Ángel Sánchez Blanco: «En España no hay división de poderes sino unidad de poder y división de funciones»

¿Por qué decidió escribir este ensayo?

Tiene su origen en la inquietud de gente joven, recién licenciada, que en los últimos años ha acudido a mí para que le explicara lo que está pasando. Por eso, la recopilación de datos está pensada para que pueda ser útil al biólogo, al geógrafo o al pedagogo.

Y lo que sostiene es que en España no hay separación de poderes, ni siquiera en la Constitución.

La Constitución Española tiene un modelo que no se aleja de la Ley Orgánica del Estado de 1967, que decía que el Estado español se configura como una estructura de unidad de poder y división de funciones; no de poderes.

El único árbitro que funciona bien en el Estado español es el deportivo"

¿En qué se manifiesta en nuestros días?

En que soy presidente del Gobierno y nombro a los directivos de todos los organismos relevantes, desde la Televisión hasta la Comisión del Mercado de Valores. Y en las Cortes, se realiza un simulacro donde sabemos que se ratifica todo lo que se propone. O, por ejemplo, a través de la mayoría parlamentaria se determina la composición del Tribunal Constitucional, con lo cual el ‘árbitro de la Judicatura’ está muy condicionado, mientras que los miembros del Consejo del Poder Judicial tienen sus respectivos ‘dorsales’. El único árbitro que funciona bien en el Estado español es el deportivo.

Se muestra muy crítico al afirmar que hay un bloqueo del ciudadano en la configuración de las instituciones democráticas.

No somos ciudadanos, somos simples administrados. Y la propia estructura de la Administración está diseñada para que no responda ante los ciudadanos. Está claro que hay una administración muy eficaz que es la Tributaria. ¿Por qué no informatiza usted todas las administraciones con el mismo programa? No interesa.

Si no se ha cambiado el sistema electoral es porque todos los partidos están muy a gusto con él"

Y seguimos con un sistema electoral que, según usted, es preconstitucional: se diseñó para favorecer a la UCD de Suárez.

Y para solo una vez. Y si no se ha cambiado es porque todos los partidos están muy a gusto con él. Además, hay una situación muy singular: el Partido Nacionalista Vasco, al pactar con el PSOE le ha dicho: pacto contigo, pero no se modifica la ley electoral.

Esta situación afecta, según usted, a la propia Unión Europea: España es el único país que no ha ratificado aún el reglamento electoral europeo.

Porque fija un porcentaje que implicaría que los partidos nacionalistas no tendrían representante en la Cámara europea. No deja de ser una anécdota, lamentablemente patológica, del conjunto del Estado.

¿Abogaría por un sistema como el del Reino Unido con parlamentarios que tienen que responder a sus electores en cada circunscripción?

Tiene que haber una territorialización del representante, que es el secreto del Reino Unido y también de los Estados Unidos: claramente, uno está identificado con el Estado que representa.

¿Tenemos en España, como decía Jiménez de Parga, partidos políticos de empleados?

Por supuesto. Los ‘empleados’, más todos los diputados y todo el entorno del diputado con su gabinete de apoyo y todas esas cosas. Es decir, ahí se entra previa confesión de identificación con la ‘empresa’.

¿En qué perjudica a la Democracia esta situación?

Pues se produce una disminución de la crítica interna pero también, impide que pueda haber una concreción de objetivos en el ámbito territorial autonómico, provincial y estatal: A ver cuándo se acaba la red ferroviaria.

Un decreto ley es algo excepcional que debe tener una denominación clara, y no una serie de medidas en las que se mete de todo"

Un efecto del excesivo presidencialismo que detecta en España es el abuso del decreto ley.

Por supuesto. Estamos en la XVª Legislatura y no hay leyes, hay decretos leyes y además, ‘malévolos’, porque un decreto ley es algo excepcional que debe tener una denominación clara, y no una serie de medidas en las que se mete de todo. La referencia legal siempre tiene que ser precisa y nítida y ahora, a la hora del ejercicio del Derecho, la incertidumbre es total. Es un fraude político y un atentado a la dignidad del ciudadano y el ejercicio de la profesión jurídica. ¿Tolera el Consejo de Estado esta chapucería jurídica? Es un sitio de parásitos políticos, de gente mayor a la que le pagan los servicios prestados. Por la función que desempeña, usted está ahí para filtrar errores, para eludir desviaciones y para evitar que la unidad de poder distorsione el conjunto del sistema. Jefferson ya decía que al presidente hay que controlarlo. ¿Por qué?, porque la Presidencia se presta al desvarío.

En referencia los ‘dorsales’ políticos del CGPJ, ¿debe ser elegido por los jueces?

Claro. ¿Quién sabe cómo hay que organizar los juzgados de Málaga sino los que están en los juzgados de Málaga? Más que nada es una cuestión de eficacia.

El Gobierno central habla mucho estos días de persecución judicial (en inglés, ‘lawfare’).

Puede haber intencionalidad en la judicatura, pero vamos, no están todos de acuerdo en la intencionalidad. Además, por lo que se puede ver son hechos probados. No lo dicen los jueces, lo dicen la Guardia Civil, la Policía Nacional y lo dicen documentos.

Tenemos el Archivo de Indias, los mejores archivos históricos del mundo, y no tenemos archivos administrativos"

Hablando de documentos, es un gran defensor de los archivos en la Administración española.

Los archivos de las autoridades son una risión. En la transmisión de poderes del presidente del Gobierno, se llame González, Aznar o Rajoy, da la casualidad de que nunca nadie ha recibido transferencia de documentación. Estuve asesorando, con Esther Cruces, en la Ley de Procedimiento Administrativo del año 92 e insistimos mucho en la idea de recuperar los registros y archivos, para tener la base documental del ciudadano, y las propias administraciones, para poder controlarlas. ¿Y qué pasa?, que tenemos el Archivo de Indias, los mejores archivos históricos del mundo, y no tenemos archivos administrativos.

En el libro se muestra muy crítico con el actual Senado.

Creo que ser senador es la situación jurídica más lamentable que puede tener un ciudadano español. ¿Para qué sirve?, ¿para incordiar al Gobierno de turno? Es una cámara que tiene que colaborar con la otra y las dos, Congreso y Senado, por aquello de la coyuntura electoral se dedican bloquearse una a la otra. Un senador electo por Málaga, ¿qué representa?

Por qué cree que no se da el paso de convertirla, como en Estados Unidos, en cámara de representación territorial; en nuestro caso, de las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas.

Esa es la cuestión. Quizás de haberla tenido el problema catalán no se habría expresado como se expresó. El Senado es una broma. Hoy es decorativo, una unidad de gasto inútil.

El Senado hoy es decorativo, una unidad de gasto inútil. Y el Defensor del Pueblo no tiene relevancia ninguna"

Y si según usted el Senado es decorativo, ¿cómo ve la figura del Defensor del Pueblo?

No tiene relevancia ninguna. En Jaén, delante del entonces Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, dije: No es coherente que se monte tanta estructura para que todo quede en que, de la administración de la que se quejan, el defensor dé una recomendación. Lo que tiene es que ser árbitro. Hoy en día, la comparecencia del Defensor del Pueblo en las Cortes muestra su irrelevancia: no asisten ni los miembros de la comisión.

Considera además que, la legislatura actual, la XVª, es en la que más se evidencia la falta de división de poderes.

La ‘unidad de poder’ de la que hablaba se ve muy claramente en quien ahora mismo es ministro de la Presidencia, ministro de Relaciones con las Cortes, y ministro de Justicia. Es decir, la tripleta. Está el presidente del Gobierno, pero luego está el que articula las tres cosas en un mismo ministerio. En esta legislatura se ha perdido la ética y la estética. Aznar era menos antiestético.

Creo que habría que ir a las fuentes, es decir, que nos autoadministremos"

Además de repasar los fallos del sistema, propone soluciones. Entre ellas, la transformación definitiva de España en un Estado federal.

Lo defiendo y si me apuras, me remito a los comuneros -Padilla, Bravo y Maldonado-. Creo que habría que ir a las fuentes, es decir, que nos autoadministremos. La OCDE ya nos considera un Estado federal y, de hecho, el gasto ya está federalizado. Lo que ocurre es que, al final, las autonomías tiene más gasto que la administración central.

Funcionaría mejor España como un Estado federal.

Sí.

¿Cómo deberían funcionar las cámaras?

El Senador debería transformarse en cámara territorial, para que todos los aspectos vinculados a la territorialización y la inversión estén ahí. En cuanto al Congreso de los Diputados, que se dedique a la legislación y a la programación o planificación, porque ahora mismo no hay. Es decir, hemos tenido unos fondos europeos que hubieran dado para resolver todas las cuestiones de infraestructuras y seguimos igual. ¿Dónde se han ido los 127.000 millones últimos? ¿Cómo se hace una programación?, pues pronúnciense las autonomías, elabórese un proyecto de ley en las cámaras legislativas y apruébese. Y podemos ver en una perspectiva de 10, 15 años, las inversiones del Estado español.

¿Cree que en un Estado federal, con las competencias fijadas con claridad, habría menos dependencia de los partidos nacionalistas?

En la medida en que un Senado articule a todos, tendrán todos que intervenir. Los pactos bilaterales -con Cataluña y el País Vasco- lo único que hacen es potenciar al caudillo, para hacer de Sánchez presidente del Gobierno o presidente al exministro de Sanidad; y los demás, a la cola.

Cortemos la ‘singularidad’. Los privilegios son incompatibles con la Democracia"

En este sentido, ¿permitirán los partidos nacionalistas un Estado federal?

Tendrían que se conscientes de su dimensión: el País Vasco cabe en la provincia de Granada y creo que también en la de Málaga. Ya está bien de incordiar con la legitimidad del terrorismo, que es mala legitimidad, además. Con cierto detalle reproduzco en el libro el debate parlamentario de la Constitución, al hablar de los fueros, cuando Arzallus dice que esto es para todos. Entonces, volvamos a ese criterio y cortemos la ‘singularidad’. Los privilegios son incompatibles con la Democracia. Votamos de forma periódica, pero que no se llame a esto democrático. Para eso tiene que haber una estructura previa. Un motor se define por una serie de componentes, y si falla una pieza, ya no es un motor.

¿Los fallos que expone en el libro, proceden de la Constitución o de la mala interpretación que se hace de ella?

Hay fallos de estructura. Mientras no exista división de poderes, no me hable usted de Democracia.

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