El Ayuntamiento de Málaga tiene 42 sentencias penales firmes sin cumplir y 855 órdenes firmes de demolición pendientes

La concejala del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado este martes en rueda de prensa, delante de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el "colapso" de la disciplina urbanística en Málaga y pedirá en una moción, en el pleno ordinario de este jueves, para que se abra una comisión de investigación sobre la gestión de este servicio, como ya se hizo en 2018 con un problema similar, adelantado en su día por este diario.

Como informó La Opinión, el grupo municipal solicitó los datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y tras "año y medio" de espera -precisó la concejala- se encontró con que se acumulan 12.823 procedimientos urbanísticos sin resolver, unos mil de ellos de los años 90 y, la mayoría de ellos -cerca del 70 por ciento- en las fases iniciales.

Para Toni Morillas, "por parte del equipo de gobierno del Partido Popular se favorece un modelo de urbanismo salvaje en el que siempre gana el más fuerte, y en el que se establece la manga ancha para aquellos que infringen la normativa urbanística".

"Un modelo de impunidad urbanística"

Como destaca el grupo municipal en la moción, por los datos recopilados "siete de cada diez infracciones urbanísticas detectadas no pasan de una fase preliminar" y solo "uno de cada diez expedientes" termina en una actuación urbanística, lo que a su juicio consolida "un modelo de impunidad urbanística".

Además, del análisis de estos datos Con Málaga ha denunciado que el Ayuntamiento de Málaga tiene 42 sentencias penales firmes dictadas por jueces, en las que se ordenan unas actuaciones que no ha ejecutado; así como 855 órdenes firmes de demolición pendientes, frente a solo 25 demoliciones ejecutadas subsidiariamente los últimos cinco años, de 2020 a 2025.

Una firma pendiente desde 1993

Por otro lado, uno de los datos más llamativos de estos procedimientos pendientes es que en la GMU hay 307 resoluciones redactadas que esperan una firma desde hace años; la más antigua de todas, una resolución de 1993, hace 33 años.

Para Toni Morillas, los datos conocidos son "un escándalo" y evidencian "no sólo la mala gestión sino una falta absoluto de medios técnicos y materiales por parte del Servicio de Disciplina Urbanística. Por otra parte, se preguntó "si existe una voluntad política expresa de dejar caducar y morir determinados expedientes".

Con Málaga critica, por otro lado, que los datos aportados por la GMU no informan de la localización, pese a que "esa información existe y no se ha dado", por lo que desconocen cuántos de los 12.823 procedimientos pendientes afectan a suelo no urbanizable, zonas de protección ambiental o al litoral.

Para la formación de izquierdas, esta situación no es fruto de la falta de medios, sino de "una elección sobre qué merece atención y qué no", y concluye en la moción que "lo que no merece atención es el ciudadano que denuncia una ilegalidad en su calle".

"Depurar responsabilidades políticas"

Además de una comisión de investigación que esclarezca "las causas del bloqueo" de estos miles de procedimientos y "depurar responsabilidades políticas", la moción insta al equipo de gobierno a "poner fin a la inacción sistémica que ha convertido el servicio en un instrumento de impunidad urbanística", así como a reforzar el número de inspectores, algo que ya se concluyó en la comisión de investigación de 2018 y no se ha cumplido, criticó Toni Morillas.

Con Málaga también pide al equipo de gobierno que publique las memorias anuales de control del Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística del GMU, algo que no hace desde hace "8 años, vulnerando lo establecido en el Plan Municipal de Inspección Urbanística". Por este motivo, también pide que los datos se publiquen "trimestralmente".

El grupo municipal reclama en otro punto de la moción la información completa de los procedimientos y expedientes, y en especial, los relacionados con viviendas y apartamentos turísticos, además de reclamar al equipo de gobierno el desarrollo de políticas que protejan el derecho a la vivienda "frente a la especulación".

En este sentido, Toni Morillas lamentó que "en esta ciudad, cuando hay una orden de desahucio de una familia trabajadora se ejecuta sin piedad; sin embargo, cuando se producen infracciones urbanísticas por parte de promotores o de multipropietarios el equipo de gobierno aplica la manga ancha y la laxitud absoluta".

Carmen Casero niega que exista un "tapón"

Como informó este diario, el pasado viernes 10 de abril, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, respondió a las críticas de Con Málaga negando que exista "un tapón" en la GMU, y retó a la oposición a que acudiera a los tribunales, si sospecha que algún caso se ha paralizado de forma intencionada, algo que calificó de "rigurosamente falso".

Carmen Casero acusó a la oposición de hacer una lectura torticera de los datos y recalcó que el panorama que presenta Con Málaga no refleja ningún atasco político ni la inacción del Ayuntamiento sino una complejidad legal.

A este respecto, recordó que no se trata de expedientes simples sino de procedimientos complejos, con varios hitos y, a veces, con un expediente sancionador paralelo que puede llevar aparejadas hasta 12 multas coercitivas.