Vivienda
El PSOE denuncia la "exclusión" de los trabajadores precarios en las VPO de Lagoom Living
Los socialistas denuncian que las condiciones para acceder a estas viviendas protegidas en la zona Universidad son "elitistas" y "desajustadas a la realidad local"

El PSOE critica al Ayuntamiento por descartar de las 62 VPO de Lagoom Living a trabajadores precarios. / PSOE de Málaga

La política de vivienda del Ayuntamiento de Málaga y las condiciones de adjudicación de VPO sigue siendo un tema candente utilizado por los partidos en la oposición. El PSOE ha expresado su preocupación por las "condiciones excluyentes" de las 62 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler, gestionadas por la promotora Lagoom Living en la zona Universidad (parcela R3), un proyecto que ha levantado fuertes críticas por parte de los socialistas. Daniel Pérez, portavoz del grupo municipal, y Carmen Martín, concejala responsable de Vivienda, han calificado estas condiciones como "elitistas" y han asegurado que el modelo de vivienda actual ha sido pervertido por el equipo de gobierno del alcalde Francisco de la Torre.
Según los socialistas, el pliego técnico publicado el pasado miércoles revela que para acceder a estas viviendas, los solicitantes deben tener ingresos anuales superiores a los 25.000 euros, excluyendo de facto a los trabajadores precarios, muchos de los cuales apenas superan el salario mínimo interprofesional. “Estas viviendas no están pensadas para quienes realmente lo necesitan, como los jóvenes o las familias con salarios bajos”, ha señalado Pérez.
Lo que ha sorprendido a los socialistas es que, pese a tratarse de viviendas protegidas, las bases permiten que familias con rentas de hasta 71.000 euros puedan optar a ellas. Este límite es cinco veces superior al salario medio de los malagueños, que según el INE, se sitúa en los 23.000 euros brutos anuales. En este contexto, el PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Málaga da la espalda a quienes más lo necesitan.
Un modelo de vivienda que favorece a las altas rentas
En palabras de Carmen Martín, las bases para acceder a las VPO en la parcela R3 representan un muro insalvable para muchos malagueños, especialmente para los jóvenes menores de 35 años. “Es imposible que los jóvenes que cobran menos de 25.000 euros puedan acceder a una vivienda de uno o dos dormitorios”, añadió la edil. Las viviendas de tres habitaciones, que rondan los 34.600 euros, también estarán disponibles para quienes superen los 71.000 euros de ingresos anuales, lo que agrava aún más la desigualdad en el acceso a estas viviendas.
Además de las restricciones de ingresos, el PSOE ha criticado la privatización del proceso de adjudicación, que está en manos de la promotora privada Lagoom Living. “Este proceso carece de control y transparencia”, alertó Carmen Martín, destacando la falta de supervisión pública en la selección de los adjudicatarios y el peligro que supone ceder la gestión de las VPO a las promotoras sin ningún tipo de regulación. La concejala también ha señalado que el gobierno de la Junta de Andalucía, bajo la dirección de Juanma Moreno, “está contribuyendo a la subida de precios de la vivienda” con los decretos de simplificación de las VPO, que permiten que estas viviendas se ofrezcan a rentas muy altas.
La inacción ante el drama habitacional
Los socialistas también han denunciado la falta de ejecución de fondos para políticas de vivienda en Málaga. Según los socialistas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dejado sin usar cerca de 1.000 millones de euros destinados a políticas habitacionales, una cifra que podría haber aliviado la grave crisis de vivienda en la ciudad. “No basta con anunciar proyectos de viviendas con precios inalcanzables. Lo que se necesita es una verdadera intervención en el mercado de la vivienda”, concluyó Daniel Pérez.
La denuncia del PSOE pone de manifiesto la creciente desigualdad en el acceso a la vivienda en Málaga, donde las políticas de vivienda pública parecen estar cada vez más al servicio de intereses privados y altas rentas. Mientras tanto, los malagueños con ingresos más bajos, especialmente los jóvenes y las familias en situación precaria, siguen siendo excluidos de una política de vivienda que debería ser protector y accesible para todos.
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