Maíllo defiende en Málaga la intervención del alquiler de vivienda para que no supere el 30 % de la renta

La famosa "milla de oro" malagueña con vistas al mar situada en el poblado distrito de Carretera de Cádiz ha sido hoy el centro de las políticas de la coalición Por Andalucía. Su candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido frente a los pisos millonarios 'Málaga Tower Living' su apuesta electoral por la intervención de las administraciones en el mercado de la vivienda para que el precio de los alquileres no supere el 30 % de la renta.

El líder de la coalición que componen siete formaciones políticas (Podemos, Sumar e Izquierda Unida, entre ellas) ha estado acompañado en la ruta por los enclaves de lujo de La Térmica o los terrenos públicos de la Finca El Patopor, por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha relegado el problema de la vivienda a "una cuestión de voluntad política". El ministro ha recordado lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, que hace unas semanas tumbó el decreto que contemplaba la prórroga de los alquileres.

Maíllo ha asegurado que la vivienda "no se puede convertir en un negocio" y ha señalado que su primera decisión si llega al gobierno andaluz será aplicar la ley estatal de vivienda y aprobar en el Parlamento regional una ley integral que, además de declarar zonas tensionadas donde no solo se limite el precio del alquiler sino que se prohíba que salgan al mercado más pisos turísticos. Según ha explicado, la norma prohibirá también "cualquier compra de vivienda que no sea para vivir en ella" porque la situación actual ha alcanzado ya la "emergencia habitacional".

Entre las medidas a corto y medio plazo que propone Por Andalucía está la de movilizar todo el parque público de vivienda en la comunidad autónoma para "convertir viviendas vacías en zonas residenciales" y su apuesta por "destensionar" las zonas con precios más altos para que "la gente pueda vivir tranquila y con dignidad". Maíllo ha advertido que, frente a la "desregulación", las administraciones públicas "están obligadas a intervenir" porque "la gente no puede esperar".

"El debate es: o se está por asumir que la vivienda es un derecho o se ve como una especulación para gente que viene a llevárselo calentito e irse", ha sentenciado el candidato, que ha insistido en que "frente a pisos de 5 millones de euros hay que crear viviendas asequibles".