Rosa Burgos, investigadora: "A Caparrós lo mató un joven confidente de la Policía y no un agente"

La investigadora Rosa Burgos, letrada jubilada de la administración de Justicia, ha asegurado que a Manuel José García Caparrós, sindicalista malagueño muerto de un disparo en la manifestación proautonomía andaluza de diciembre de 1977, lo mató un confidente de la Policía y no un agente.

La tesis de esta investigadora se recoge en su libro 'Caso García Caparrós, la cara oculta de un crimen de Estado', que ha presentado este jueves en Málaga y que se basa en el testimonio del que Burgos define como su 'confidente', que le proporcionó los datos del "presunto autor".

Burgos ha explicado a EFE que no tiene otros testimonios al respecto y que quien efectuó el disparo fue un joven de 22 años, que después se alistó a la Legión: "Una vez que disparó, la Policía no lo protegió ni tampoco los círculos de José Antonio donde él militaba, se encontró solo".

Disparo para proteger a la Policía

El presunto autor, que llegó a ascender a cabo y falleció con más de 60 años, afirmó que disparó "para proteger a la Policía porque era apedreada al quedarse sin medios antidisturbios", precisa la investigadora, que indica que "la bala que mató despareció, la robaron o la perdieron; sufrió múltiples movimientos".

"Se sabía el calibre (de la bala) antes de que el juzgado hiciera el informe de balística; echando la culpa a la Policía se daba un trazo gordo como para no llegar a saber nunca quién era el autor porque tenía relación con un inspector de policía", sostiene.

"Cada inspector de policía tenía bajo su mando a 20 o 30 confidentes, que venían de personas de orden, que era gente del Movimiento", detalla y añade que se trataba de unos jóvenes que "eran correveidiles de ciertos inspectores de policía".

Otra bala

Señala que no hubo cadena de custodia del proyectil; que "no sabe en qué momento se cambió la bala porque hubo un trasiego de personas, entre ellos cuatro inspectores de policía, antes de que fuera levantado el cadáver (de Caparrós)" y que "la bala que se entregó al juez era de 9 milímetros corto", mientras que la que impactó en el cuerpo era de un calibre menor.

"No todas las armas estaban identificadas, había un fondo de armas sin identificar hasta entrados los años 80; a los chicos les daban armas no para matar, sino para proteger", explica sobre la Policía e indica que a un testigo "clave" nunca le preguntaron quién disparó, igual que cree clave para la investigación un abogado que residía en la Alameda de Colón número 5, que no estaba en su casa cuando fue la Policía.

Ha expresado que duda sobre si una última prueba de balística en relación a un cabo de la Policía "se hizo para tapar la verdad, para encubrir al autor, porque destapar al verdadero autor era destapar todo el engranaje policial, era la Policía la que suministraba armas".

Bala pegada por un celador con esparadrapo en una sábana

Afirma que pese a que García Caparrós llegó muerto al hospital se le efectuó una radiografía de tórax y se le extrajo la bala, "se la dieron a un celador y la pegó con un esparadrapo en la sábana del fallecido", y que por problemas entre las jurisdicciones civil y militar la bala viajó a varias ciudades y distintas instancias.

Acceso a los archivos secretos 48 años después

Cuando parecía imposible medir ya el dolor acumulado ni los miles de días de espera, las tres hermanas de Manuel José García Caparrós han podido acceder por primera vez a la verdad oficial que durante décadas les fue negada. Casi 48 años después del asesinato del conocido como mártir de la autonomía andaluza, Paqui, Loli y Puri García Caparrós recibieron el pasado 18 de noviembre la documentación completa de la Comisión de Encuesta que investigó lo ocurrido en la multitudinaria manifestación andalucista celebrada en Málaga el 4 de diciembre de 1977.

La escena se produjo a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid: las tres hermanas salieron de la Cámara Baja con cajas de documentos y archivos sonoros. Sin embargo, su batalla no termina ahí. Además de mantener su reivindicación para que Caparrós sea reconocido como víctima del terrorismo de Estado, ahora centrarán sus esfuerzos en lograr que puedan hacerse públicos los documentos secretos que se les ha autorizado a consultar. Para ello, recurrirán al asesoramiento jurídico necesario con el objetivo de desvelar su contenido en la medida en que la ley lo permita.

La principal incógnita sigue siendo la misma desde hace casi medio siglo: quién fue, con nombre y apellidos, la persona que disparó contra su hermano. De momento, sin embargo, las hermanas no pueden difundir esa información, al seguir clasificada como secreta. Aun así, dejaron claro durante su visita al Congreso que no piensan permanecer inmóviles. Su propósito continúa siendo el mismo desde aquel 4D: hacer justicia a la memoria de un joven trabajador malagueño de Cervezas Victoria, vinculado a Comisiones Obreras, que murió por el disparo de un policía.