Choque por la ZBE: Málaga reclama al Gobierno cambios legales para multar a los extranjeros y la oposición cita a otras ciudades que ya lo hacen

Desde el 30 de noviembre de 2025, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga aplica sanciones a los vehículos más contaminantes —coches, motos y furgonetas sin distintivo ambiental o que no cumplen los requisitos— para acceder a un perímetro de 437 hectáreas que abarca el Centro Histórico y su entorno. Varias semanas después de su puesta en marcha, la medida sigue generando confusión entre los malagueños y alimenta la polémica: mientras en Málaga se ha reconocido la dificultad para multar a coches con matrícula extranjera, otras ciudades sí aplican sanciones, lo que ha reavivado el debate sobre el alcance real de las restricciones, su impacto efectivo y la desigualdad de la norma. El debate ha llegado al Pleno de este viernes y ha puesto en evidencia las diferencias en su interpretación por parte de los distintos grupos, si bien, la moción del PP, con la que pide al Gobierno central cambios normativos para poder sancionar a los vehículos foráneos, ha salido adelante.

Como telón de fondo de la polémica por la aplicación desigual de las sanciones, los grupos de la oposición citaron ejemplos de otras ciudades como Palma de Mallorca, Barcelona, Bilbao o San Sebastián, que, aseguran, ya han articulado mecanismos para controlar y multar a los coches no residentes que invaden la ZBE de sus territorios respectivos.

Pese al choque político, el Pleno dio luz verde a la iniciativa, dejando abierta una batalla que sigue marcando el debate sobre la ZBE en Málaga: cómo aplicar las restricciones ambientales con equidad, sin que el sistema sancionador genere una brecha entre residentes y vehículos extranjeros.

El equipo de gobierno, en boca de la concejal de Movilidad Trinidad Hernández, defendió que existe plena cobertura normativa municipal. La Ordenanza de Movilidad tipifica como infracción grave el acceso indebido a la ZBE y se aplica por igual a todos los vehículos, independientemente de su nacionalidad o país de matriculación. “No hay vacío legal a nivel local”, sostuvo la edil, quien recalcó que la norma no discrimina entre coches españoles y extranjeros. La dificultad, según argumentó con la moción, aparece en el momento de identificar al titular de un vehículo extranjero para que la sanción sea efectiva.

La clave: identificar al infractor extranjero

Hernández señaló que el problema en la aplicación de la ZBE “no es técnico ni municipal”, sino una limitación legal relacionada con el intercambio de información entre países de la UE. Ese intercambio está regulado por la Directiva (UE) 2015/413, un sistema de “catálogo cerrado” que solo obliga a facilitar datos para determinadas infracciones, entre las que no figura el acceso indebido a una ZBE. Esto impide a los ayuntamientos acceder automáticamente a los datos del infractor y enviar la sanción correspondiente, aunque la infracción esté registrada por el sistema.

Con la moción, el PP recuerda que la Directiva (UE) 2024/3237, aprobada en diciembre de 2024, sí amplía el intercambio de información a las infracciones relacionadas con zonas de bajas emisiones. Sin embargo, para que los consistorios puedan aplicarla en España debe ser traspuesta al ordenamiento jurídico antes de julio de 2027.

Por ello, el PP ha llevado al Pleno esta reclamación al Gobierno para que adelante esa transposición y así evitar la situación de desigualdad que, según expone, se ha generado entre conductores nacionales y extranjeros.

Incluso en los casos en los que sí se puede denunciar a un vehículo extranjero, el Consistorio reconoce otra limitación: no puede cobrar las multas por vía ejecutiva. La legislación estatal impide a los ayuntamientos forzar el pago a personas que no residen en España, lo que provoca que muchas sanciones queden sin efecto y alimenta la sensación de impunidad.

Con Málaga: “Les hemos pillado con el carrito del helado”

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, acusó al equipo de Gobierno de falta de previsión y de ocultar que los vehículos extranjeros no estaban siendo sancionados. “Les hemos pillado con el carrito del helado”, afirmó, asegurando que no fue hasta que su grupo dio a conocer esa información cuando el PP reaccionó.

Morillas rechazó que el problema sea exclusivamente europeo y citó el ejemplo de ciudades como Palma de Mallorca, Barcelona, San Sebastián o Bilbao, que han creado registros propios de vehículos no residentes para autorizar y sancionar accesos. “¿Málaga es distinta?”, se preguntó. También reprochó la ausencia de aparcamientos disuasorios, un plan de movilidad laboral y alternativas reales al vehículo privado, incluida una solución para el acceso diario al campus de El Ejido de la UMA.

Vox: “ruptura del principio de igualdad”

Desde Vox, Antonio Alcázar celebró que el PP reconociera una situación que, según dijo, su grupo viene denunciando “desde el principio”: la discriminación entre conductores nacionales y foráneos. Sin embargo, acusó al Gobierno local de haber sido “colaborador necesario” de la implantación de la ZBE. “El sistema sanciona al malagueño mientras permite circular impunemente a miles de vehículos extranjeros”, sostuvo, defendiendo que el problema no es técnico, sino una “ruptura del principio de igualdad ante la ley”.

El PSOE: “No es Europa, es un modelo fallido”

El concejal del PSOE, Jorge Quero, negó el argumento del “vacío legal” y defendió que el Ayuntamiento puede actuar si refuerza los medios de control. A su juicio, se pueden imponer sanciones mediante controles presenciales y levantando acta, y criticó que el gobierno municipal haya recortado efectivos policiales y prefiera un modelo basado en cámaras “más recaudatorio”.

Quero insistió en que otras ciudades “regulan, controlan y sancionan” creando registros de vehículos no residentes sin esperar a ninguna trasposición europea. “No es un problema de Europa ni un problema legal”, recalcó, atribuyéndolo al modelo de movilidad y a déficits en aparcamientos disuasorios y transporte alternativo.

Hernández rechaza enmiendas: “No tenemos capacidad legal”

En su segundo turno, Trinidad Hernández rechazó las críticas y aseguró que la oposición estaba construyendo “relatos malintencionados”. “Esto lo conozco en profundidad”, dijo, insistiendo en que Málaga “no tiene capacidad legal” para sancionar de forma efectiva a determinados vehículos extranjeros como se plantea desde otros grupos.

La concejala añadió además un elemento técnico: los vehículos de otros países no disponen del mismo certificado medioambiental que en España, lo que complica la aplicación homogénea del sistema. Y defendió que el Ayuntamiento ya trabaja en un plan de movilidad laboral y en aparcamientos disuasorios, motivo por el que el PP no aceptó enmiendas de Con Málaga.

Los acuerdos aprobados

La moción aprobada incluye tres peticiones principales: acelerar la transposición de la Directiva (UE) 2024/3237, modificar la legislación para facilitar el cobro ejecutivo de sanciones a infractores extranjeros y trasladar el problema a la FEMP para impulsar una reclamación coordinada de los municipios.