La ZBE de Málaga dispara 11.712 denuncias y abre otra batalla política por las multas

Velocidad de crucero en la Zona de Bajas Emisiones en Málaga, que entró en vigor en diciembre de 2025. La batalla política por la ZBE sube de nivel. Con Málaga ha reclamado este jueves una moratoria en el régimen sancionador después de revelar un dato que eleva la presión sobre el equipo de gobierno del PP: la Policía Local ha remitido a Gestrisam 11.712 denuncias vinculadas a infracciones de la ZBE en apenas dos meses, según ha informado en rueda de prensa la portavoz adjunta, Toni Morillas.

Según la respuesta policial recabada por el grupo municipal, fueron 6.213 denuncias del 1 al 28 de diciembre de 2025 y otras 5.499 entre el 29 de diciembre y el 1 de febrero de 2026. La propia Policía precisa, además, que su papel es denunciar y proponer, mientras que corresponde a Gestrisam la iniciación del procedimiento sancionador y, en su caso, la imposición definitiva de la multa.

La ofensiva política de la coalición de izquierdas llega en un momento especialmente sensible. La actual Ordenanza de Movilidad entró en vigor el 30 de noviembre de 2024, y el 30 de noviembre de 2025 arrancó su segundo año de vigencia, que ya restringe el acceso y la circulación en la ZBE a los vehículos sin etiqueta ambiental que no estuvieran domiciliados en Málaga antes de la entrada en vigor de la norma. El ámbito afectado, según la información municipal, abarca 437 hectáreas del área central.

Morillas ha utilizado ese dato como ariete político en una rueda de prensa junto a CCOO. “La Policía Local ha remitido a Gestrisam 11.712 denuncias relativas a infracciones vinculadas a la zona de bajas emisiones”, ha subrayado, antes de acusar al equipo de gobierno de estar “más preocupado por el régimen sancionador, más preocupado por el afán recaudatorio, más que por la movilidad sostenible en la ciudad”.

Morillas sostiene que el Ayuntamiento ha invertido el orden lógico de cualquier política seria de movilidad: primero han llegado las multas y después, o ni siquiera eso, las soluciones. A su juicio, la ZBE malagueña “adolece de toda una serie de medidas en materia de movilidad sostenible que no se han puesto en marcha” y está provocando “un grave perjuicio, incluso situaciones discriminatorias a determinados colectivos sociales”.

El mensaje político de fondo es claro: no cuestiona en abstracto la existencia de una ZBE, sino su implantación en Málaga. “No puede ser que se ponga en marcha antes el régimen sancionador y que se persiga a los ciudadanos que acceden a la zona de bajas emisiones imponiéndoles multas”, denunció.

Moratoria, más transporte y aparcamientos disuasorios

La moción que Con Málaga llevará a la Comisión de Pleno de Urbanismo, Movilidad y Seguridad del próximo lunes plantea modificar la ordenanza y suspender temporalmente las sanciones hasta que existan las condiciones mínimas para que la norma pueda cumplirse sin castigar de forma desproporcionada a miles de conductores.

El texto reclama una moratoria del régimen sancionador hasta que se ejecuten las más de 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios comprometidas, se refuerce de manera suficiente el transporte público urbano y metropolitano y se habiliten medidas alternativas reales de movilidad. También propone ampliar el régimen transitorio para permitir el acceso de los vehículos con etiqueta B hasta el 1 de enero de 2029, de los vehículos sin etiqueta hasta el 1 de enero de 2028 y extender hasta 2031 el acceso de los vehículos de transporte de mercancías N1, además de facilitar la domiciliación fiscal en Málaga de determinados vehículos.

La moción va más allá y pide sacar del perímetro de la ZBE el campus universitario de El Ejido, así como incorporar nuevos supuestos de vehículos autorizados, entre ellos los de personas con movilidad reducida acreditada, vehículos domiciliados fiscalmente en Málaga y determinados automóviles de menor potencia fiscal. En el propio documento, Con Málaga sostiene que la ordenanza ha priorizado “el régimen sancionador frente a la construcción previa de las condiciones necesarias para su cumplimiento efectivo” y avisa de un escenario de “inseguridad jurídica, desigualdad social y disfuncionalidad operativa”.

El foco sobre El Ejido y los trabajadores del área metropolitana

Uno de los puntos más sensibles de la crítica lanzada por Morillas es la inclusión del campus de El Ejido dentro del perímetro de la ZBE. La dirigente de Con Málaga defendió que esa decisión está golpeando a estudiantes, profesores y trabajadores que acuden a diario a la zona sin disponer, según su versión, de una alternativa eficaz de transporte colectivo.

A ello sumó otro elemento de fuerte carga social: el impacto sobre quienes trabajan en Málaga pero ya no pueden vivir en la capital. “Hay muchos trabajadores que a lo mejor podrían coger un autobús para venir a Málaga, pero no tienen posibilidad de regresar a su casa en ese mismo autobús porque no hay frecuencia ni horario suficiente”, afirmó. Y remató con una frase de fuerte carga política y social: “La gente no puede meterse el vehículo en el bolsillo”.

Ese enfoque conecta la discusión de la ZBE con otro debate de fondo: el de la expulsión residencial de muchos malagueños hacia el área metropolitana por la subida de los alquileres. Según Morillas, cada vez son más los trabajadores que se ven obligados a entrar en la ciudad desde otros municipios y que ahora se topan con una normativa restrictiva sin una red suficientemente potente de transporte público.

Una ZBE ya en marcha y otra discusión abierta

Desde CCOO, Trinidad Salcedo respaldó la iniciativa de Con Málaga y advirtió de que la aplicación del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones está generando problemas reales a muchos trabajadores que cada día se desplazan a la capital sin contar todavía con alternativas suficientes de transporte público. En su intervención durante la rueda de prensa de este jueves, puso el acento en la necesidad de acompasar cualquier restricción al vehículo privado con medidas efectivas que garanticen la movilidad laboral, especialmente para quienes viven fuera de Málaga por la dificultad de acceder a una vivienda en la ciudad.

La sindicalista recordó que “la gente ha sido expulsada de Málaga en los últimos años” y advirtió de que esa realidad se traduce en más de 193.000 desplazamientos diarios hacia la capital. Según expuso, alrededor del 31% de esos movimientos se realizan en vehículos con etiqueta B, lo que equivale a más de 64.000 coches que, a partir de finales de este año, tampoco podrán acceder si no están domiciliados en la ciudad. A su juicio, la medida golpea especialmente a “personas con menos recursos adquisitivos” que no pueden cambiar de vehículo con facilidad y que, pese a haberse visto obligadas a marcharse de Málaga, “tienen que venir a Málaga, con lo cual no se les ha dado una opción real”.

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga no es una amenaza futura, sino una realidad normativa desde finales de 2024. La ordenanza municipal regula un despliegue progresivo y el Ayuntamiento defiende esta herramienta como una medida ligada a la mejora de la calidad del aire, la reducción del ruido y el impulso de un modelo con menos tráfico privado y más peso del transporte público.

Pero el dato de las 11.712 denuncias ha reabierto la discusión política en el peor terreno posible para el gobierno local: el de la percepción de que la ZBE de Málaga corre más como máquina de sancionar que como proyecto integral de movilidad sostenible. Ahí quiere golpear Con Málaga, que intenta convertir las multas en el símbolo de una implantación que, a su juicio, empezó por el final.