Flor Carrasco, decana del Colegio de Abogados de Málaga: "Hay compañeros que han fallecido esperando a tener una pensión digna"

El Congreso ha dado un paso importante para crear una vía que permita a miles de profesionales que cotizaron durante años en mutualidades privadas (como abogados, procuradores o arquitectos) incorporarse al sistema público de la Seguridad Social. La Comisión de Trabajo aprobó el texto sin votos en contra y ahora queda pendiente una votación definitiva en el Pleno, fechada, en un primer momento, para el próximo 10 de junio.

El objetivo de la reforma es corregir una situación que afecta a muchos mutualistas que, pese a haber trabajado durante décadas, se encuentran con pensiones muy reducidas porque sus aportaciones se realizaron fuera del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La nueva norma permitiría trasladar parte de los derechos acumulados en esas mutualidades al sistema público para mejorar su futura jubilación.

Uno de los aspectos más relevantes es el tratamiento de los mutualistas de mayor edad. Quienes tengan al menos 52 años al finalizar 2026 podrán beneficiarse de un mecanismo especialmente favorable que equipara de forma mucho más directa los años aportados a la mutualidad con los años reconocidos por la Seguridad Social, algo pensado para quienes ya tienen poco margen para aumentar su carrera de cotización antes de retirarse.

Sin embargo, la propuesta sigue generando críticas. Diversas asociaciones y colegios profesionales consideran que el texto deja fuera a parte de los afectados, especialmente a personas ya jubiladas o a quienes ya cumplen determinados requisitos mínimos de cotización en el sistema público. También cuestionan algunos criterios utilizados para convertir las aportaciones realizadas en las mutualidades en años reconocidos por la Seguridad Social.

La reforma forma parte de una reivindicación histórica que lleva años sobre la mesa y que ha provocado movilizaciones de mutualistas en los últimos meses. Aunque el avance parlamentario se interpreta como una victoria parcial para los afectados, el debate continúa porque muchos reclaman una integración más amplia y con menos exclusiones. La Opinión de Málaga habla con Flor Carrasco, decana del Colegio de Abogados de Málaga y se suma Rosa Bocanegra, concejala Diputada 1ª y presidenta de la Comisión de Previsión Social en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga.

Tras lo aprobado ahora en el Congreso, ¿considera que esto sigue siendo insuficiente o cree que por fin hay un cambio real?

Entendemos que todavía es insuficiente, desde el momento en que los compañeros pasivos quedan fuera. Nosotros no queremos dejar a nadie atrás. Estamos viviendo situaciones muy dramáticas dentro de la profesión, dentro del colegio. Tenemos a compañeros con pensiones incluso inferiores a los 300 euros, compañeros que mal viven. Tenemos compañeros que no pueden jubilarse porque con la pensión de mutualidad no tienen para vivir. Entonces, en una profesión tan exigente, que requiere tanta adaptación a la tecnología, tanta exigencia profesional a las reformas normativas; tenemos a compañeros con dificultades de todo tipo, causadas por la edad por ejemplo, pero que tienen que seguir trabajando porque no tienen en absoluto ni para malvivir, ni siquiera para eso. Eso no lo tenemos todavía, no lo hemos cubierto.

¿Qué lectura política hace de que no haya habido votos en contra, pero sí abstenciones del PP, Vox y Junts?

Diría que el único partido que a nosotros nos interesa es el partido del Colegio de Abogados de Malaga, empezando con el partido de la abogacía en general y la malagueña en particular. Dejando eso por sentado, entendemos que tiene que haber responsabilidad política; es una cuestión de justicia social mucho más que de colores. Los "intríngulis" políticos que haya, nosotros no entramos en ellos, pero sí entramos en que nos entendemos como unos ciudadanos que hemos contribuido durante muchísimos años al sostenimiento del Estado de Derecho por nuestra profesión, pero también hemos contribuido con nuestros impuestos religiosamente pagados, porque los abogados además tenemos muchísima presión fiscal. ¿Cómo se nos deja, cómo se nos abandona, independientemente de cuál es el color político? Pedimos la llamada de responsabilidad, que se olviden de siglas y piensen en ciudadanos como nosotros.

La rebaja de 55 a 52 años para el reconocimiento del 1x1, ¿es una victoria importante o sigue dejando fuera a demasiada gente?

Se sigue dejando a 47.000 afectados fuera. Ha habido una pequeña mejora, efectivamente, porque ahora podrían entrar más compañeros dentro del 1x1, pero siguen estando 47.000 fuera. Nosotros, los abogados, que desde 1948 hasta ahora estamos pagando nuestra pensión, entendíamos que estábamos construyendo nuestra jubilación y nuestro futuro. Pero, ¿qué ha pasado? La función de previsión social de los abogados ha quedado en el olvido para las mutualidades, y ahora se han convertido en unas entidades de inversión, de ahorro, donde se dan unos intereses que son interesantes, atractivos para los inversores. Pero ¿qué ocurre con la función que tenían primordialmente? Nosotros estábamos obligados hasta 2005 ha elegir la mutualidad, no podíamos elegir estar en la Seguridad Social. Si nosotros llevábamos ya un tiempo considerable contribuyendo hasta 2005, si nos íbamos de la mutualidad, perdíamos todo el dinero y los años que habíamos acumulado. Somos los atrapados por la mutualidad.

¿Cree que esta propuesta de ley llega tarde?

Por supuesto. Ya hay muchos compañeros que anímicamente no pueden aguantar más, ni tampoco económicamente. Y algunos ya han fallecido. Muchos de ellos tienen ya una edad avanzada, unos medios muy limitados y se están quedando por el camino. Y cada año que pasa, o cada día que pasa incluso, tenemos una situación de pérdida de los compañeros. El Estado tenía que haber tenido una función supervisora, están obligados a tener la función supervisora de las mutualidades. Esa función supervisora no se ha tenido. No se ha tenido por este Gobierno ni por ningún gobierno. Los gobiernos han relajado mucho su función supervisora y nos han abocado a esta situación. El padre de un compañero también había sido abogado. Tenía 90 años y cobraba, teniendo Alzheimer, 222 euros al mes. El esfuerzo que tiene que hacer la familia es enorme.

¿Qué alternativas tienen actualmente los mutualistas para complementar unas pensiones que consideran insuficientes?

El fondo de la mutualidad lo puedes cobrar de una vez, pero si lo haces, tienes que abonar el 45% a Hacienda. Es decir, si te llevas 150 mil euros, tienes que abonar ese 45%. Lo que queda para vivir es una miseria. Hay compañeros que están optando por, en vez de cobrar una pensión vitalicia, como son tan pequeñas, cobrarla en unos años determinados. En vez de vitalicia, 222 euros, pues voy a cobrar 5 años más dinero para poder vivir. Pero, ¿qué pasa? Cuando cumpla los 5 años, tendré que morirme. O sea, estamos abocados a la muerte. Porque si ya no puedo vivir, y a lo mejor mi red familiar o mi red social no puede mantenerme, lo que queda es fallecimiento.

¿Qué mensaje le daría a sus compañeros afectados?

Un mensaje de esperanza. No vamos dejar de luchar, por los que vinieron y los que vendrán. Como decana, quiero plantar cara a todas estas injusticias y dejar claro que no vamos a conformarnos con dejar fuera a miles de nuestros compañeros. Trabajamos para la ciudadanía, defendemos y nos preocupamos por todo el que lo necesita. Por eso, deberíamos recibir el mismo trato. Desde el Colegio de Abogados de Málaga vamos a luchar incansablemente porque se reconozca nuestro trabajo y nuestros derechos.

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