Vivienda
Cristina, una madre maltratada y con dos hijos busca casa en Málaga: "Lo único que quiero es una vivienda digna para mis hijos"
Cristina Bermúdez, una malagueña maltratada de 28 años, tuvo que dejar su ciudad natal y marcharse a Lucena. Madre de dos menores, uno de ellos autista, critica que no pueda acceder a una vivienda municipal en Málaga. Contará su caso en el próximo pleno ordinario. Vox aprovechará para pedir en una moción la prioridad nacional en la adjudicación de viviendas.
Cristina Bermúdez, con sus dos hijos en el exterior del Ayuntamiento de Málaga. / A.V.
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«Lo único que quiero es una vivienda digna para mis hijos en Málaga», cuenta Cristina Bermúdez.
Esta malagueña de 28 años, víctima de violencia de género y con una orden de alejamiento en vigor de su primera pareja, hablará en el próximo pleno ordinario de julio para contar su caso: la búsqueda, hasta ahora infructuosa, de una vivienda en Málaga capital para ella y sus dos hijos de 2 y 7 años; el mayor de ellos con autismo y una discapacidad que ronda el 50 por ciento.
Como explica, la presión inmobiliaria le ha obligado a marcharse con sus hijos a Lucena (Córdoba), donde lleva empadronada casi dos años. La suya es una familia monoparental y tiene la patria potestad de los pequeños.
Carmen Bermúdez optó a esta promoción de viviendas del IMV en la ampliación de la Universidad, sin suerte. / Ayuntamiento de Málaga
Cristina Bermúdez, en su condición de víctima de violencia de género, sí pudo participar el pasado 9 de abril en un sorteo de una promoción de VPO del Instituto Municipal de la Vivienda, en la zona de ampliación de la Universidad de Málaga. Sin embargo, no hubo suerte y no fue una de las demandantes que consiguió una vivienda.
«Con una nómina de 1.250 euros no me alquila nadie»
El próximo mes de agosto, explica, «se me acaba en Lucena el contrato de 380 euros de alquiler, que es lo que estaba pagando», y en su ciudad natal, donde también nacieron sus hijos, le resulta imposible encontrar algo acorde con su sueldo. «Aquí en Málaga, si digo que tengo niños, nadie me alquila. Pero con una nómina de 1.250 euros no me alquila nadie, y eso que no debo nada, estoy al corriente de pago».
Como recalca, su sueldo es lo único que entra en casa, aparte de 255 euros como prestación para su hijo autista. «Es un dinero para las terapias de mi hijo y ahora, por ejemplo, lo tengo en una ludoteca por las mañanas, y eso cuesta dinero», recalca.
Lo que pido es una vivienda en Málaga para que mis hijos vuelvan a su ciudad y estén tranquilos»
Mientras tanto, lamenta, la vía municipal la tiene cerrada. «Estoy cansada de pedirle citas al alcalde, que me manda a que me atiendan trabajadoras sociales, que lo único que me dicen es que me pueden dar ayuda económica; cuando yo, económicamente estoy bien, gracias a Dios, y no me hace falta».
Cristina Bermúdez, con sus hijos y los concejales de Vox, Yolanda Gómez y Antonio Alcázar. / A.V.
Además, señala, otra solución que le da el Ayuntamiento de Málaga «es que me quede en Lucena, cuando yo lo que pido es una vivienda en Málaga de la que pueda hacerme cargo del alquiler, para que mis hijos vuelvan a su ciudad y estén tranquilos», al tiempo que recuerda que su hijo con autismo «sufre con los cambios», y ha tenido por ello pérdida de pelo.
Moción de Vox para pedir la prioridad nacional
La concejala del grupo municipal Vox, Yolanda Gómez, en declaraciones a La Opinión, llamó la atención sobre el hecho de que Cristina Bermúdez solo ha podido participar en un sorteo de una VPO en Málaga, por su condición de víctima de violencia de género; pues, en caso contrario, no habría podido, al no estar empadronada.
Yolanda Gómez señaló que su grupo propondrá en el próximo pleno de julio, tras la intervención de esta madre, una moción para, al igual que en el punto 49 de los pactos firmados por el PP en Andalucía, pedir la prioridad nacional, y «establecer la exigencia del arraigo real y prolongado basado en el empadronamiento histórico en Andalucía y en España de, mínimo, 10 años para el acceso a la vivienda pública, y 5 años para el alquiler social».
Clara, una vecina, con un certificado de un falso empadronado en Pinosol recibido por su hermana. / Álex Zea
Además, como establece el punto 21 de los pactos en Andalucía, Vox pedirá la creación de «un servicio de verificación del fraude del patrón y de la residencia efectiva», para evitar «el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales». Un uso fraudulento del patrón que Vox ya denunció en un bloque en la barriada de Pinosol el pasado mayo, como informó este diario.
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