La familia de García Caparrós recibirá una indemnización: el Gobierno aprueba volver a modificar la Ley de Memoria Democrática

El Gobierno ha aceptado la petición de indemnización a García Caparrós por la represión tardofranquista. La familia del sindicalista malagueño asesinado en la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977 lleva años pidiendo una modificación de la ley para que sea reconocido cómo víctima de terrorismo, pero aún no lo han conseguido. El Estado ha planteado otra alternativa: volver a modificar la Ley de Memoria Democrática. La moción ha salido adelante con 173 y 170 en contra. Junts se ha abstenido y PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) la han rechazado.

Según explicó a finales del febrero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el sindicalista no podía ser reconocido como víctima del terrorismo porque su caso no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo que reconoce a "cualquier víctima de un grupo que intenta poner en tela de juicio los valores democráticos", como un grupo de terrorismo armado. La alternativa que propuso Marlaska a finales de febrero fue modificar la Ley de Memoria Democrática para considerarlo víctima de la represión tardofranquista.

El ejecutivo está estudiando ya medio centenar de peticiones para que se indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978. Ya se ha dado luz verde a una quincena de ellas, entre ellas la del sindicalista Manuel José García Caparrós.

Así lo ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Pleno del Congreso durante el debate de convalidación del decreto ley que, además, ampliará el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución. El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15.

Otras víctimas del franquismo

También se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda "por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga", y a Amador Rey, que en marzo de 1972 dejó viuda y tres hijos cuando, junto a su compañero Daniel, fue asesinado por la actuación de la policía franquista durante una huelga en Ferrol (Coruña).

Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los "culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación", y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javi Núñez Fernández que, al "volver de misa con su hija de tres años", se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. "Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital", ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.