A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión

«Estoy de baja por ansiedad, y ahora nos echan a la calle», cuenta esta semana Marisol, de 66 años. Esta hija de españoles que emigraron a Venezuela se enfrenta el próximo 11 de junio a un desahucio de su vivienda en alquiler en la calle Mauricio Moro Pareto de Málaga capital, tras 18 años cumpliendo a rajatabla con el pago, recalca. En la actualidad paga 700 euros.

En la casa vive María su madre, una madrileña de 95 años con una pensión no contributiva; su hijo Alejandro, de 39 años, discapacitado con esquizofrenia y su hermano Ramón, de 69, quien tras algo más de 40 años trabajando en Venezuela -en los inicios, en un laboratorio científico que desarrolló una vacuna contra la lepra, cuenta- le ha quedado una pensión, que al cambio en España es de solo un euro.

Como explica Marisol, sus arrendadores también viven en alquiler; pero «murió la dueña de la casa, los sobrinos quieren la casa y le están pidiendo que se vayan».

La paradoja es que tanto sus arrendadores, como ellos, los arrendatarios de calle Mauricio Moro Pareto, han sido declarados vulnerables. «Tuvimos que ir a juicio porque no he conseguido encontrar una vivienda», señala.

Sin la prórroga que suspendía los desahucios a los más vulnerables

Ahora, tras tumbarse en el Congreso de los Diputados la prórroga de la suspensión del desahucio para personas vulnerables, algo que les amparó durante dos años, no han conseguido parar la maquinaria judicial y el desahucio tendrá lugar el 11 de junio, a las 10.15, tras rechazar el juzgado un recurso de reposición.

Como recuerda, trabaja como teleoperadora y gana unos 1.200 euros, una cantidad que, sumada a los 600 euros de su madre por la pensión no contributiva, le permiten pagar los 700 euros de alquiler y que puedan vivir los cuatro. Su hermano Ramón cuenta a este periódico: «Estoy tratando de conseguir una pensión no contributiva», después de su misérrima pensión venezolana de un euro al mes. Por este motivo, Marisol no se plantea jubilarse, y su esfuerzo es el que en gran parte mantiene a su familia.

El problema se presenta a la hora de buscar una vivienda en Málaga. «Cuando buscas piso, te dicen que los alquileres valen 1.200, 1.300 euros», expone Marisol, pero una de las exigencias «es que tienes que tener ingresos familiares de 3.500 o 4.000 euros».

Ella, incluso, llegó a adelantar 1.200 euros por una vivienda en alquiler, un requisito previo para visitarla en el Puerto de la Torre: «Quedé con un hombre pero nunca apareció; denuncié la estafa pero no he recuperado el dinero», lamenta.

Petición de ayuda al Ayuntamiento de Málaga

Como remarca a La Opinión, entiende la situación por la que también están pasando los dueños de la vivienda, pero no consigue encontrar un piso que se amolde a sus ingresos; tampoco familiares o amigos que les acojan; y no quiere verse en la calle con su madre anciana, su hermano y su hijo con esquizofrenia. Por este motivo, ha hablado con el Ayuntamiento que, explica, de momento le ofrece dos meses de alquiler y puede que algún alojamiento temporal.

Ayer, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, que conoció el problema de Marisol por La Opinión, aseguró que consultaría su expediente «para hacerle seguimiento».

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