Carmen Casero niega el "tapón" urbanístico en Málaga y reta a la oposición a ir a los tribunales

La batalla por la gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga sube de tono. Dos días después de que Con Málaga denunciara más de 12.000 procedimientos urbanísticos bloqueados, la concejala responsable, Carmen Casero, ha salido este mismo viernes al paso con una respuesta frontal: niega que exista un “tapón” en los expedientes, acusa a la coalición de hacer una lectura “torticera” de los datos y reta a Toni Morillas a acudir a los tribunales si sospecha que se ha paralizado algún caso de forma intencionada.

La crisis abierta en torno a los expedientes urbanísticos de Málaga ha entrado en una nueva fase después de que la edil haya comparecido para responder a la denuncia lanzada por el grupo municipa de la oposición, que había alertado de un atasco de 12.823 procedimientos bloqueados, la mayoría sin pasar siquiera de la fase preliminar (en torno al 70%,).

La edil del PP ha rechazado de plano ese relato y ha endurecido el tono político hasta convertir la respuesta en un reto directo a la oposición. “Es rigurosamente falso, es mentira”, ha afirmado sobre la idea de que el equipo de Gobierno esté paralizando expedientes de forma deliberada. Y ha ido más allá: “Si tiene la más mínima duda de que en alguno de esos expedientes ha habido algún tipo de indicación, instrucción u orden para que se paralice un expediente, que vaya a un juzgado y ponga una denuncia”.

Un procedimiento “complejo” y con hasta ocho hitos

Casero ha querido desmontar la denuncia de bloqueo en Urbanismo explicando paso a paso cómo se tramita un expediente de infracción urbanística. Según ha detallado, todo arranca con una inspección de oficio o con una denuncia de un particular o de la Policía Local. A partir de ahí, hay que comprobar los hechos, elaborar informes técnicos y jurídicos, incoar expedientes de paralización de obra o restablecimiento de la legalidad, notificar a los interesados, abrir plazos de alegaciones, resolver recursos y, en su caso, tramitar sanciones.

La concejala ha insistido en que no se trata de expedientes simples ni de resoluciones automáticas. “Todos y cada uno de los expedientes que se abren tienen más de un asunto”, ha subrayado. En ese itinerario, además, puede abrirse un expediente sancionador paralelo con “hasta 12 multas coercitivas”, lo que alarga la tramitación y multiplica los pasos administrativos.

Su tesis es que la fotografía ofrecida por Con Málaga no refleja un atasco político ni una inacción del Ayuntamiento, sino la propia complejidad legal de los procedimientos. “No siguen abiertos por una inacción del equipo de Gobierno. Todos y cada uno de ellos tienen un procedimiento, están en un punto y tienen una causa por la que siguen abiertos”, ha defendido.

Los números de Casero frente a la denuncia de Con Málaga

La responsable municipal ha puesto sobre la mesa los datos con los que intenta neutralizar la acusación de colapso. Según ha explicado, desde que existe este servicio en Urbanismo se han tramitado 48.365 expedientes de infracciones, de los que el 74% están resueltos.

Además, ha precisado que desde el inicio del actual mandato, en 2023, se han abierto 2.132 expedientes, de los cuales 724 ya están resueltos. A partir de ahí, Casero sostiene que hablar de un tapón administrativo es una interpretación interesada de unas cifras que deben leerse con más detalle.

La edil ha recalcado que dentro de los expedientes abiertos existen cerca de 9.000 asuntos pendientes de distintos hitos administrativos, por lo que, a su juicio, es erróneo identificar cada expediente como si se tratara de un único trámite pendiente de firma. “Es que esos 12.000 expedientes aglutinan distintos pasos de todo este procedimiento que tiene ocho hitos administrativos hasta que se resuelve”, ha explicado.

Dureza contra Morillas y defensa de los técnicos

Uno de los momentos más duros de la comparecencia ha llegado cuando Casero ha acusado a Toni Morillas de sembrar sospechas infundadas sobre el funcionamiento interno de la Gerencia de Urbanismo y, especialmente, sobre sus trabajadores.

“Este tipo de denuncia son una auténtica calumnia”, ha afirmado, para añadir que esas acusaciones no solo afectan al equipo de gobierno, sino también “a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo que velan cada día por cumplir rigurosa y estrictamente la legalidad”.

Casero ha repetido varias veces que no permitirá que se ponga bajo sospecha ni a los responsables políticos ni a los funcionarios del área. “No voy a permitir que se hagan acusaciones sobre el equipo de gobierno ni sobre ningún técnico de la Gerencia de Urbanismo”, ha remachado.

Inspección urbanística y falta de personal

Otro de los frentes abiertos en este pulso político es el de los medios disponibles para perseguir las infracciones urbanísticas en Málaga. Frente a la denuncia de que el servicio está bajo mínimos, Casero ha respondido que el departamento de licencias cuenta con 88 técnicos y que 19 personas están adscritas al servicio de disciplina urbanística e infracciones.

Eso sí, ha evitado concretar cuántos de ellos son inspectores en sentido estricto, pese a que fue preguntada expresamente por ese dato en varias ocasiones. Su respuesta fue cerrada: “19 personas en el servicio, porque todos y cada uno de ellos intervienen en el procedimiento”.

La concejala también ha negado que la actividad inspectora sea inexistente. Como prueba, ha señalado que solo en 2024 se abrieron “casi 600 expedientes de infracciones”, una cifra que, según dijo, mejora claramente el mejor dato de 2017, cuando se registraron 258.

Sin “tapón”, pero con expedientes abiertos desde hace décadas

La comparecencia no ha despejado del todo la gran pregunta de fondo: ¿cómo encajar que haya procedimientos abiertos desde hace décadas con la afirmación municipal de que no existe atasco?

Preguntada por expedientes pendientes incluso desde los años 80, Casero ha insistido en que cada uno tiene una casuística distinta y que algunos pueden seguir vivos porque están judicializados o porque continúan recorriendo fases del procedimiento. “Hay procedimientos que están judicializados y por eso siguen abiertos. La casuística es muy variada”, ha dicho.

A partir de ahí, ha rechazado que la mera antigüedad de algunos expedientes demuestre por sí sola una parálisis estructural. “Establecer que ese número de expedientes es un tapón falso, absolutamente falso”, ha resumido.

El precedente de 2018 vuelve al debate

La respuesta de Casero llega después de que Con Málaga reabriera esta semana una herida antigua en la política municipal. La coalición había denunciado que la Gerencia de Urbanismo de Málaga arrastra 12.823 procedimientos, equivalentes a 9.711 expedientes, relacionados con infracciones urbanísticas, y que una gran parte de ellos ni siquiera habría superado fases preliminares.

La denuncia ha devuelto al primer plano el recuerdo de la crisis de 2018, cuando el Ayuntamiento ya se vio obligado a abrir una investigación por el atasco de miles de expedientes urbanísticos. Ese precedente es el que da ahora mayor carga política al nuevo choque entre el PP y la oposición.

Un frente político que sigue abierto

Lejos de cerrarse, el conflicto queda ahora más encendido inmerso en un cruce de versiones sobre el estado real de la disciplina urbanística en la capital. Con Málaga había reclamado una comisión de investigación para aclarar si detrás del volumen de expedientes pendientes hay solo falta de medios o también decisiones políticas. Casero, por su parte, se aferra a que los datos desmienten cualquier maniobra deliberada y a que el problema real no es un bloqueo, sino la complejidad de unos procedimientos muy garantistas.