la actual situación de desigualdad.

Incluso en los casos en los que sí se puede denunciar a un vehículo extranjero, el Consistorio reconoce otra limitación: no puede cobrar las multas por vía ejecutiva. La legislación estatal impide a los ayuntamientos forzar el pago a personas que no residen en España, lo que provoca que muchas sanciones queden sin efecto.

Esta circunstancia, según el equipo de gobierno, genera una clara discriminación entre conductores nacionales y extranjeros.

Por todo ello, la moción del PP plantea tres acuerdos clave: exigir al Gobierno la transposición urgente de la nueva directiva europea, modificar la legislación para permitir el cobro efectivo de sanciones a infractores extranjeros y trasladar esta problemática a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar una respuesta conjunta.