El Consejo Social de Málaga sitúa la vivienda en el centro con un decálogo de choque contra la crisis habitacional

La asamblea ordinaria del Consejo Social de Málaga celebrada este martes en el Ayuntamiento deja una conclusión por encima del resto: la crisis de la vivienda ya no admite diagnósticos tibios. El órgano de participación de la ciudad ha puesto el foco en un decálogo de medidas acordado en la Mesa de Trabajo de Vivienda, una hoja de ruta que reclama desde un pacto de Estado hasta más VPO, pasando por límites a las Viviendas de Uso Turístico (VUT), menos burocracia y mejores conexiones de transporte.

La sesión, presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, se ha celebrado en el Salón de Plenos. En ella estaba prevista la aprobación de la memoria de 2025 de este órgano, en el que están representados los grupos municipales del Ayuntamiento —PP, PSOE, Vox y Con Málaga—, además de instituciones, entidades y personas de reconocido prestigio de la ciudad. También se han presentado nuevos miembros en sustitución de representantes de distintas entidades, entre ellas la Confederación de Empresarios de Málaga, el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y UGT.

La vivienda se come el debate

Pero, más allá del orden del día, el debate de fondo ha sido otro. La vivienda se ha convertido en la cuestión que atraviesa a Málaga de parte a parte: golpea a jóvenes, expulsa a familias del mercado, tensiona el alquiler y reordena la ciudad a golpe de precio. Y ahí es donde el Consejo Social ha querido fijar posición con un documento que resume diez prioridades para abordar una situación que sus integrantes consideran ya estructural.

La primera es clara: un pacto de Estado por la vivienda. El diagnóstico que comparten las entidades es que el problema no se resuelve con parches, ni con anuncios de corto recorrido, ni con una guerra política de legislatura en legislatura. Lo que se reclama es una alianza sostenida entre administraciones, sector privado y banca bajo un plan concertado a largo plazo.

Más VPO y suelo público blindado

La segunda gran línea de actuación apunta a la ampliación del parque público de vivienda. El consenso, según el informe presentado, es total: Málaga necesita más VPO, tanto en venta como en alquiler, y necesita además fijarse metas concretas para que el parque social alcance entre un 9,3% y un 15%.

Junto a ello, el documento reclama el blindaje del suelo público para vivienda asequible. La idea es nítida: que el patrimonio público de suelo se destine de forma exclusiva a la promoción de VPO y que se supere la subasta como único método de adjudicación, de manera que se favorezca el alquiler social frente a la lógica puramente recaudatoria.

Freno a las VUT y rehabilitación urbana

Otro de los puntos más sensibles del decálogo entra de lleno en uno de los debates más encendidos en Málaga: la expansión de las Viviendas de Uso Turístico. La mayoría de entidades coincide en que su crecimiento descontrolado está reduciendo la oferta residencial y agravando la presión sobre los precios. Por eso se plantean medidas como moratorias de licencias, límites en barrios saturados y una fiscalidad más estricta que acerque este tipo de alojamiento al régimen de los hoteles.

El documento también insiste en el impulso a la rehabilitación y la regeneración urbana. La lectura es sencilla: no todo pasa por construir más y más lejos. También hay margen para ampliar la oferta residencial a través de la mejora del parque existente y de la transformación de edificios antiguos con ayudas estables y criterios claros.

Menos burocracia, más seguridad para el alquiler

Si hay una queja transversal, esa es la de la lentitud administrativa. La Mesa de Vivienda plantea una drástica agilización burocrática ante tiempos de tramitación que, según se expone, pueden prolongarse hasta 15 años para disponer de suelo finalista. La receta pasa por crear “oficinas aceleradoras”, unificar normativas e implantar fórmulas como la declaración responsable cualificada.

A eso se suma una batería de incentivos fiscales para fomentar la oferta. Las entidades apuntan a una carga impositiva que puede alcanzar el 25% del precio final y proponen medidas como la exención del IVA en VPO o rebajas en impuestos que gravan la vivienda.

El decálogo también pone el acento en la seguridad jurídica para el alquiler. El argumento es que muchos propietarios optan por retirar viviendas del mercado ante el temor a impagos o a procesos largos y costosos. De ahí que se reclame un marco legal estable, ayudas públicas y mecanismos más rápidos para resolver conflictos, con el objetivo de generar confianza sin desproteger a los inquilinos.

Mano de obra, metro y periferia

La crisis habitacional no se aborda solo desde el urbanismo. También desde el empleo y la capacidad real de construir y rehabilitar. Varias entidades advierten de la falta de profesionales en el sector y plantean reforzar la FP Dual y otros itinerarios de formación de mano de obra cualificada para adaptarse a los nuevos requerimientos técnicos.

El cierre del decálogo mira al mapa de la ciudad y su área de influencia. La mejora de las infraestructuras y del transporte colectivo aparece como una condición necesaria para facilitar el acceso a la vivienda en la periferia. Entre las propuestas figuran aparcamientos disuasorios, la ampliación del metro y una mejor conexión del transporte público con áreas productivas y municipios cercanos.

Hoja de ruta para Málaga hasta 2030

La asamblea también ha servido para seguir la labor de otras mesas de trabajo. La de Empleo y Desarrollo Económico y Social viene perfilando propuestas con horizonte 2030 en torno a diez ejes prioritarios, entre ellos una gobernanza metropolitana real, el desarrollo del Tren Litoral, la ampliación de la red de metro, una estrategia de vivienda asequible, la reutilización y gestión del agua, la conexión entre formación y mercado laboral, y una Ventanilla Única de Inversiones para agilizar proyectos.

En paralelo, la Mesa de Bienestar Social, Educación y Participación ha abordado su informe final sobre medidas para aumentar la presencia de la mujer en el ámbito tecnológico y fomentar las disciplinas STEM, con propuestas que van desde la ampliación de la oferta formativa hasta redes de embajadoras y mentorías, pasando por actividades tempranas para despertar vocaciones.

En cuanto a la Mesa de Sanidad, tras el informe ya presentado sobre atención primaria, se ha comenzado a trabajar en un nuevo documento relativo a la atención hospitalaria.