Inacua, entre filtraciones y facturas: Con Málaga exige que el Ayuntamiento “no pague un euro más”

La historia de Inacua vuelve a escribir un capítulo incómodo: un complejo deportivo clave para usuarios y clubes, un rosario de deficiencias, y la sensación —según Con Málaga— de que la concesionaria sigue en pista mientras el Ayuntamiento acaba pagando demasiadas reparaciones. El grupo municipal eleva el tono, habla de “trato de favor” y exige un giro inmediato en la vigilancia y control del contrato. La situación de este complejo de piscinas sigue siendo un punto controvertido. A pesar de que el contrato de concesión demanial establece que las reparaciones y el mantenimiento deben ser costeados por la empresa que lo explota, el Ayuntamiento ha vuelto a asumir el coste de 136.000 euros para reparar filtraciones y humedades, que según denuncian desde la oposición, deberían haber sido costeadas íntegramente por la empresa concesionaria.

Esto no es un caso aislado, sino que representa un patrón de falta de control y de responsabilidad por parte del Consistorio y la empresa encargada de la explotación de las instalaciones, según denuncia Con Málaga. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, ha criticado duramente esta situación y ha alertado sobre un "grave escenario de impunidad y falta de control municipal". En palabras de Morillas, "estamos ante un trato de favor por parte del Ayuntamiento al sufragar con recursos públicos constantes reparaciones estructurales que, según el contrato de concesión demanial, deberían ser costeadas íntegramente por la empresa adjudicataria". Para ella, esta es la muestra clara de que el dinero de los malagueños está siendo utilizado para solventar los problemas de una empresa privada que no cumple con sus compromisos.

Una gestión externa que no cumple con lo prometido

La situación de Inacua se ha complicado desde marzo de 2022, cuando se desplomó parte de la cubierta de la piscina principal, lo que obligó al Consistorio a intervenir de urgencia para sustituir 6.000 metros cuadrados de techo, financiado con fondos de emergencia. Desde ese momento, el complejo ha sufrido múltiples deficiencias estructurales y varios cierres parciales debido a las fugas y problemas con la impermeabilización de las piscinas. Estos problemas han tenido un impacto directo en los usuarios y clubes deportivos que se ven obligados a soportar una infraestructura deteriorada.

Según una auditoría técnica externa encargada por el Ayuntamiento, muchas de estas patologías no eran responsabilidad municipal, sino que apuntaban a un mantenimiento deficiente por parte de la concesionaria. La auditoría, realizada por la firma SGS Tecnos, subraya que las deficiencias encontradas en el complejo no fueron originadas por la gestión pública, sino por la falta de inversiones y reparaciones de la empresa encargada de su explotación.

Prórrogas, nuevas inversiones y fondos buitres

En lugar de sancionar a la empresa o exigir responsabilidades, el Ayuntamiento ha actuado en beneficio de la concesionaria. Morillas denuncia que, a pesar de los graves problemas de mantenimiento, se ha concedido una prórroga del contrato y se han asumido inversiones públicas para reparar los desperfectos estructurales. “Desde el desplome de parte de la cubierta en marzo de 2022, que obligó a sustituir 6.000 metros cuadrados de techo con fondos de urgencia, el complejo ha encadenado cierres y deficiencias estructurales”, ha recordado Morillas.

Además, en el informe presentado por Con Málaga, se menciona que se han destinado más de 1,39 millones de euros para solventar problemas de filtraciones y humedades que la empresa concesionaria no resolvió a tiempo. La empresa concesionaria, Serveo, pertenece a Portobello Capital y Goldman Sachs, y en diciembre de 2025, fue adquirida por Forus, una empresa vinculada a JP Morgan, fondos buitres que se benefician de la explotación de un servicio público, mientras que los gastos de reparación recaen en el presupuesto municipal.

"Privatizan los beneficios y socializan los costes"

“Lejos de exigir responsabilidades, el PP ha respondido beneficiando a la empresa, primero con una prórroga de la concesión y, después, asumiendo inversiones públicas para solventar filtraciones y humedades que la empresa dejó degradar”, ha criticado Morillas. Esta situación, según la portavoz, refleja claramente el modelo que se está implementando en la gestión de Inacua, donde privatizan los beneficios y se socializan los costes.

La portavoz adjunta de Con Málaga remarca que esta dinámica no puede seguir. “Es impresentable que tras dos años de intervenciones las filtraciones persistan y el Ayuntamiento tenga que volver a poner dinero público para arreglar lo que otros no hicieron bien”, ha insistido.

La resolución del contrato y nuevos trabajos a cargo del Ayuntamiento

El último episodio en este complejo proceso ha sido la resolución del contrato de obras con la empresa Servibar 2008 S.L.U., encargada de las reparaciones desde 2024. El motivo: incumplimientos en la ejecución de las reparaciones previstas, lo que ha obligado a la Gerencia Municipal de Urbanismo a asumir directamente obras pendientes valoradas en 136.000 euros. Esta situación ha sido un nuevo golpe para las arcas municipales, que continúan costeando lo que debería ser responsabilidad de la concesionaria.

Exigencias de control y auditoría

Ante esta situación, Con Málaga ha registrado una solicitud formal para exigir reforzar de inmediato el control y vigilancia sobre el contrato de concesión de Inacua. Además, el grupo exige que el Ayuntamiento no pague un euro más por reparaciones que deben cubrir las empresas concesionarias, y ha solicitado un informe detallado de todo el gasto municipal asumido desde 2021, comparado con lo invertido por la empresa.

“No vamos a permitir que el dinero de los malagueños y malagueñas sirva para cubrir la falta de inversión de una empresa privada”, ha afirmado Morillas, que también ha pedido la realización de una auditoría a todas las concesiones privadas de instalaciones deportivas municipales para garantizar que los contratos se cumplan y que no se trasladen costes al erario público.