Polémica por el estado de unas VPO en Soliva

Desiré, inquilina desde hace 8 años de la promoción de 98 VPO en el 21 de calle Catedrático Cristóbal Cuevas, en Soliva, tarda 20 minutos en llegar a su cita con La Opinión porque se había quedado encerrada, al estar la puerta de entrada en mal estado. «Además, tengo la vitrocerámica y el horno rotos. Cuando llamo para concertar una cita, me dicen que necesitan un informe técnico de que la vitro y el horno no funcionan», lamenta.

Junto a ella está Alicia, que lleva tres años en este bloque y explica que hay más vecinos con las puertas rotas y electrodomésticos rotos que entran dentro del contrato de alquiler, que no funcionan. En su caso, cuenta que «en plenas fiestas de Navidad, nos han dejado 22 días sin caldera, sin agua caliente; yo tengo una enfermedad reumatológica y mi vecina de enfrente, con un niño de meses».

Alicia enumera más problemas en el bloque: «el termo de gas natural está fuera de normativa, hemos tenido cortes de agua, las placas solares del edificio llevan años sin funcionar, a mí se me ha caído el techo del cuarto de baño dos veces, mi suelo está estropeado y no me lo arreglan, y he tenido que arreglar yo todas las tuberías».

A su lado está Fernando, otro vecino que, como el resto, charla la semana con el periódico en el patio interior, que luce recubierto de verdín. Este inquilino, que explica que también su puerta la tiene rota, detalla que la promoción es de 2009, «y lleva 17 años sin pintar».

De paso, muestra cómo una larga grieta en el suelo ha sido arreglada tapándola con una placa metálica, al tiempo que muestra un muro también agrietado.

Como informó La Opinión, se trata de una promoción en suelo municipal, que el Consistorio subastó en 2006 y ganó la entonces Obra Social La Caixa, hoy gestionada por InmoCaixa.

El año pasado, los vecinos ya acudieron al pleno municipal para denunciar el abandono y pedir al Ayuntamiento que mediara. Entre las críticas que plantearon, criticaron el que el alquiler incluya el pago del IBI.

Para Sergio Blázquez, presidente de la Asociación de Vecinos de Soliva, el arrendador está «aprovechándose de la ley y del desconocimiento de muchos vecinos en temas jurídicos para sacar rédito».

La venta

Pero además, en junio del año pasado, la mitad de la promoción recibió el ofrecimiento de InmoCaixa de comprar los pisos, al haberse cumplido en 2019, el plazo de 10 años para las VPO -el plazo para la otra mitad del bloque es de 25 años-.

InmoCaixa ofreció los pisos, que rondan los 50 m2 por 166.557 euros, con un descuento final de 141.573 euros sin impuestos.; aunque a final de año, informa Alicia, la propiedad volvió a ofrecerlos, esta vez por un precio que rondaba los 100.000 euros, aunque el plazo que dio para aceptar la oferta ya pasó. «Ahora mismo no podemos comprarlos», detalla.

En todo caso, Alicia deja claro que «si nos lo que quieren vender, que nos lo vendan, pero primero que arreglen las cosas; ellos son los arrendadores y no pueden tener esto abandonado».

«No descartamos nada»

La Opinión también ha hablado con Francisco Granados, abogado de algunos de los inquilinos, que señala: «No descartamos nada, demanda, contencioso-administrativo e incluso alguna denuncia penal».

El abogado considera que «no es legal» el cobro del IBI; «en ninguna parte del pliego de condiciones se dice que la empresa adjudicataria pueda cobrarla», argumenta.

También denuncia que hay varias viviendas vacías en la promoción y subraya que, «para vender, necesitan una autorización de la Junta de Andalucía, que además tiene que fijar el precio de venta con carácter previo, y esa autorización no existe».

En este sentido, informó de que el pasado 22 de enero recibió una comunicación de la jefa de servicio de Vivienda, de la Delegación de Vivienda, informándole de que no existe ningún expediente que autorice la venta de la promoción.

Respuesta de InmoCaixa

Fuentes de InmoCaixa señalaron esta semana que las operaciones de compra de los arrendatarios «están en curso» y se han presentado «las instancias correspondientes tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Málaga». Además, detallaron que «se está recopilando la documentación necesaria para obtener los visados y las autorizaciones de venta».

Con respecto a las quejas por falta de mantenimiento, las mismas fuentes responden que InmoCaixa «trabaja en la mejora constante del mantenimiento de la cartera de viviendas en alquiler, para solucionar las incidencias puntuales».

Estos problemas, indicaron, «se analizan caso por caso en cada promoción de viviendas». Por último, señalaron que,«en ocasiones, el problema se origina por el mal uso de las zonas comunes por parte de ciertos arrendatarios».

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