Educación
La Junta ha activado 733 protocolos por acoso escolar en Málaga en el curso 25/26
Los datos de la Delegación de Educación reflejan un notable incremento en el número de casos abiertos con respecto al curso anterior en la provincia

Los casos de acoso escolar crecen en la provincia de Málaga. | ISTOCK

Los casos de acoso escolar siguen ganando visibilidad y cada vez trascienden más episodios en los centros educativos. La última, una agresión a una menor en un instituto de Málaga a la que sus compañeros arrastraron por las escaleras tras propinarle una paliza, denuncia que ha vuelto a situar el foco sobre un problema que preocupa a familias, docentes e instituciones.
Según los datos de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía durante el curso 2025/26 se ha activado en la provincia de Málaga un total de 733 protocolos por acoso escolar.
De ellos, 162 ya han sido cerrados y, entre estos, siete han terminado confirmándose como casos de acoso, lo que representa el 4,32% de los protocolos finalizados y el 0,95% del total de los registrados.
Incremento de casos en 2025
Los datos reflejan un notable incremento en el número de protocolos abiertos con respecto al curso anterior. En 2024/25 se contabilizaron 574 protocolos en la provincia, de los que 65 concluyeron con la confirmación de casos de acoso escolar.
Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional subrayan que este aumento no implica necesariamente un repunte de los casos confirmados, sino una mayor capacidad de detección y respuesta por parte de los centros. En este sentido, Miguel Briones , el delegado territorial, ha destacado que «este aumento de los protocolos registrados durante el presente curso pone de manifiesto una mayor concienciación sobre este problema por parte de los centros educativos».

Sandra Peña se suicidó tras el acoso que sufría en su colegio. | MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS
Nuevos protocolos de detección de acoso escolar
Asimismo, ha añadido que esta situación «supone una garantía de protección para el alumnado que pueda estar sometido a este tipo de situaciones, y una prueba de la implicación de toda la comunidad educativa en la identificación de episodios de acoso escolar».
El responsable territorial también ha puesto en valor «la gran importancia la labor de formación e información desempeñada desde los servicios de Ordenación y de Inspección de la Delegación Territorial».
En Andalucía, el protocolo de acoso escolar está regulado por la Orden de 20 de junio de 2011, que establece medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y regula, además, el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Nuevas sanciones
La Consejería trabaja ya en una actualización de este protocolo tras las conclusiones extraídas en el Congreso Nacional para la Convivencia en la ‘Era Digital’, celebrado a finales de enero en Córdoba. La reforma se orienta en dos líneas principales.
La primera pasa por adelantar al primer paso del procedimiento la comunicación de cualquier denuncia o posible caso de acoso a la Inspección Educativa. El objetivo es que la alerta se conozca antes y que la inspección pueda intervenir de manera más temprana en el asesoramiento y seguimiento de cada situación.
La segunda modificación se centra en el régimen sancionador de los acosadores. Aunque actualmente ya se contempla el traslado de centro del agresor, esta medida no siempre se aplica y, en muchas ocasiones, termina siendo la víctima la que cambia de colegio o instituto a petición de su familia. La intención de la Consejería es que el traslado del acosador pase a ser la norma y no la excepción.
Medidas
Las sanciones, en cualquier caso, son aplicadas por los propios centros educativos y quedan recogidas en sus respectivos planes de convivencia. Para dar cobertura jurídica a este cambio, será necesario modificar los decretos que regulan los Reglamentos Orgánicos de los centros, donde se recogen las medidas disciplinarias para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, entre ellas el acoso escolar.
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