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Junta de Andalucía

El Gobierno andaluz declara de interés de la Comunidad Autónoma el plan de mejora del cauce del Guadalmedina

La declaración supone una inversión de un millón de euros para la redacción del proyecto de integración y renaturalización del río

Puente peatonal proyectado sobre el río Guadalmedina

Puente peatonal proyectado sobre el río Guadalmedina / L.O

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El Consejo de Gobierno de al Junta ha acordado declarar de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las actuaciones que contribuirán a minimizar el riesgo de posibles inundaciones en la ciudad de Málaga a través de la adecuación del tramo del río Guadalmedina comprendido entre los puentes de Armiñán y Perchel. Esta declaración supondrá una inversión de un millón de euros a ejecutar por el Ayuntamiento de Málaga para la redacción del proyecto de integración y renaturalización del río.

En el marco de la Ley de Aguas de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla se implica en una intervención que, explican, supone una "mejora sustancial" en la gestión del riesgo de inundaciones en un entorno urbano densamente poblado. Las obras proyectadas por el Ayuntamiento de Málaga pretenden impulsar la transformación del cauce en un corredor verde resiliente, compatible con función hidráulica y alineado con los objetivos de adaptación al cambio climático y de renaturalización de espacios fluviales.

La Junta asegura que el consistorio malagueño tiene previsto optimizar la sección del cauce y mejorar su capacidad de evacuación de caudales rebajando el lecho del río e incorporando dos saltos hidráulicos. Añaden, se busca minimizar los procesos erosivos y garantizar un funcionamiento hidráulico sostenible mediante la ejecución de estructuras que reduzcan la energía cinética y la velocidad del flujo del agua. Para lograr este objetivo han explicado que pondrán en marcha un esquema de gestión de sedimentos y acarreos.

Con esta declaración de interés los de Bonilla pretenden favorecer la coordinación entre administraciones y reducir plazos a raíz de una planificación conjunta de las medidas a llevar a cabo. Además, dicen, "agilizará autorizaciones sectoriales y garantizará una mayor seguridad jurídica", entre otras ventajas. "Se ganará eficiencia en la gestión de los recursos públicos y rapidez y eficacia en la ejecución de las labores", añaden.

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