Vivienda
Un juzgado suspende un desahucio en el bloque de VPO de InmoCaixa en Soliva
El intento de desahucio se produce en el edificio en el que el Ayuntamiento iba a ejercer el derecho de tanteo y retracto para comprar 75 de las 98 VPO
El bloque de VPO gestionado por InmoCaixa en Soliva, en la calle Cristóbal Cuevas, 22. / A.V.
Un juzgado de primera instancia de Málaga suspendió la semana pasada el desahucio de una familia en el bloque de 98 VPO gestionado por InmoCaixa, y levantado sobre una parcela municipal en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, 22, en Soliva.
En concreto, el órgano judicial ha justificado la suspensión, al comprobar que faltaba el informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales.
En declaraciones a La Opinión, Francisco Granados, abogado de la familia, que también representa a otros inquilinos de estas VPO, la falta de este informe evidencia que el Ayuntamiento de Málaga «no ha intervenido debidamente».
Un grupo de inquilinos y el presidente vecinal de Soliva, en el patio con verdín de la promoción de VPO de InmoCaixa, en febrero. / A.V.
A este respecto, recordó que, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que, especialmente cuando se trata de viviendas protegidas, «no se puede proceder a ningún desahucio o desalojo, sin que el Ayuntamiento establezca medidas concretas de protección respecto, particularmente, a los menores y las familias con una situación de especial vulnerabilidad, como sería el caso».
Respuesta del Ayuntamiento
El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, informó a este diario que el Consistorio sí ha estado «al tanto» del desahucio de Soliva, así como «de todos los desahucios de vivienda de tipo social».
El concejal apuntó que, con este fin, en 2015 se creó la Oficina de Derecho a la Vivienda (ODV).
Otra vista de la promoción de VPO de InmoCaixa en Soliva, en la calle Catedrático Crístobal Cuevas, 22. / A.V.
El Ayuntamiento las quiere
El intento de desahucio de InmoCaixa se produce, paradójicamente, después de que, como informó La Opinión, el pasado 27 de febrero, el Ayuntamiento se ofreciera a comprar 75 de las 98 VPO, al ejercer el derecho de tanteo, después de conocer el pasado 11 de febrero que el propietario, InmoCaixa, pretendía vender las 75 VPO a un fondo de inversión. De las restantes, 17 pertenecen a inquilinos que las adquirieron y el resto son viviendas vacías.
Se trata de una promoción en suelo municipal, que el Consistorio subastó en 2006 y ganó la entonces Obra Social La Caixa, hoy gestionada por InmoCaixa.
El vallado de la promoción de VPO de Soliva, en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, está incompleto y hay un tramo de valla provisional oxidada y con alguna parte rota, denuncian los vecinos. / A.V.
Francisco Pomares informó en febrero a este diario de que la decisión de adquirirlas partió del alcalde, Francisco de la Torre.
Además, una vez las tenga el Ayuntamiento, subrayó que las viviendas seguirán siendo VPO públicas, y en la mitad de la promoción cuyo plazo para ser VPO ya ha transcurrido, «quien quiera comprar lo podrá hacer al precio que fije la Junta de Andalucía, y quien quiera seguir de alquiler, que tenga la tranquilidad de que podrá seguir».
Quejas por falta de mantenimiento
Como también informó este periódico en febrero, a la preocupación de los inquilinos por su futuro, se han sumado quejas de años por lo que consideran falta de mantenimiento de InmoCaixa.
Muro con grietas en el exterior de la promoción de VPO de Soliva, en febrero. / A.V.
Así, se quejaron de constantes averías, cortes de agua, problemas con las calderas, placas solares sin funcionar desde hace años, puertas y electrodomésticos rotos, grietas en el exterior de la promoción y un tramo del vallado sin finalizar. InmoCaixa negó que hubiese falta de mantenimiento.
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