El Gobierno informa a una treintena de alcaldes sobre las ayudas por el temporal

El Gobierno central destinará un total de 7.000 millones de euros a un plan que incluirá la recuperación de la provincia de Málaga tras los recientes temporales. De ese montante, 600 millones irán destinados específicamente a la reparación de caminos rurales, a través de la empresa pública estatal Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Hasta una treintena de alcaldes y concejales en representación de sus respectivos municipios participaron este jueves en un encuentro informativo en la Subdelegación del Gobierno en Málaga. El máximo responsable de este organismo, Javier Salas, indicó en presencia de responsables de la Diputación de Málaga que estas iniciativas se desarrollarán de manera conjunta con la administración provincial y la Junta de Andalucía.

De hecho, la intención del Ejecutivo es la de constituir «una comisión técnica para abordar la reconstrucción de los caminos rurales en la provincia», después de los cuantiosos daños que se han sufrido en las primeras semanas del presente año. Salas dio detalles sobre el Plan de Actuación del Gobierno de España, así como del Real Decreto ley aprobado por el Gobierno para la reconstrucción en Andalucía y Extremadura.

El subdelegado del Gobierno incidió en la importancia de este plan, «puesto en marcha por el Ejecutivo gracias a la implicación directa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que va a servir para la reconstrucción de la provincia. El Gobierno está con los municipios malagueños, que cuentan con un paquete de medidas completo para la vuelta a la normalidad».

Entre otras medidas para compensar los daños generados por el reciente enjambre de borrascas, con especial incidencia en comarcas como la Serranía de Ronda, el documento estatal de ayudas recoge un fondo total de 2.000 millones para los ayuntamientos en la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales.

Además, los ayuntamientos y comunidades autónomas podrán excepcionalmente usar el superávit de 2025 para mitigar los efectos de la borrasca mediante inversiones financieramente sostenibles. Por otra parte, quedan contempladas ayudas específicas a los ayuntamientos para actuaciones imprescindibles para las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Otro paquete de iniciativas van dirigidas a la recuperación de cauces públicos, depuración, playas y zonas costeras. Pero además se va a flexibilizar «la regla de gasto para ayuntamientos y comunidades autónomas, en las partidas presupuestarias que se destinen a paliar los efectos de las inundaciones para que no computen en las reglas fiscales».

Salas dio detalles igualmente del Plan de Empleo que por importe de 50 millones de euros irá dirigido igualmente a los ayuntamientos afectados por el temporal. Y hasta habrá un anticipo y financiación del 100% de la ayuda de emergencia, previa petición de los consistorios y entidades locales.

En este punto, los propios alcaldes ediles expresaron la necesidad de que los trámites puedan agilizarse al máximo, de manera que la recuperación pueda desarrollarse antes de la temporada alta en términos turísticos. Y es que existe la lógica preocupación acerca de que las ayudas puedan no ejecutarse en lo que resta de mandato, con anterioridad a un ejercicio de 2027 en el que los comicios locales marcarán las agendas en muchos pueblos.

El subdelegado del Gobierno aclaró que este nuevo plan de recuperación también contempla que el Gobierno de España asuma el coste de las exenciones y reducciones de impuestos aprobados para los afectados, de manera que las entidades locales no tengan merma en sus ingresos. «Son exención a los afectados del pago del IBI y del IBI rústico, así como reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas», matizó.