Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización

No era solo una obra menor ni una simple reforma interior. El expediente abierto por la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre Limonar 40 dibuja un escenario bastante más serio: trabajos sin licencia en un inmueble con protección arquitectónica Grado I, una orden de paralización inmediata, exigencia de legalización y el arranque de la vía sancionadora por una infracción urbanística que el Ayuntamiento considera grave. El expediente municipal sobre este inmueble, al que ha tenido acceso este periódico, concreta el alcance de las actuaciones detectadas en el conocido edificio protegido y endurece el escenario administrativo. Urbanismo concluye que en el Palacio Limonar se ejecutaron obras sin la preceptiva licencia, lo que motivó tanto la apertura de un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística como la incoación de un procedimiento sancionador.

La denuncia inicial que da pie al informe remitido a Con Málaga aludía no solo a obras, sino también a talas de arboleda y actuaciones en los jardines sin autorización municipal. En ese punto, el propio documento precisa que lo relativo a podas, talas y jardín protegido debe ser analizado por el área de Parques y Jardines, ya que el recinto figura en el Catálogo de Jardines Protegidos del PGOU.

Irregularidades detectadas en las obras en Limonar 40

Uno de los aspectos más llamativos del expediente es que Urbanismo amplía el foco de las irregularidades detectadas. Según el informe técnico, en el inmueble se observaron trabajos de sustitución de solería y alicatados, junto con una nueva instalación de redes eléctricas y de fontanería. Pero no se quedaba ahí: las fotografías y la inspección apuntan también, al menos, a cambio de distribución de estancias, sustitución de falsos techos e instalaciones de climatización.

El inspector dejó además constancia de que, en el momento de la visita, las obras estaban ejecutadas aproximadamente al 50%, un dato relevante porque refuerza la idea de que no se trataba de una actuación incipiente ni marginal. Urbanismo valoró el volumen económico de lo ejecutado en 152.811,99 euros, cifra calculada a efectos de posibles multas coercitivas.

La clave del expediente: el número 38 no cubría el 40

El núcleo de la infracción detectada por la GMU está en la diferencia entre ambos inmuebles de la parcela. El expediente subraya que existen dos edificaciones independientes: el Paseo del Limonar 38, identificado como Casa de los Guardeses, y el Paseo del Limonar 40, el Palacio. Y ahí es donde Urbanismo ve el problema: la declaración responsable presentada bajo el expediente DROBRAS-2025/2312 correspondía al número 38, no al 40, por lo que no amparaba las obras ejecutadas en este último.

Ese detalle no es menor, porque tanto el 38 como el 40 cuentan con Protección Arquitectónica Grado I, uno de los mayores niveles de protección del PGOU. Además, toda la finca se sitúa en suelo urbano calificado como CJ-1, y el jardín aparece expresamente recogido en la ficha 12 del catálogo municipal de jardines protegidos.

Paralización inmediata y amenaza de multas

A partir de ahí, la respuesta municipal fue clara. La resolución dictada el 2 de febrero de 2026 ordena la paralización de las actuaciones en curso en Limonar 40 y encarga a la Policía Local el levantamiento de acta sobre el estado de las obras y su vigilancia periódica para asegurar el cumplimiento de la suspensión.

El Ayuntamiento advierte además de que incumplir esa orden puede acarrear consecuencias mucho más severas: desde la retirada de maquinaria y materiales, hasta multas coercitivas del 10% del valor de la obra ejecutada, con un mínimo de 600 euros por cada una, e incluso la posible comisión de una infracción urbanística muy grave, con sanciones de entre 30.000 y 120.000 euros, si hubiera desobediencia a la orden de paralización.

Infracción grave, pero obras legalizables en principio

El matiz importante del expediente está en que Urbanismo no considera, al menos por ahora, que las obras hayan destruido o alterado los valores culturales del edificio protegido. Por eso las califica como obras compatibles con la ordenación urbanística, aunque ejecutadas sin licencia. Esa condición permite abrir el procedimiento para su eventual legalización, pero no evita la apertura del procedimiento sancionador, al entender el técnico municipal que concurre una infracción urbanística grave.

La resolución da al interesado un plazo de dos meses para instar la legalización. Si no lo hace, o si el procedimiento se paraliza por causa imputable al promotor, Urbanismo avisa de que podrá ordenar la reposición de la realidad física alterada y activar hasta doce multas coercitivas con periodicidad mínima mensual.

La defensa del promotor: obras paradas y voluntad de regularizar

El expediente incorpora también las alegaciones presentadas por Student Rental Málaga S.L., cuyo representante se identifica como inquilino y promotor de las obras, asumiendo expresamente la responsabilidad del procedimiento. En ese escrito sostiene que las actuaciones ya habían sido paralizadas de manera inmediata tras la resolución municipal, expresa su voluntad inequívoca de legalización y anuncia la presentación del correspondiente proyecto técnico. También cuestiona la valoración económica realizada por la GMU, al entender que no se ajusta a la realidad material de lo ejecutado.

Es decir, a día de hoy no consta en esta documentación una sanción firme ya impuesta, pero sí un expediente mucho más detallado que el conocido inicialmente y que perfila con claridad el alcance de las irregularidades detectadas en uno de los inmuebles patrimoniales más sensibles de El Limonar.

El jardín, otra pieza sensible del caso

Aunque la parte más desarrollada del expediente se centra en la obra interior del palacete, la documentación deja abierta otra derivada delicada: el estado y las actuaciones sobre el jardín protegido. El propio informe para Con Málaga recuerda que las denuncias incluían talas y trabajos en la arboleda, y traslada esa parte del asunto al área de Parques y Jardines para su análisis específico. En una finca con protección patrimonial sobre la arquitectura y también sobre el paisaje histórico, ese frente no es precisamente secundario.

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