Patrimonio
Málaga acumula 66 inmuebles del Estado sin uso, desde viviendas en El Palo a propiedades en Marbella
La provincia es la segunda de España con más bienes estatales sin utilización registrada, solo por detrás de Granada. El inventario incluye casas, locales, parcelas y plazas de garaje

Vista de las playas de la barriada de El Palo, el antiguo barrio de pescadores de Málaga donde la Administración tiene varias propiedades sin uso conocido. / L. O.
Málaga es la segunda provincia de España con más inmuebles del Estado sin uso registrado. En total, el inventario de la Dirección General de Patrimonio contabiliza 66 bienes públicos sin una utilización atribuida en distintos municipios malagueños, desde viviendas y locales hasta parcelas y plazas de garaje.
La cifra solo es superada por Granada, donde aparecen 125 propiedades en esta situación, y sitúa a Málaga por delante de León, Tarragona, Palencia, Almería y Madrid. El listado forma parte de un inventario nacional de 828 inmuebles de titularidad estatal que, según la información oficial, no están afectados a un servicio público ni arrendados o cedidos a terceros.
Viviendas y bienes del Estado sin uso en El Palo
Una parte destacada de las propiedades malagueñas se concentra en El Palo, el histórico barrio pesquero situado en el litoral de Málaga capital. En esta zona existen numerosos inmuebles levantados sobre dominio público marítimo-terrestre y todavía pendientes de regularización.
El inventario no detalla en todos los casos el estado de conservación, la superficie o las posibilidades reales de utilización de estos bienes. Patrimonio del Estado advierte, además, de que se trata de inmuebles de naturaleza muy diversa y que no todos reúnen condiciones de habitabilidad.
Propiedades estatales en Marbella, Benalmádena y Estepona
El listado también recoge bienes sin uso atribuido en municipios como Alhaurín el Grande, Benalmádena y Estepona, además de distintas propiedades localizadas en Marbella.
Entre los apuntes de la Administración figuran viviendas y plazas de garaje en urbanizaciones de lujo marbellíes, como Nueva Andalucía, o en la urbanizaciones Medina Garden y Marina Garden, en Puerto Banús. Se trata de áreas donde el precio de las viviendas puede superar ampliamente los 600.000 euros y alcanzar varios millones, dependiendo de sus características y ubicación.
La inclusión de estas propiedades en el inventario no significa necesariamente que todas estén abandonadas físicamente. La categoría utilizada por Patrimonio se refiere a edificaciones que oficialmente no constan como destinadas a un uso o servicio público ni cedidas o arrendadas a terceros.

Imagen de la urbanización Marina Garden, en Marbella, donde el Estado tiene propiedades sin usar. / L. O.
De dónde proceden los inmuebles del Estado
El patrimonio sin uso registrado tiene orígenes muy diferentes. Una parte corresponde a antiguas viviendas de funcionarios, promociones públicas, inmuebles transferidos entre organismos o propiedades que no llegaron a venderse.
También existen bienes incorporados al patrimonio estatal mediante herencias, decomisos, expropiaciones o reversiones de antiguas obras públicas. En algunos casos se han iniciado subastas que quedaron desiertas, mientras que en otros todavía se investiga quién es el propietario legítimo.
El Ministerio de Hacienda no ha concretado por qué estos 828 inmuebles continúan sin una utilización atribuida ni qué planes existen para su venta, rehabilitación o puesta a disposición de otras administraciones.
Málaga, segunda provincia de España con más propiedades sin utilizar
El reparto provincial sitúa a Granada a la cabeza, con 125 bienes, seguida de Málaga, con 66. A continuación aparecen León, con 45; Tarragona, con 38; Palencia, con 35; Almería, con 31; y Madrid, con 29.
La posición de Málaga resulta especialmente relevante en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda y la escasez de suelo disponible en numerosos municipios de la Costa del Sol. Sin embargo, el inventario no permite determinar cuántas de estas propiedades podrían destinarse de forma inmediata a uso residencial.
Antes de cualquier reutilización sería necesario conocer la situación jurídica, urbanística y material de cada inmueble, así como su posible afección al dominio público o la existencia de procedimientos administrativos pendientes.
Más de 800 inmuebles estatales sin uso en España
El inventario nacional comprende principalmente viviendas y locales, aunque también aparecen oficinas, solares, parcelas, garajes, trasteros, antiguos juzgados y construcciones históricas.
Entre los bienes más llamativos se encuentra un inmueble de más de 1.000 metros cuadrados en la calle Serrano de Madrid, cuyo valor se estima actualmente en unos doce millones de euros. El Estado ya intentó subastarlo en 2016 por 5,3 millones.
En Barcelona figuran propiedades situadas junto al Paseo Marítimo y en el edificio del antiguo centro comercial Moda Shopping. En Sevilla aparecen ocho inmuebles históricos en el Patio de Banderas, junto al Alcázar, mientras que en Soria el inventario incluye torres, torreones y castillos.
Granada lidera el inventario de propiedades estatales sin uso
Granada encabeza la relación nacional con 125 bienes. Parte de ellos se localiza en municipios como Almuñécar, Íllora y Maracena, aunque las mayores concentraciones aparecen en Pinos Puente y Puebla de Don Fadrique.
En estas dos localidades se contabilizan más de medio centenar de viviendas agrupadas en direcciones próximas, lo que apunta a que podrían proceder de antiguas promociones residenciales. En Rubite figuran otras once propiedades.
Almería, por su parte, suma 31 inmuebles, entre ellos sótanos en una urbanización de lujo de Mojácar, propiedades en Roquetas de Mar y 18 casas en Sorbas.
El inventario no garantiza que los bienes estén disponibles
Patrimonio del Estado precisa que no existe una categoría específica de «edificios públicos vacíos». La información facilitada agrupa bienes patrimoniales que no están destinados oficialmente a un servicio público, ni arrendados ni cedidos.
Esto implica que la relación puede incluir inmuebles en mal estado, afectados por procedimientos judiciales o administrativos, sujetos a limitaciones urbanísticas o cuya titularidad todavía se encuentre en estudio.
También se han detectado casos en los que el inmueble sí tiene algún uso, pese a que el inventario administrativo no lo refleje correctamente. Por ello, la relación debe interpretarse como una fotografía patrimonial y no como un catálogo de propiedades disponibles de manera inmediata.
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