Málaga licita el plan para proteger los edificios históricos del Centro Histórico tras 35 años del anterior

La protección de los edificios históricos del Centro Histórico de Málaga se va a actualizar tras 35 años del anterior catálogo de inmuebles. Para ello, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la licitación del contrato para redactar el Plan Especial de Protección del Centro Histórico y el catálogo de bienes inmuebles protegidos, un documento que está llamado a sustituir al actual Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el conocido PEPRI del Casco Histórico, vigente desde 1989.

El contrato sale a licitación con un importe base de 699.259 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 26 meses. Las empresas interesadas en optar a este servicio podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de julio, según la documentación municipal.

Un nuevo plan para sustituir al PEPRI de 1989

El objetivo principal del futuro documento será adaptar la normativa de protección del patrimonio en el ámbito del Centro Histórico de Málaga, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Conjunto Histórico.

El actual PEPRI data de 1989, por lo que el Ayuntamiento considera necesario actualizar el marco urbanístico y patrimonial que regula las intervenciones en este espacio. El nuevo plan deberá definir con mayor precisión qué elementos deben protegerse, cómo deben catalogarse y qué tipos de actuaciones podrán autorizarse en cada caso.

Qué bienes se incluirán en el catálogo de protección

El trabajo encargado no se limitará a la redacción del plan urbanístico. También deberá incluir la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos, en el que se incorporarán los elementos que conforman el conjunto histórico.

Entre ellos figuran inmuebles edificados, espacios libres exteriores e interiores, estructuras de carácter significativo y componentes naturales vinculados al ámbito protegido. El documento deberá establecer la catalogación de estos elementos y concretar los niveles de intervención permitidos.

El Ayuntamiento de Málaga busca agilizar las obras en el Centro Histórico

Una de las claves del nuevo Plan Especial de Protección será su impacto en la tramitación administrativa. Una vez aprobado de forma definitiva, el Ayuntamiento podrá solicitar la delegación de competencias para autorizar directamente obras y actuaciones en el Centro Histórico, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Esta posibilidad, recogida en el artículo 40 de la Ley 14/2007 y con las limitaciones previstas en el artículo 38 en materia de demoliciones, permitiría reducir y agilizar los plazos de tramitación de los expedientes vinculados a actuaciones en el ámbito protegido.

Participación ciudadana y evaluación ambiental

El contrato también contempla el desarrollo de un proceso de participación ciudadana durante la elaboración del plan. La finalidad será dar a conocer el contenido del documento, analizar sugerencias y abrir un espacio de aportaciones en torno al futuro modelo de protección del Centro Histórico.

Además, el equipo adjudicatario deberá redactar la documentación necesaria para la tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental, tanto del propio Plan Especial como de su Catálogo de Protección.

Un equipo técnico especializado en patrimonio

La Gerencia de Urbanismo exige que el proyecto cuente con un equipo técnico cualificado. Deberá estar integrado por un coordinador, expertos en rehabilitación de edificios históricos, especialistas en patrimonio y restauración, así como técnicos en sistemas de información geográfica.

También se valorará la incorporación de perfiles vinculados al medio ambiente, el ámbito jurídico y la participación ciudadana, con el objetivo de garantizar la calidad técnica y formal de toda la documentación.

Seis fases y 26 meses de trabajo

La redacción del nuevo Plan Especial de Protección del Centro Histórico se organizará en seis fases. La primera incluirá la presentación de la propuesta metodológica, el plan de participación y un análisis-diagnóstico de la situación actual, con identificación de problemas y necesidades.

La segunda fase, con una duración prevista de tres meses, estará dedicada a la elaboración del documento de Avance y del documento ambiental estratégico. La tercera, de diez meses, abordará la revisión y análisis de los bienes objeto de protección, el desarrollo normativo y el informe ambiental.

Posteriormente, en la cuarta fase, de tres meses, se redactará el documento del plan y del catálogo para su aprobación inicial. Las dos últimas fases, de cinco y dos meses, respectivamente, se centrarán en el análisis individual de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública, la incorporación de modificaciones y la elaboración de la propuesta final para su aprobación definitiva.