Este es el destino de la millonaria recaudación por las multas de la ZBE de Málaga

Las más de 35.000 denuncias tramitadas por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga abren un nuevo debate: qué hará el Ayuntamiento con el dinero que recaude cuando las sanciones sean firmes. Las infracciones por acceder sin autorización al área restringida están castigadas con 200 euros de multa, una cuantía que se reduce a 100 euros por pronto pago y que, además, no conlleva la retirada de puntos del carné de conducir.

Aunque las 35.257 denuncias conocidas corresponden todavía a expedientes sancionadores iniciados y no a multas ya cobradas, el volumen hace prever una recaudación millonaria. En función de si las sanciones se abonan con la reducción por pronto pago o por el importe íntegro, los ingresos podrían situarse entre 3,5 y algo más de 7 millones de euros.

Fuentes municipales precisan, no obstante, que ese dinero no se incorpora a las arcas municipales hasta que concluye la tramitación de cada expediente. Una vez la sanción es firme, el importe pasará al apartado general de ingresos del Ayuntamiento, como ocurre con cualquier otro procedimiento sancionador.

Los aparcamientos disuasorios, en el centro del debate

La posible recaudación ha reabierto el debate sobre si esos recursos deberían tener un destino concreto. Desde Con Málaga defienden que el dinero obtenido por las multas de la ZBE se invierta íntegramente en actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible y, especialmente, en la construcción de la red de 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios prometida por el equipo de gobierno.

La formación considera que estos estacionamientos permitirían a los conductores dejar el vehículo en los accesos a la ciudad y completar el trayecto en transporte público, ofreciendo una alternativa real al uso del coche para acceder al centro.

Una promesa que sigue sin materializarse

Los aparcamientos disuasorios forman parte de los compromisos adquiridos por el equipo de Gobierno para reducir el tráfico en el centro de la ciudad y facilitar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, tres años después de aquel anuncio todavía no se ha construido ninguna de las 5.000 plazas previstas.

Con Málaga sostiene que la recaudación derivada de las multas permitiría acelerar ese proyecto e impulsar otras actuaciones, como la renovación de la flota de la EMT y la mejora de las conexiones de transporte público con los principales accesos a Málaga.

Una recaudación pendiente de concretarse

El importe definitivo que ingresará el Ayuntamiento dependerá de cuántos expedientes concluyan con sanción firme, de los recursos que puedan presentarse y del número de conductores que se acojan al descuento por pronto pago.

Además, el futuro de esa recaudación está condicionado por la situación jurídica de la propia Zona de Bajas Emisiones. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la ordenanza municipal todavía no es firme, por lo que las sanciones continúan tramitándose mientras el Ayuntamiento estudia los próximos pasos y decide si recurre el fallo o modifica la normativa.