De la Torre niega irregularidades en el IMV y reprocha al PSOE que “no quiera trabajar ni leerse los expedientes”

El alcalde, Francisco de la Torre, ha respondido con dureza a la exigencia del PSOE de someter al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) a una auditoría completa tras denunciar presuntas irregularidades en los últimos diez años en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. El regidor no solo rechaza la necesidad de una revisión extraordinaria, sino que acusa directamente a los concejales socialistas de no ejercer su labor dentro del organismo. “El PSOE está en el consejo del Instituto Municipal de la Vivienda, en el órgano rector, y tiene toda la información que quiera. ¿Qué más auditoría? Que pida los expedientes que quiera”, afirmó.

De la Torre sostiene que los representantes socialistas forman parte de la gestión del IMV y, por tanto, tienen acceso directo a la documentación. “¿Tiene usted dudas de algo? ¿Quiere consultar algún documento concreto? Pídalo, véalo. Si estamos hartos de compartir listas de expedientes, por Dios", aseguró.

El alcalde fue más allá al deslizar que, si persisten las sospechas, puede deberse a falta de implicación o compromiso: “Lo curioso del caso es que ellos están en la gestión, salvo que estén allí y no trabajen o no quieran leerse los expedientes”.

En este contexto, el regidor considera que abrir una auditoría general supondría “perder dos meses levantando papeles” sin que exista, a su juicio, justificación objetiva.

Defensa de los sorteos de VPO ante notario

Uno de los puntos clave del enfrentamiento es el sistema de adjudicación. El PSOE ha cuestionado la transparencia del proceso, especialmente cuando hay suelo público y promotores privados implicados. Frente a ello, De la Torre defendió que las adjudicaciones se realizan mediante sorteos rigurosos, con garantías formales y presencia de representantes políticos. “Se ha hecho delante de algunos consejeros del IMV del Partido Socialista. Yo he pedido que sea así, con la máxima transparencia, sorteo ante notario y desde el punto de vista informático, delante de ellos, como se hacen los sorteos de las mesas electorales”, ha explicado en declaraciones a La Opinión de Málaga.

El alcalde insiste en que el procedimiento cuenta con controles suficientes y rechaza cualquier paralelismo con casos como el de Alicante, citado por el PSOE tras un escándalo que acabó con dimisiones.

El origen de la polémica: auditoría y comisión de supervisión

La respuesta del alcalde llega después de que el portavoz socialista, Daniel Pérez, denunciara “sospechas de presuntas irregularidades” en los procesos de adjudicación de VPO y reclamara una auditoría interna completa de la última década, una auditoría externa independiente y la creación de una comisión municipal de supervisión.

Los socialistas sostienen que existe una “sospecha permanente” sobre el sistema y reclaman listas claras, información auditada y mayor control público, especialmente cuando intervienen promotores privados.

Además, han puesto el foco en la situación del Registro Municipal de Demandantes, solicitando datos detallados sobre solicitudes activas, perfiles y tiempos de espera.

El caso Garnica y el retraso de dos años

La promoción de VPO en la avenida Ingeniero José María Garnica se ha convertido en símbolo del conflicto político, o, al menos, ha sido puesto como ejemplo por el PSOE, Las 35 familias adjudicatarias denuncian retrasos superiores a dos años y falta de información, pese a haber firmado contratos y abonado cantidades que superan los 36.000 euros por unidad familiar.

Sobre este asunto, el alcalde ha atribuido la demora directamente a la empresa constructora: “Ha fallado el contratista y en vez de romper el contrato, que hubiera supuesto dos años de retraso, hemos mantenido un seguimiento y diálogo mensual con la empresa, marcando nuevos objetivos”.

De la Torre defendió que rescindir el contrato habría generado un perjuicio mayor, al obligar a iniciar un nuevo proceso administrativo y constructivo.

El alcalde insiste en que el sistema es transparente y fiscalizable desde dentro. El PSOE sostiene que solo una auditoría independiente puede despejar cualquier duda.

Mientras tanto, las familias de Garnica siguen esperando las llaves. Y el debate sobre la gestión del Instituto Municipal de la Vivienda promete continuar en la próxima Comisión de Derechos Sociales y Vivienda, donde los socialistas defenderán formalmente su propuesta de supervisión.

La vivienda vuelve así al centro del tablero político municipal, con acusaciones cruzadas y una pregunta de fondo: si basta con la fiscalización interna o si Málaga necesita una revisión externa que despeje cualquier sombra sobre el reparto de sus viviendas protegidas.

El PSOE provincial marca distancia con Daniel Pérez

A la polémica se ha sumado, además, un matiz relevante dentro del propio socialismo malagueño. Según ha publicado El Español de Málaga, la dirección provincial del PSOE de Málaga se ha desmarcado “de manera rotunda” de su portavoz municipal, Daniel Pérez, y de sus afirmaciones sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de VPO. De acuerdo con esta información, el secretario de Vivienda del PSOE malagueño, Antonio Vargas, asegura que el partido no tiene constancia de irregularidades y recalca que cualquier acusación de este calibre debe estar sustentada con hechos. En ese sentido, advirte contra las “insinuaciones” en política sin pruebas sólidas y reclama que, si se denuncia, se haga con una base “muy fundada”, evitando alimentar sospechas que luego no se concretan.