La ZBE de Málaga, un año después: qué ha pasado desde su implantación y por qué las multas siguen llegando pese a la sentencia del TSJA

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga vive uno de sus momentos más delicados desde que entró en funcionamiento el pasado año. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló parte de la ordenanza al considerar que el sistema de acceso daba un trato diferente a los vehículos domiciliados en Málaga y a los de otros municipios, ha abierto un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la regulación. Sin embargo, más allá del debate político y jurídico generado en las últimas semanas, hay una realidad que no ha cambiado: la ZBE sigue en vigor, las multas continúan tramitándose y el Ayuntamiento todavía no ha anunciado oficialmente qué decisión tomará para adaptar la ordenanza o si recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.

Una medida obligatoria

La creación de la Zona de Bajas Emisiones no fue una decisión exclusiva del Ayuntamiento de Málaga, sino el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar este tipo de zonas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Además, contar con una ZBE también forma parte de los compromisos adquiridos con la Unión Europea en materia de movilidad sostenible y es uno de los requisitos para acceder a determinadas ayudas destinadas a proyectos de transporte urbano.

La ordenanza que regula la ZBE fue aprobada en 2024 y la medida comenzó a aplicarse a finales de 2025. Desde el principio, sin embargo, su diseño generó críticas porque establecía un periodo transitorio que diferenciaba entre los vehículos domiciliados en Málaga capital y los registrados en otros municipios. En la práctica, durante esa primera fase solo podían ser sancionados los vehículos sin distintivo ambiental procedentes de fuera de la ciudad, mientras que los empadronados en Málaga disponían de más tiempo para adaptarse a las nuevas restricciones.

Miles de multas y un debate cada vez mayor

Con la entrada en funcionamiento del régimen sancionador comenzaron a acumularse las denuncias. En apenas dos meses ya se habían registrado más de 11.700 propuestas de sanción y, lejos de frenarse, el número ha seguido aumentando hasta superar las 35.000 en los seis primeros meses, según los datos facilitados por el Área de Seguridad del Ayuntamiento a una petición del grupo municipal Con Málaga.

El procedimiento apenas ha cambiado desde el inicio. La Policía Local controla los accesos a la ZBE, detecta las infracciones y remite las denuncias a Gestrisam, que es el organismo encargado de iniciar los expedientes sancionadores. La multa por acceder sin autorización asciende a 200 euros, aunque puede reducirse a 100 euros si se paga dentro del plazo establecido y, además, no implica la pérdida de puntos del carné de conducir.

Mientras las sanciones seguían creciendo, también lo hacían las críticas a la forma en la que se estaba aplicando la ordenanza. La oposición cuestionaba el diferente tratamiento entre los vehículos de Málaga y los del resto de municipios, mientras el Ayuntamiento defendía que existía un vacío legal que impedía sancionar a los coches con matrícula extranjera, una interpretación que otras ciudades españolas no compartían.

La sentencia del TSJA

El escenario cambió el pasado mes de junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó parcialmente el recurso presentado por Vox contra la Ordenanza de Movilidad. El tribunal concluyó que el criterio utilizado por el Ayuntamiento para permitir un trato distinto a los vehículos domiciliados en Málaga durante el periodo transitorio no estaba suficientemente justificado y vulneraba principios como la igualdad y la unidad de mercado, por lo que decidió anular esa parte de la regulación.

Aun así, la sentencia no cuestiona la existencia de la Zona de Bajas Emisiones. De hecho, los magistrados rechazan el resto de los argumentos planteados por Vox y dejan claro que las ZBE son una obligación legal para ciudades como Málaga y que la tramitación de la ordenanza fue correcta. El problema señalado por el tribunal se limita a la regulación del acceso y a las excepciones previstas para determinados vehículos, no a la existencia de la propia zona restringida.

El Ayuntamiento mantiene la ZBE mientras decide los siguientes pasos

Tras conocerse la resolución judicial, el alcalde, Francisco de la Torre, defendió la continuidad de la Zona de Bajas Emisiones y aseguró que la sentencia confirmaba precisamente que este tipo de medidas son legales y obligatorias. También explicó que los servicios jurídicos municipales estudiarían el contenido del fallo para determinar qué cambios serían necesarios en la ordenanza y garantizar la continuidad de la ZBE.

Desde aquellas declaraciones, sin embargo, el Ayuntamiento no ha vuelto a informar públicamente sobre qué camino seguirá. De momento, no ha comunicado si presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o si optará por modificar directamente la normativa para adaptarla a los criterios fijados por el TSJA.

Las multas siguen pese al enfrentamiento político

La sentencia también intensificó el debate político en el Ayuntamiento. Vox reclamó la suspensión inmediata del régimen sancionador y la devolución de las multas ya impuestas al considerar que la ordenanza no debería haber entrado en vigor en esas condiciones. Con Málaga, por su parte, también ha pedido paralizar las sanciones, aunque defendiendo la necesidad de redactar una nueva ordenanza acompañada de mejoras en el transporte público, más aparcamientos disuasorios y alternativas reales al uso del vehículo privado. El PSOE centró sus críticas en la gestión realizada por el equipo de gobierno durante todo el proceso.

Todas esas posiciones se trasladaron al Pleno celebrado el pasado 25 de junio, donde tanto Vox como Con Málaga presentaron mociones para suspender el régimen sancionador. Ninguna salió adelante. El equipo de gobierno insistió en que primero debía conocer el criterio de los servicios jurídicos antes de tomar una decisión definitiva y reiteró que la implantación de la ZBE sigue siendo una obligación legal para la ciudad.

¿Cuál es la situación actual?

A día de hoy, la situación apenas ha cambiado respecto a la que existía tras conocerse la sentencia, ya que el Ayuntamiento aún no ha dado una respuesta clara. El fallo del TSJA todavía no es firme y el régimen sancionador continúa funcionando con normalidad. Es decir, las cámaras siguen controlando los accesos a la ZBE, la Policía Local continúa formulando denuncias y Gestrisam mantiene la tramitación de los expedientes de todas las multas que se registran en la ZBE.

En la práctica, esto significa que la Zona de Bajas Emisiones sigue plenamente vigente y que las multas continúan imponiéndose mientras el Ayuntamiento decide cómo adaptar la ordenanza al criterio marcado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ese es, por ahora, el escenario en el que se encuentra una medida que continúa generando debate político y más de una duda entre los conductores.

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