Vivienda
La Junta niega que tuviera que autorizar la venta de VPO de Inmocaixa en Soliva
La Delegación de Vivienda avala que Inmocaixa ofreciera a la venta las VPO sin su permiso. El abogado de los inquilinos pide a la Junta un informe jurídico

Vista de las VPO de calle Catedrático Cristóbal Cuevas en Soliva. / A.V.
La Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía ha avalado que InmoCaixa, que gestiona una promoción de 98 VPO en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, 22, en Soliva, construida sobre un solar municipal, ofreciera en junio de 2025, a la mitad de los inquilinos, la posibilidad de comprar los pisos.
Como informó La Opinión, InmoCaixa ofreció los pisos, que rondan los 50 m2 por 16.157 euros, con un descuento final de 141.573 sin impuestos; y a final de 2025 volvió a ofrecerlos, esta vez por unos 100.000 euros.

Un grupo de inquilinos y el presidente vecinal de Soliva, en el patio con verdín de la promoción de VPO de Soliva, en febrero. / A.V.
El pasado 27 de febrero, al día siguiente de la publicación de la noticia en este diario, que recogía las quejas vecinales por el mal estado de la promoción y el temor por su futuro, el Ayuntamiento de Málaga anunció que ejercería el derecho de tanteo y retracto para que 75 de la 98 VPO se incorporaran al Instituto Municipal de la Vivienda.
Fuentes de la administración autonómica han informado a este diario que la Delegación territorial de Vivienda en Málaga «no tiene que dar una autorización general previa para la venta a particulares de esas viviendas».
A este respecto, las mismas fuentes argumentaron que «no hay un procedimiento establecido por ley». En este sentido, precisaron que las competencias de la delegación se circunscriben a «el visado de cada contrato de compraventa de una VPO».

El vallado de la promoción de VPO de Soliva, en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, está incompleto y hay un tramo de valla provisional oxidada y con alguna parte rota, denuncian los vecinos. / A.V.
Por su parte, como ya informó este diario, fuentes de Inmocaixa respondieron el pasado febrero que se habían presentado «las instancias correspondientes tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Málaga». Además, detallaron que estaban «recopilando la documentación necesaria para obtener los visados y las autorizaciones de venta».
Respuesta de la defensa
Por otro lado, el abogado de algunos de los inquilinos de Soliva, Francisco Granados, ha trasladado a La Opinión que, la semana pasada, pidió en un escrito a la Delegación de Vivienda un informe de los servicios jurídicos de la consejería.
En concreto, Granados reclama que la Junta argumente por qué no aplicó «con carácter previo», el artículo 60.1 de la Orden de 27/6/2007, que establece para las viviendas protegidas en alquiler de renta básica, que los promotores podrán ofrecer en venta hasta el 50 por ciento de las viviendas «previa autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes», ahora Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Aspecto exterior de la promoción de VPO de la calle Catedrático Crístobal Cuevas, 22, en Soliva. / A.V.
En la misma línea, pregunta por qué se incumplieron, de esa misma Orden de junio de 2007, dos apartados (98.1 y 98.2) del artículo que regula el derecho de tanteo y retracto. En su opinión, «se ha faltado a la debida tramitación».
Como ya expresó a este diario el pasado mes de febrero, Francisco Granados cree que Inmocaixa «para vender, necesitan una autorización de la Junta, que además tiene que fijar el precio de venta con carácter previo y esa autorización no existe».
El abogado, que también consideró ilegal que Inmocaixa incluyera el cobro del IBI en el contrato de alquiler de Soliva, manifestó entonces que no descartaba «nada, demanda, contencioso-administrativo e incluso alguna denuncia penal».
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