Urbanismo, otra vez bajo sospecha: Con Málaga pide depurar responsabilidades por 12.823 procedimientos atascados

La Gerencia de Urbanismo de Málaga vuelve al centro de la tormenta. Ocho años después del escándalo de los expedientes urbanísticos que ya sacudió al Ayuntamiento, según destapó La Opinión de Málaga, el grupo municipal de izquierdas Con Málaga denuncia ahora un atasco aún mayor: 12.823 procedimientos bloqueados, la mayoría sin pasar siquiera de la fase preliminar. La cifra reabre una vieja herida en la política municipal y coloca de nuevo bajo foco el funcionamiento de Disciplina Urbanística. Es una cifra que golpea de lleno al Ayuntamiento, que ya estuvo obligado a abrir una investigación en 2018, por lo que la crisis de la GUM volvería a escalar.

Estos 12.823 procedimientos están relacionados con infracciones urbanísticas, según Con Málaga, que ha exigido la creación inmediata de una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento para aclarar qué está ocurriendo y depurar posibles responsabilidades. La portavoz adjunta de la coalición, Toni Morillas, sostiene que el volumen de asuntos atascados refleja un sistema “absolutamente colapsado” y vincula esta situación con la falta de medios y con un modelo de gestión que, a su juicio, ha dejado sin respuesta miles de posibles incumplimientos de la legalidad urbanística en la ciudad.

Un atasco mayor que el de 2018

La denuncia adquiere un peso político añadido por un antecedente todavía muy presente en la vida municipal. En 2018, el Ayuntamiento ya tuvo que poner en marcha una comisión de investigación por el atasco de unos 7.000 expedientes urbanísticos, un episodio que La Opinión de Málaga adelantó entonces y que sacó a la luz la caducidad y el archivo de numerosos casos sin apenas tramitación.

Ahora, según los datos manejados por Con Málaga, aportados por la propia Gerencia, la bolsa de asuntos pendientes no solo persiste, sino que casi se ha duplicado. La formación precisa que esos 12.823 procedimientos se corresponden con 9.711 expedientes, y asegura que el dato dibuja una situación todavía más grave que la detectada hace ocho años.

Morillas subraya que la mayor parte del atasco ni siquiera ha llegado a una fase avanzada de tramitación. Siempre según la información trasladada por su grupo, 8.700 procedimientos, en torno al 70%, continúan en fases preliminares. Además, solo 1.140 habrían alcanzado fases de ejecución material o demolición y 618 estarían en incoación sancionadora, mientras que apenas alrededor de un centenar se vincularía a multas o ejecución económica.

Comisión de Investigación y depuración de responsabilidades

La coalición eleva el tono y reclama que el Ayuntamiento active una nueva Comisión de Investigación. El objetivo, según Morillas, debe ser aclarar por qué miles de procedimientos siguen sin resolverse y si detrás de esa parálisis hay únicamente una falta de personal y medios o si, además, hubo decisiones políticas que contribuyeron a dejar morir expedientes.

Ese es, precisamente, uno de los puntos más delicados del discurso de Con Málaga. La portavoz adjunta enlaza la situación actual con lo que ya salió a la luz en 2018, cuando desde el propio servicio jurídico de Disciplina Urbanística se alertó de presuntas prácticas que favorecían la caducidad de expedientes por falta de firma o de impulso político. La formación entiende que, si el problema persiste en 2026 con dimensiones mayores, el Ayuntamiento no puede limitarse a mirar hacia otro lado.

Falta de inspectores y servicio bajo mínimos

Junto a la exigencia de responsabilidades políticas, Con Málaga pone el foco en la estructura del servicio. Morillas denuncia que la inspección urbanística solo cuenta con tres inspectores, una cifra que, a su juicio, resulta claramente insuficiente para una ciudad del tamaño de Málaga y para el volumen de trabajo acumulado en la Gerencia de Urbanismo.

La crítica no se queda ahí. La formación considera que el atasco evidencia una combinación de déficit de recursos humanos y materiales y una falta de prioridad política a la hora de hacer cumplir la legalidad urbanística. En ese marco, reclama no solo una investigación institucional, sino también una intervención urgente para reforzar el área encargada de tramitar las infracciones.

El precedente que vuelve a perseguir al Ayuntamiento

El caso reaviva, además, uno de los episodios más incómodos de la etapa reciente de Urbanismo en Málaga. La documentación conocida en 2018 reflejaba que entre 2006 y 2011 habían caducado o sido archivados sin apenas movimiento más de un millar de expedientes en los que constaba una presunta infracción urbanística. Entre ellos figuraban actuaciones por obras sin licencia, trabajos no ajustados al permiso concedido, movimientos de tierra sin autorización o intervenciones en zonas verdes.

Aquel material también reveló una actuación especialmente intensa sobre los comercios del Centro Histórico en 2015, con cientos de expedientes por rótulos y elementos publicitarios en fachadas, mientras otros procedimientos de mayor calado quedaban sin recorrido administrativo. Esa doble vara de medir fue ya entonces uno de los elementos más criticados del funcionamiento interno de la Gerencia.

Un nuevo frente político en el Ayuntamiento

La denuncia de Toni Morillas abre un nuevo frente en la política municipal y amenaza con devolver a Urbanismo al epicentro del debate público. La oposición quiere convertir el atasco de los procedimientos en un asunto mayor, con lectura política y administrativa, y obligar al equipo de gobierno a explicar si la ciudad arrastra desde hace años un problema estructural en el control de las infracciones urbanísticas.

El mensaje de Con Málaga es claro: no basta con reconocer retrasos. La formación reclama una investigación a fondo y un refuerzo inmediato de Disciplina Urbanística para evitar que Málaga funcione, en palabras de Morillas, como una “ciudad sin ley” en materia urbanística.