La Audiencia de Málaga juzga este lunes a un cura acusado de abusar de cuatro mujeres tras sedarlas

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta semana a un sacerdote acusado por la Fiscalía de abusar sexualmente de varias mujeres con las que mantenía una relación de amistad, presuntamente después de sedarlas, y de grabarlas mientras se encontraban inconscientes. El Ministerio Público solicita inicialmente para el procesado una pena de 72 años de prisión.

La vista oral está señalada para comenzar este lunes y continuará, según la previsión comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante los días 27, 28 y 29. A lo largo del juicio está prevista la declaración de 16 testigos, entre ellos las cuatro denunciantes, además de una veintena de agentes de la Policía Nacional y diversos peritos médicos forenses y policiales propuestos por las acusaciones y la defensa.

¿Quién es el cura que irá al banquillo este lunes por abusos sexuales?

El acusado fue párroco desde agosto de 2017 en Ardales y Carratraca y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora. Antes había pertenecido durante cuatro años a la orden de los Padres Trinitarios y posteriormente continuó su formación en el Seminario, hasta ser ordenado diácono en junio de 2016 y presbítero en junio de 2017.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, el sacerdote entabló amistad con las cuatro víctimas en distintos momentos dentro de ambientes y actividades religiosas. Esas relaciones, siempre según la acusación pública, se mantuvieron hasta 2023, cuando salieron a la luz los hechos que ahora serán enjuiciados.

La Fiscalía sostiene que el acusado se aprovechaba de una relación de amistad “fuerte” e “íntima” y de la confianza que generaba su condición de religioso. Esa cercanía habría llevado a que las mujeres pernoctaran con frecuencia en domicilios en los que él residía o a los que estaba vinculado.

Así dormía a sus víctimas

El Ministerio Público afirma que el procesado presuntamente suministraba a las víctimas, sin que ellas lo advirtieran, una sustancia desconocida, “con toda probabilidad éxtasis líquido o ‘alegría’”. Según la Fiscalía, esa sustancia las dejaba en una situación de profunda somnolencia, sin consciencia de lo que ocurría y sin posibilidad de defensa.

En ese contexto, la acusación pública mantiene que el sacerdote habría cometido actos de contenido sexual sin consentimiento, dado que las mujeres se encontraban privadas de consciencia. Además, la Fiscalía asegura que esas actuaciones fueron grabadas y fotografiadas por el acusado, junto a otras imágenes tomadas sin consentimiento en situaciones de intimidad.

El escrito de acusación señala que esas grabaciones permiten apreciar los supuestos actos cometidos y también concretar las fechas en las que habrían sucedido. En uno de los casos, una de las víctimas habría acudido al sacerdote por la difícil situación personal que atravesaba. La Fiscalía sostiene que todas las denunciantes han sufrido daño psíquico y moral, con origen en los hechos investigados.

Las mujeres, según la acusación pública, no fueron conscientes ni tuvieron conocimiento de lo ocurrido en el momento en que presuntamente se produjeron los abusos, por lo que continuaron manteniendo la relación de amistad y confianza con el procesado.

Primeras denuncias en Melilla

Los hechos salieron a la luz en las Navidades de 2022-2023, cuando la pareja sentimental del acusado encontró de forma casual un disco duro con imágenes en el domicilio parroquial de Melilla en el que, según la Fiscalía, cohabitaban. Esta mujer intentó trasladar lo ocurrido a autoridades religiosas de Melilla y Málaga y finalmente denunció los hechos ante la Policía Nacional en agosto de 2023, entregando una copia del material localizado.

La Fiscalía acusa al sacerdote de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, así como de cuatro delitos de lesiones. Además de los 72 años de cárcel, solicita que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante diez años y una medida de libertad vigilada por el mismo periodo.

El Ministerio Público reclama también una indemnización total de 1,2 millones de euros: 300.000 euros para cada una de las cuatro víctimas por las secuelas psíquicas y los daños morales sufridos. La Fiscalía considera que de esas cantidades debe responder como responsable civil subsidiaria la Diócesis de Málaga.

Disculpas del obispo de Málaga por el comportamiento del sacerdote

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, expresó el pasado viernes que los abogados del Obispado defenderán que a la Diócesis no se le debería exigir esa responsabilidad civil subsidiaria, al entender que no propició, favoreció ni miró “para otro lado” cuando se conocieron las graves acusaciones contra el sacerdote. No obstante, afirmó que, si los tribunales acreditan la culpabilidad del acusado, la Diócesis está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños, incluso aunque no exista obligación judicial.

Satué también trasladó la “colaboración con la justicia” y la “confianza en los tribunales”, y pidió perdón, en nombre de la Iglesia, a quienes en situaciones similares no hayan encontrado la comprensión y el apoyo que debieron recibir.

El juicio se celebrará con el acusado amparado por la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.