La ZBE de Málaga supera las 35.000 multas en seis meses mientras sigue creciendo la incertidumbre sobre su futuro

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ha acumulado 35.257 denuncias en sus seis primeros meses con sanciones, según la información facilitada por el Área de Seguridad del Ayuntamiento al grupo municipal Con Málaga. Las cifras muestran que el número de denuncias se ha mantenido estable desde el inicio del sistema sancionador y se conocen en un momento en el que la ordenanza atraviesa una situación de incertidumbre tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La documentación municipal también aclara cómo se tramitan estas sanciones. La Policía Local es la encargada de vigilar los accesos a la ZBE y de formular las denuncias cuando detecta una infracción. Después, esos expedientes se envían a Gestrisam, el organismo municipal competente para iniciar el procedimiento sancionador y, si procede, imponer la multa.

Más de 23.500 denuncias en cuatro meses

Los informes municipales permiten conocer la evolución de las denuncias desde la puesta en marcha del sistema sancionador. Entre el 1 y el 28 de diciembre de 2025 se registraron 6.213 denuncias, mientras que entre el 29 de diciembre y el 1 de febrero de 2026 se contabilizaron otras 5.499. De esta forma, durante los dos primeros meses ya se habían acumulado 11.712 propuestas de sanción.

La tendencia continuó durante los cuatro meses siguientes. Entre febrero y mayo de 2026 la Policía Local remitió a Gestrisam otras 23.545 denuncias, lo que elevó el total hasta las 35.257. El volumen semanal apenas experimentó grandes variaciones y se mantuvo por encima de las 1.400 denuncias en la mayoría de las semanas analizadas.

El mayor número de expedientes se produjo durante la semana del 9 de febrero, cuando se contabilizaron 1.652 denuncias, el dato más elevado de toda la serie facilitada por el Ayuntamiento. A lo largo de marzo también se registraron varias semanas por encima de las 1.500 propuestas de sanción, mientras que abril y mayo mostraron un ligero descenso, aunque sin romper la dinámica de más de un millar de denuncias semanales.

La Policía denuncia y Gestrisam tramita

La respuesta remitida por el Área de Seguridad aclara además el reparto de competencias dentro del procedimiento sancionador. Según el documento, los agentes de la Policía Local levantan las denuncias y las remiten al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam), que es el órgano competente para iniciar los expedientes y resolver, en su caso, la imposición de las sanciones.

Esta precisión responde a una petición de información formulada por Con Málaga sobre el funcionamiento del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones y el número de denuncias tramitadas desde su entrada en vigor.

Un escenario marcado por la incertidumbre jurídica

La publicación de estos datos coincide con el debate abierto tras la sentencia del TSJA, que anuló la ordenanza municipal al considerar que el régimen sancionador vulnera determinados principios jurídicos al afectar únicamente a vehículos de fuera de Málaga capital en determinadas circunstancias.

No obstante, la resolución todavía no es firme y la Zona de Bajas Emisiones continúa aplicándose mientras el Ayuntamiento decide si presenta recurso ante el Tribunal Supremo o si opta por modificar la ordenanza para adaptarla al criterio fijado por la Justicia. Entretanto, las cifras conocidas evidencian que el volumen de denuncias se ha mantenido estable desde el inicio del régimen sancionador y que ya supera las 35.000 propuestas de sanción.

Con Málaga pide paralizar las multas y destinar la recaudación a movilidad sostenible

Tras conocer los datos, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado la suspensión del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones al considerar que la reciente sentencia del TSJA genera un escenario de inseguridad jurídica. La edil ha recordado que, en apenas seis meses, se han tramitado más de 35.000 denuncias, una cifra que, según sus cálculos, podría traducirse en una recaudación de entre 3,5 y 7 millones de euros, en función de cuántas sanciones se abonen con reducción por pronto pago o por el importe íntegro.

Morillas ha defendido que esa cantidad debería destinarse íntegramente a mejorar la movilidad sostenible en la ciudad. Entre las medidas planteadas, ha propuesto acelerar la construcción de los 5.000 aparcamientos disuasorios prometidos por el equipo de gobierno, además de reforzar el transporte público y renovar la flota de la EMT para ofrecer alternativas reales al uso del vehículo privado.

La portavoz adjunta también ha insistido en que la ordenanza de la ZBE debería modificarse para vincular su aplicación a la puesta en marcha de esos aparcamientos en los principales accesos a Málaga. Asimismo, ha criticado que, tres años después de que el Ayuntamiento anunciara este compromiso, todavía no se haya habilitado ninguna de las plazas previstas.