Moratoria urgente a los alojamientos turísticos: estas han sido las reacciones de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga

La moratoria impulsada por el Ayuntamiento de Málaga para impedir la implantación automática de nuevos alojamientos turísticos en suelo residencial ha encontrado un respaldo limitado entre los grupos de la oposición. PSOE, Con Málaga y Vox coinciden en que la medida era necesaria, pero consideran que llega tarde y cuestionan tanto su alcance como la forma en la que ha sido presentada por el equipo de Gobierno.

El PSOE respalda la medida, pero critica el retraso

El portavoz del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha asegurado que su grupo da "la bienvenida a cualquier medida que venga a proteger el uso residencial del suelo", aunque considera que la decisión se ha adoptado con retraso. A su juicio, el anuncio ha provocado un "efecto llamada" que ha permitido que se tramiten nuevas licencias antes de la entrada en vigor de la suspensión.

Además, ha criticado que la moratoria tenga una duración máxima de tres años, al entender que el problema de la presión turística sobre la vivienda requiere medidas con un horizonte temporal más amplio. "Es una medida necesaria, pero llega muy tarde ante la incapacidad y la indecisión del alcalde Paco de la Torre", ha afirmado.

Con Málaga acusa al PP de incumplir el acuerdo plenario

Con Málaga ha ido más allá y ha calificado la iniciativa de "timo de la estampita". Su portavoz, Toni Morillas, sostiene que el equipo de gobierno incumple el acuerdo aprobado por unanimidad en el último pleno municipal, que, según ha recordado, planteaba una moratoria de al menos cinco años para alojamientos turísticos, incluidos hoteles y apartamentos.

La formación también critica que la modificación urbanística se limite exclusivamente al suelo residencial, lo que, a su juicio, permitirá que continúe la implantación de establecimientos turísticos en suelo terciario, reduciendo el impacto real de la medida. Morillas ha insistido en que la regulación llega "tarde" tras años reclamando restricciones para frenar el crecimiento de este tipo de alojamientos y su impacto sobre el precio de la vivienda.

Vox reclama un nuevo PGOM en lugar de una moratoria

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha centrado sus críticas en la gestión urbanística del equipo de gobierno. Alcazar ha acusado al Ayuntamiento de actuar con improvisación, tanto por la convocatoria del pleno extraordinario como por presentar una moratoria que, en su opinión, "no soluciona absolutamente nada".

Para Vox, la suspensión es un "parche político" que no resuelve el problema de fondo, que atribuye a la ausencia de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Alcázar ha defendido que Málaga necesita una planificación urbanística estable que permita compatibilizar el desarrollo turístico con la protección del suelo residencial y la vivienda.

El portavoz también ha sñalado la "contradicción" que, a su juicio, supone anunciar ahora medidas para proteger el suelo residencial después de que el propio Ayuntamiento impulsara recientemente un proyecto hotelero sobre unos terrenos que originalmente tenían ese uso.

La duración de la moratoria, uno de los principales puntos de choque

Uno de los aspectos que más críticas ha suscitado entre la oposición es el periodo de vigencia de la suspensión. Mientras el Ayuntamiento plantea una moratoria de hasta tres años, o hasta la aprobación definitiva de la modificación del Plan General si esta se produce antes, tanto el PSOE como Con Málaga consideran que ese plazo es insuficiente para afrontar el impacto del alojamiento turístico sobre el mercado residencial.

El debate se produce apenas una semana después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara por unanimidad una moción (presentada por el grupo Con Málaga) en la que la Corporación se comprometía a impulsar "con la máxima celeridad posible" una moratoria de carácter amplio sobre los usos turísticos de la vivienda. El texto contemplaba expresamente que la suspensión afectara tanto a las viviendas de uso turístico como a la implantación de nuevos apartamentos turísticos en edificios existentes o en suelos de uso residencial, por un periodo mínimo inicial de cinco años, con el objetivo de priorizar el uso residencial y mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad.

Sobre esa base, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, sostiene que la propuesta presentada ahora por el equipo de gobierno rebaja el periodo inicialmente acordado y, por tanto, incumple el mandato aprobado por el Pleno. Desde el PSOE también cuestionan la duración de la medida al considerar que tres años resultan insuficientes para corregir un problema estructural como el acceso a la vivienda y la presión del alojamiento turístico sobre los barrios de la ciudad.

Las alusiones al alcalde de Estepona

Tanto PSOE como Con Málaga han hecho referencia a las licencias para apartamentos turísticos relacionadas con el alcalde de Estepona, José María García Urbano, que han sido conocidas a penas unos días antes del anuncio de la moratoria. Ruiz Araujo sostiene que el regidor esteponero "ha sido parte del problema", al entender que quienes ocupan responsabilidades públicas deberían contribuir a solucionar la crisis de vivienda.

Por su parte, Morillas ha calificado de "sorprendente" que se concedieran 20 licencias en suelo residencial pocos días antes del anuncio de la suspensión y se preguntó si García Urbano pudo disponer de algún tipo de información privilegiada, una posibilidad sobre la que no aportó pruebas. La portavoz de Con Málaga también ha reclamado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mayor transparencia sobre posibles intereses de cargos municipales en el negocio turístico. Una cuestión que no estuvo exenta polémica en el último Pleno del Ayuntamiento, cuando el concejal Nico Sguiglia dejó caer que algunos ediles de la bancada popular tenían propiedades turísticas, una acusación que no sentó bien en la fila popular.

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