Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa

El grupo municipal del PSOE ha elevado al Ayuntamiento de Málaga una contundente denuncia sobre lo que consideran “sospechas de presuntas irregularidades” en el proceso de adjudicación de viviendas protegidas en la ciudad. La formación exige una revisión a fondo de todos los procesos de reparto de VPO en la última década, y propone la creación de una comisión de supervisión que ponga fin a la “opacidad” que, según afirman, caracteriza este sistema.

En su propuesta, el portavoz socialista, Daniel Pérez, subraya que “cuando el suelo es público y hay participación municipal, no puede ser que una empresa privada decida quién recibe una vivienda”. Por ello, instan a un control más riguroso por parte del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), con el objetivo de garantizar que el proceso sea "transparente y justo". Esta medida cobra mayor relevancia después de que la ciudad de Alicante haya sido protagonista de un escándalo relacionado con la adjudicación de VPO, que derivó en la dimisión de altos cargos del gobierno local.

Pérez ha sido claro al señalar que el objetivo del PSOE es “dar la máxima transparencia y acabar con la sospecha permanente” que persiste en Málaga sobre el reparto de viviendas. “No queremos que Málaga siga el mismo camino que otras ciudades, donde han salido a la luz graves irregularidades. Exigimos listas claras, información auditada y un control público real en todas las adjudicaciones”, ha enfatizado.

El caso de la promoción de la avenida Ingeniero José María Garnica

Uno de los casos más alarmantes es el de la promoción de VPO en la avenida Ingeniero José María Garnica, cuya entrega se ha retrasado más de dos años. Los primeros adjudicatarios de estas viviendas han denunciado que no pudieron elegir ni la vivienda ni la orientación que querían, lo que añade una capa de incertidumbre a la ya cuestionada gestión del IMV.

“Las viviendas están prácticamente finalizadas, pero las obras siguen paradas. Esto impide que 35 familias puedan acceder a un derecho básico y desarrollar una vida normalizada”, lamenta Pérez. El portavoz del PSOE también ha mostrado su preocupación por el alto coste de los alquileres en la ciudad, que han convertido tener una vivienda en un verdadero lujo, mientras que el Ayuntamiento sigue sin ofrecer soluciones efectivas.

Propuesta de una comisión de supervisión y auditorías internas y externas

Carmen Martín, concejala socialista, defenderá una moción en la próxima Comisión de Derechos Sociales y Vivienda para crear una comisión no permanente de supervisión, con la participación proporcional de todos los grupos municipales. Esta comisión, según Martín, deberá evaluar los sistemas de adjudicación de VPO y proponer reformas normativas para reforzar la transparencia. Además, solicitarán al IMV una auditoría interna completa de todos los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas de los últimos diez años, complementada con una auditoría externa independiente.

“El objetivo es restaurar la confianza de los malagueños en la gestión pública”, ha explicado Martín. A través de esta iniciativa, también se pretende obtener un informe detallado sobre el Registro Municipal de Demandantes, incluyendo el número de solicitudes activas, perfiles, requisitos y tiempos de espera.

Denuncias de familias afectadas: “dos años y medio de engaños”

En representación de las familias afectadas de Garnica, José Fernández, uno de los adjudicatarios, ha denunciado los “dos años y medio de engaños” por parte del IMV. Fernández explicó que, a pesar de haber firmado contrato en julio de 2022 y de haber pagado más de 36.000 euros por familia, las viviendas aún no se han entregado. Además, denunció la falta de transparencia en la adjudicación, pues, a pesar de haber sido de los primeros en elegir, no se le ofrecieron todas las viviendas disponibles, lo que genera una sensación de injusticia entre las familias afectadas.

“Nos prometieron que las viviendas estarían al 92% en 2024, pero la obra está prácticamente parada. La falta de información y la excusa constante del Ayuntamiento ha dejado atrapadas a las familias en alquileres impagables mientras esperan por una vivienda que nunca llega”, añadió Fernández, quien pidió una "respuesta clara y urgente".