Aplazan un mes el desahucio de un matrimonio tras 23 años en un piso del IMV en Málaga

Este martes ha tenido lugar el aplazamiento 'in extremis' de un desahucio promovido por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), en un piso del número 26 de la calle Cirilo Salinas, en Hacienda Cabello, en el que, desde hace 23 años, vive el matrimonio formado por Almudena García, de 47 años y Javier Jiménez, de 48, además de un hijo de 24 años y una nieta menor de edad, en régimen de visita.

Ante la inminencia del desahucio, programado para las 9.30 de la mañana, la pareja firmó un documento por el que, el próximo 16 de abril, entregará las llaves al IMV y abandonará su piso "de forma voluntaria y pacífica", reza el escrito.

Apoyo de los vecinos de la pareja

La pareja estuvo arropada por medio centenar de vecinos, con pancartas contrarias al desahucio cuando, a las 8 de la mañana, comenzaron a llegar agentes de la Policía Local y, una hora más tarde, de la Policía Nacional.

En declaraciones a La Opinión y más tarde a los vecinos, desde su balcón, Almudena García mostró su preocupación por el estado de salud de su marido, que tiene brotes esquizofrénicos e intentó suicidarse en 2021, mientras, por la situación actual, contó que había vuelto a mostrar las mismas intenciones.

La particularidad de este desahucio estriba en que se desencadena por las denuncias de la madre de Javier que, según informa la exconcejala Rosa Galindo, del colectivo 'Un techo por derecho', "le adjudicaron la vivienda, estuvo 5 meses viviendo en ella y se marchó porque se compró una propiedad".

Según recalcó Rosa Galindo, "en el momento en que te vas de un piso público, pierdes todo el derecho a él", de ahí que pasara a su hijo Javier, que constaba como "conviviente" en el contrato, apuntó Ana María Abad, presidenta de la Asociación de Vecinos de Hacienda Cabello. Para Rosa Galindo, la reclamación de la madre no tiene validez y calificó de "indecencia", la actitud del Ayuntamiento.

"Mi niño va a cumplir 25 años y entró en la casa con dos", explicaba Almudena García a La Opinión, una hora antes de saber si se materializaría el desahucio. Además, como detalló, en 2012, por consejo de un abogado, el matrimonio dejó de pagar el recibo del IMV, dado que seguía constando a nombre de la madre de Javier. En opinión de Rosa Galindo, se trató de un "muy mal consejo del abogado", que se podría solucionar con un plan de pago con el IMV; y recordó que la familia "lleva 23 años aquí, están empadronados los dos y con mucho arraigo vecinal".

Imposibilidad de encontrar un piso

La vecina lamentó que el IMV haya sido inmune a los "miles de escritos" que ha presentado, con la intención de buscar una solución y actualizar los pagos atrasados. Como recalcó, lo único que ha recibido del Ayuntamiento ha sido el ofrecimiento de una ayuda para el alquiler, "pero con eso no encuentro piso por ningún lado".

De hecho, subrayó que ni siquiera ha podido alquilar un trastero, por lo que buena parte de sus pertenencias personales, el carrito de su nieta y hasta un loro los tuvo que repartir entre sus vecinas del bloque.

Dos de sus vecinas, Toñi y Mari Carmen, montaban esta mañana guardia en el portal del bloque y calificaban la situación de "injusta", al tiempo que mostraban su preocupación por el estado de salud de Javier.

También acudieron a respaldar a la familia la exconcejala Ysabel Torralbo y los actuales concejales del grupo Con Málaga Nico Sgiglia y Toni Morillas. En declaraciones a este diario, Toni Morillas hizo hincapié en que "el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda y no puede ser que se convierta en el casero que desahucia". A este respecto, incidió en la obligación del Consistorio "de dar soluciones a la familia de Almudena, que lleva 23 años aquí, y no estamos dispuestos a que una persona con una menor corra el riesgo de quedarse en la calle por una irresponsabilidad de IMV".

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, declaró este martes que la titular del piso es la madre de Javier, de 66 años, quien denunció ante el IMV "que su hijo no le deja entrar en la casa, y vive en una habitación con otro hijo y respectivo hermano". Francisco Pomares remarcó que el matrimonio no es el titular de la vivienda, y desde 2012 no pagan el alquiler, que en la actualidad es de 230 euros "pudiendo hacerlo, y la titular pagándose una habitación, por lo que el juez lo ha tenido claro".

Al ser preguntado sobre de si la madre puede seguir siendo titular tras solo ocupar el piso unos meses y marcharse de él por espacio de 23 años, el concejal dijo que no le tocaba juzgar "lo que pase en las relaciones de una familia. Lo que sí es cierto es que el actual ocupante no es el titular, y la titular denuncia que no la dejan entrar en el domicilio".

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