La venta de viviendas ‘okupadas’ se dispara en la provincia de Málaga: sus precios están muy por debajo de la media

Pisos de cuatro habitaciones por 41.000 euros o chalets por poco menos de 140.000. Lo que parece imposible existe en Málaga. Eso sí, la letra pequeña es que son pisos ocupados. La venta de este tipo de inmueble ha dejado de ser una rareza en el mercado inmobiliario español para convertirse en una realidad cada vez más visible. Los portales especializados ya acumulan miles de anuncios en los que los inmuebles aparecen identificados expresamente como «okupados», una etiqueta que evidencia hasta qué punto este fenómeno se ha instalado en la oferta de compraventa.

Actualmente, en Málaga, Idealista contabiliza en su plataforma 320 viviendas okupadas a la venta en la provincia, 101 de ellas en la capital. Según un estudio publicado por Idealista, basado en los inmuebles anunciados en su plataforma, el volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta creció un 4,6% en solo en el primer trimestre del año.

Málaga, por encima de la media

Aunque los datos de Idealista reflejan que este tipo de anuncios se han reducido en Málaga un 2,6%, la provincia sigue situada por encima de la media nacional, que se encuentra en el 3,2%. También se registraron descensos en Palma (-7,6%), Barcelona (-8%), Sevilla (-14%), San Sebastián (-14,8%) y Valencia (-24,5%).

Pese a esa bajada, Málaga figuraba a finales de 2025 entre los mercados con mayor volumen de viviendas okupadas a la venta, con 1.209 inmuebles. Barcelona encabezaba el listado, con 7.307 viviendas, seguida de Murcia, con 1.658; Madrid, con 1.634; y Alicante, con 1.402. Por provincias, Barcelona es donde más pesan las viviendas okupadas dentro del mercado de venta, ya que representan el 8,3% de toda la oferta. Le siguen Sevilla, Huelva y Murcia, con un 5,7% en cada caso, y Almería, con un 5,4%.

En el último trimestre de 2025 hubo anunciadas 24.058 viviendas okupadas, frente a las 23.010 del trimestre anterior. El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, advierte de que estos datos muestran que el problema ya no puede considerarse algo puntual: «Los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más». Iñareta lamenta que cada vez haya más propietarios que opten por vender sus viviendas en estas condiciones: «Es desolador ver como son cada vez más los propietarios los que se deciden por vender a pérdidas sus viviendas por la falta de seguridad jurídica y por no verse respaldados por la justicia. No es lo mismo un impago de rentas que una entrada a la fuerza».

Impagos de alquiler

Este fenómeno ha dado paso a otro nuevo oficio: el servicio desokupa. Alberto Cuesta, gerente de Serviokupas, creó esta empresa hace más de cinco años y según su testimonio los casos de ocupación se han disparado «hasta un 300%», según los datos que maneja la empresa Cuesta explica que atienden desde casos de inquilinos que han dejado de pagar hasta ocupaciones en segundas residencias. En sus palabras, hay «una barbaridad» de casos en la provincia, especialmente desde Manilva hasta Málaga capital: «Todos los días hay ocupaciones y todos los días tenemos un par de servicios», asegura.

La mayoría de los asuntos que atienden están relacionados con impagos de alquiler. En concreto, cifra en un 80% los casos son «por impago de rentas», mientras que un 5% corresponde a situaciones en las que finaliza el contrato y el inquilino no entrega la posesión de la vivienda. El 15% restante son ocupaciones.

Perfil

En cuanto al perfil de las personas que ocupan viviendas, Cuesta sostiene que es variado: «Hay un poco de todo». No obstante, apunta que últimamente se están registrando más casos en chalets situados frente a la playa, especialmente en zonas como Estepona y Málaga. Sobre la resolución de estos casos, el gerente de la empresa afirma que, finalmente, «todos los okupas salen», aunque precisa que cada situación requiere un procedimiento distinto en función del origen del conflicto y del tipo de ocupación.

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