La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga

Almudena García, que permanece desde el pasado martes, 7 de abril, a las puertas del Ayuntamiento en señal de protesta por el desahucio de una vivienda protegida en alquiler de titularidad municipal situada en Hacienda Cabello, ha rechazado acudir este martes a la Oficina del Derecho a la Vivienda.

La protesta de García está motivada por la situación de la vivienda en la que reside su familia, un inmueble municipal cuya adjudicataria es su suegra. Desde el inicio de su acción ante el Ayuntamiento, Almudena García mantiene su reclamación vinculada al desahucio previsto sobre esa vivienda protegida, en un caso que ha puesto el foco en su situación habitacional.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, los técnicos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), responsables de la gestión de la Oficina del Derecho a la Vivienda, se han puesto en contacto en la mañana de este martes con García. El objetivo de esa llamada era concertar una cita y trasladarle una solución habitacional que los servicios técnicos habían estudiado para ella y su familia.

Pese a ese ofrecimiento, Almudena García ha optado por no acudir a la cita planteada por la Oficina del Derecho a la Vivienda.

La intervención del IMV se ha producido a través de los técnicos encargados específicamente de la gestión de esta oficina municipal, que habían preparado una alternativa residencial para García y los suyos. Sin embargo, por el momento, esa posibilidad no ha prosperado al haber rechazado la afectada acudir a la reunión prevista para abordar la propuesta, informa el Consistorio.

Desahucio para el 16 de abril

Almudena ha manifestado que el desahucio previsto para el 16 de abril deja en la calle a toda su familia, ya que, según denuncia, el IMV solo le ofrece una noche de albergue y la búsqueda por su cuenta de un alquiler social que no encuentra.

La mujer subraya además la situación de vulnerabilidad de su marido, diagnosticado de esquizofrenia, y advierte de que el desahucio también afectaría a su hijo de 24 años y a la convivencia con su nieta de 21 meses. Defiende que llevan 23 años viviendo en ese piso y sostiene que firmaron la conformidad para abandonar la vivienda “bajo coacción”, además de negar la versión oficial sobre la titularidad y los impagos.

También rechaza que la suegra, madre de Javier, haya sido la verdadera residente del inmueble, y afirma que solo estuvo allí unos meses en 2021. Con el apoyo de vecinos y colectivos sociales, la pareja mantiene la protesta ante el Ayuntamiento.

La versión de la suegra

Remedios, madre de Javier, asegura estar destrozada por ver a su hijo y a su nuera acampados ante el Ayuntamiento para intentar frenar el desahucio previsto para el 16 de abril. Sin embargo, ofrece una versión distinta a la de la pareja: explica que la vivienda municipal de Hacienda Cabello está a su nombre, que Javier se instaló allí hace años y que la deuda acumulada por impago asciende a 38.000 euros.

Según cuenta, en 2021 ella tuvo que mudarse al piso tras perder su casa, pero solo permaneció cinco meses porque, afirma, su hijo la echó. Desde entonces vive alquilada en una habitación junto a otro de sus hijos. Además, sostiene que Javier le hacía creer que el alquiler se estaba pagando y que intentó asumir la deuda mediante un plan de pagos, aunque el IMV le exigió abonar la cantidad completa. Remedios niega haber denunciado a su hijo y lamenta no haber sido informada de su enfermedad mental.