La Fiscalía abre diligencias por los movimientos de tierras en la parcela donde iba a ir la Nueva Rosaleda, en el Puerto de la Torre

La Fiscalía Provincial de Málaga, a través de la sección especializada en delitos contra la ordenación del territorio, ha acordado abrir diligencias de investigación, tras la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos de la Junta de los Caminos y Diseminados.

Como informó La Opinión, el colectivo vecinal denunció ante la Fiscalía el movimiento de 197.707 m3 de tierras y escombros, "ilegalmente vertidos", para nivelar una parcela próxima a la Junta de los Caminos, en la parte norte del Puerto de la Torre, una de las dos que se barajaban como terreno para la Nueva Rosaleda, junto con la de Teatinos.

Se da la circunstancia de que esta parcela está clasificada como Sistema General de Interés Territorial, destinado a equipamientos metropolitanos.

La Fiscalía ha pedido además a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga que el Seprona investigue "los hechos denunciados, su trascendencia penal y las personas denunciables". En concreto, por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito sobre la Ordenación del territorio por parte del promotor. Pero también, por si hubiera prevaricación por omisión por parte del Ayuntamiento, por posible falta de ejecución efectiva de resoluciones que ordenaban la suspensión de las actuaciones y la reposición de los terrenos a su estado anterior.

En declaraciones a este periódico, Salvador Romero, dirigente vecinal y antiguo empleado de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), calificó la apertura de diligencias de "un paso importante", dado que se trata de un expediente "que lleva desde 2022 sin ejecutarse la orden de restauración de la GMU, y que confirma lo que veníamos denunciando ante el Defensor del Pueblo Andaluz y el Ayuntamiento".

Movimientos de tierra sin licencia de obra

Como informó este periódico, el promotor de esta actuación es Antonio Otero quien, según denuncian los vecinos, no es propietario de la parcela y que llevó a cabo los movimientos de tierra sin licencia municipal. Por todo ello, las obras recibieron, en junio 2020, una primera denuncia de la Policía Local y por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en febrero de 2021, una orden de «paralización inmediata». Al año siguiente, en enero de 2022, la GMU dictó una «orden de reposición de la parcela a su estado previo al relleno y nivelación».

La Gerencia Municipal de Urbanismo dio entonces una semana de plazo para iniciar el cumplimiento de la orden, y seis semanas para ejecutarlas. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento comunicaba que el promotor se enfrentaba a doce multas coercitivas del 10 por ciento del valor de las obras (un mínimo de 600 euros al mes) o a la ejecución subsidiaria. Los vecinos critican que, hasta la fecha, solo se le ha impuesto «la primera multa coercitiva, que sepamos», explica este miércoles el presidente vecinal Rafael Linares.

Un promotor reincidente por hechos idénticos, denuncian los vecinos

Los vecinos también hicieron hincapié en el escrito de denuncia en que se trata de un promotor reincidente, dado que ya fue objeto «de paralización de obras y expedientes sancionadores por hechos idénticos (...) en otras parcelas próximas», en 2018 y 2019.

Por otra parte, en octubre de 2024, el Consistorio desestimó el recurso que este promotor interpuso. Sin embargo, la asociación de vecinos denunció que la actividad ilegal había continuado tanto en 2025 como en 2026, sin que hubiera restaurado el terreno, hasta la fecha.

"Cada vez que le interesa, manda camiones y excavadoras y se lleva la tierra de ahí"

Como manifestaba a La Opinión el mes pasado Salvador Romero, «cada vez que le interesa, manda camiones y excavadoras y se lleva la tierra de ahí; lo restablece a su ritmo, cuando eso tenía un plazo». Además, alertaba de que «dentro de equis tiempo, como el Ayuntamiento no ejecute por ejecución subsidiaria, ya no hay quien mueva eso de ahí; y si no se mueve, ¿quién retira toda esa tierra?», se preguntaba.

Por otro lado, y como señaló Salvador Romero, el colectivo vecinal también ha llevado el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, que solicitó información al Ayuntamiento de Málaga en tres ocasiones (en marzo, abril y junio de este año), «ante la falta de respuesta», comunicó este organismo a los vecinos.

La respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales ya declararon en junio a La Opinión que el expedientes de infracciones «sigue su trámite», y recordaron que la GMU pueden incoar «hasta 12 procedimientos sancionadores que llevan aparejados multas coercitivas», por un importe del mencionado 10 por ciento. También señalaron entonces que, si la denuncia era admitida a trámite por la Fiscalía, como ha sido el caso, «el procedimiento sancionador se suspende hasta que se resuelve el judicial».

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