El retraso en la orden de cotizaciones obliga a las asesorías de Málaga a rehacer nóminas de trabajadores "en tiempo récord"

El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla ha criticado la publicación "tardía" por parte del Gobierno de la Orden de Cotización 2026 a la Seguridad Social, algo que a su juicio está generando un "grave impacto operativo" en autónomos, pymes y despachos profesionales, ya que obliga a rehacer nóminas y cotizaciones "en tiempo récord". El Ejecutivo emitió la orden en el BOE el pasado 31 de marzo (en plena Semana Santa) y con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

"Durante todo el primer trimestre del año se han calculado nóminas y cotizaciones sin conocer las bases definitivas, lo que obliga ahora a rehacer liquidaciones ya cerradas en apenas unos días. Hasta hace unos años, esa orden se publicaba en el mes de diciembre, algo lógico porque permitía empezar el año sabiendo ya las bases", ha lamentado el presidente del Colegio de Málaga y de Andalucía, Eduardo Ruiz Vegas, que también preside desde hace unos meses el Consejo Andaluz de Graduados Sociales.

Según Ruiz Vegas, esta medida afecta al cálculo de nóminas de los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -en Málaga son unos 80.000- como es el caso de las empleadas del servicio doméstico, que no están adscritas a convenio colectivo y se rigen directamente por el Estatuto de los Trabajadores.

"Incertidumbre" entre empresas y trabajadores

Los colegiados señalan que aunque la Administración ha anunciado que regularizará de oficio las cotizaciones de enero y febrero, ha dejado fuera el mes de marzo, lo que concentra en abril una "elevada carga de trabajo adicional" justo en un momento de máximas obligaciones fiscales y laborales coincidiendo con las liquidaciones trimestrales.

"Esta situación incrementa el riesgo de errores, genera sobrecostes administrativos y provoca incertidumbre tanto para empresas como para trabajadores", apunta el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, que denuncia un "retraso inadmisible" que se ha convertido en «una práctica recurrente que deteriora la seguridad jurídica".

El colectivo reclama así que la regularización automática se extienda también a marzo y que las normas de cotización se publiquen con antelación suficiente al inicio del año natural de cada ejercicio.

«La reiteración de estos retrasos impide una correcta planificación, traslada la carga administrativa a pymes y asesorías y mina la confianza en el sistema», afirman los graduados sociales, que exigen soluciones para poner fin a una situación que consideran "insostenible", dado que la mayor carga de trabajo en este campo se soporta en el colectivo especializado en las relaciones laborales.

«Deterioro de la confianza»

Ruiz Vegas, desde Málaga, secunda tal reclamación y pone el foco en el «deterioro de la confianza» en las relaciones de colaboración con la Administración. «El colectivo de graduados sociales reiteradamente se ve sorprendido y sobrecargado de asuntos que deben soportar por fidelidad a sus clientes, solventando las necesidades de las empresas y autónomos que, al final, son los destinatarios de las gestiones que todas estas circunstancias obligan», afirmó.

Por ello, Ruiz Vegas solicita a las administraciones laborales y de Seguridad Social que se les tenga «más en consideración» y que se puedan en el futuro «coordinar acciones que ante situaciones de este tipo puedan suavizar su impacto social».