Los vecinos del Centro de Málaga llevan a juicio al Ayuntamiento por no controlar los pisos turísticos: "Nunca debió normalizarse"

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha presentado un contencioso-administrativo, admitido a trámite, en el que solicita a la Justicia que se declare "contraria a Derecho la falta de control de la actuación municipal", con respecto a los pisos turísticos en edificios residenciales, informa el colectivo en una nota de prensa.

Por este motivo, los vecinos reclaman que se ordene al Consistorio "realizar las actuaciones que correspondan, con el fin de proceder al restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada".

A este respecto, los vecinos del Centro defienden que, "en todo momento", el Ayuntamiento de Málaga ha tenido las competencias que regulan las viviendas de uso turístico, como establece el PGOU de 2011.

En concreto, el artículo 6.4.1., que define los servicios terciarios, incluido el hospedaje, así como el 6.4.2, que regula el mencionado hospedaje y señala que solo podrá desarrollarse, "en un edificio destinado total o parcialmente a vivienda solo en el caso de que disponga de que disponga de elementos de acceso y evacuación adecuados e independientes de los del resto del edificio, así como de instalaciones generales (luz, agua, teléfono etc.) asimismo totalmente independientes de las del resto del edificio".

Se da el caso, además, que el mismo enunciado podía encontrarse hace 29 años, en el PGOU de 1997.

El 72 por ciento de los pisos turísticos de Málaga incumple el PGOU

En la práctica, recuerdan los vecinos, esto excluiría aquellas viviendas de uso turístico "que comparten entrada al edificio, portal, escaleras, ascensor, suministros y zonas comunes con los vecinos".

Siguiendo esta pauta, y como informó La Opinión en marzo, según un estudio de Julián Molina, profesor de Economía en la Universidad de Málaga, al menos el 72 por ciento de los pisos turísticos de Málaga estaría fuera de ordenación al no cumplir lo que establece el actual PGOU.

"Podría incluir en una actuación ilícita (...) por presunto delito de prevaricación"

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo continúa su comunicado subrayando que el Ayuntamiento "está obligado a cumplir y hacer cumplir las normas y leyes" y que "de no actuar en consecuencia podría incurrir en una actuación ilícita con consecuencias incluidas en sede penal, por un presunto delito de prevaricación, perseguible de oficio (artículo 320 del Código Penal)".

Como informó este periódico, la presentación de esta demanda no coge de sorpresa al equipo de gobierno de Francisco de la Torre, pues en noviembre de 2024 la asociación de vecinos presentó una acción pública urbanística por incumplimiento por omisión, para que el Consistorio actuara de oficio y restableciera la legalidad urbanística.

Como lamentan fuentes vecinales, el Ayuntamiento de Málaga no se puso en contacto con la asociación.

Para el colectivo vecinal del Centro Histórico -el barrio de Málaga con más concentración de pisos turísticos- "durante años se ha pretendido presentar como normal lo que nunca debió normalizarse: convertir viviendas de vecinos en alojamientos turísticos dentro de comunidades residenciales, cargando sobre los residentes y vecinos las consecuencias de un negocio privado de hospedaje turístico".

Los vecinos consideran que "no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se expulsa a los vecinos de sus hogares, se encarece el alquiler y la vivienda, se deteriora la convivencia en los barrios adulterando su carácter vecinal y residencial, destruyendo así el tejido social y urbano de la ciudad".

El comunicado vecinal concluye resaltando que "las casas no son hoteles" y se reafirma en el compromiso de defender en los tribunales la seguridad jurídica y el legítimo derecho de los vecinos a vivir en sus hogares, sin que los edificios residenciales sean convertidos en hoteles encubiertos".

Hasta un 81 por ciento de pisos turísticos en la plaza de la Merced

Según datos del pasado junio, Málaga capital reúne el mayor número de viviendas turísticas de la provincia (8.288 unidades con un total de 34.724 plazas) En cuanto a la provincia, cuenta con un total de 45.176 unidades. Las cifras son, respecto a las de la anterior oleada del estudio -noviembre de 2025-, algo superiores en número de viviendas y algo más bajas en volumen de plazas.

La tasa de pisos turísticos en Málaga capital es del 3,17%, aunque dentro de ese conjunto, siguen destacando especialmente las áreas del Centro Histórico. El entorno del Soho alcanza el 15,4%, mientras que una amplia parte del Centro, situada a ambos lados de la calle Granada, está en el 45%.

La zona dentro del perímetro que forman la Alameda, calle Larios, calle Compañía y el pasillo de Santa Isabel tiene un 25%, una tasa que llega al 52% en la calle Carretería y su entorno. Otras áreas del Centro también se mueven en el 15%. Por encima de todas ellas aparece el área de la plaza de la Merced, con un altísimo 81% -que, sin embargo, llegó a ser del 90% en 2025-.

Como también informó este periódico, un estudio del catedrático de la UMA Enrique Navarro demuestra que si en una zona de Málaga se alcanza un 10 por ciento de pisos turísticos, se produce un aumento del alquiler de un 31 por ciento, por lo que un volumen apreciable distorsiona el mercado de la vivienda en ese entorno.

"Un cáncer para las comunidades de vecinos donde se han implantado"

En declaraciones este martes a La Opinión, el presidente vecinal Carlos Carrera, manifestó que "las viviendas de uso turístico constituyen un fenómeno que ha supuesto un auténtico cáncer para las comunidades de vecinos donde se han implantado y una auténtica amenaza para la vida vecinal".

Además, criticó los pisos turísticos por "provocar un importante deterioro en el tejido social y urbano de los barrios, al haber sido la puerta de entrada de un turismo masivo", lo que, a su juicio, tiene como consecuencia que, en esos barrios, "se atiendan las necesidades de la población turística, en lugar de la población residente", lo que afecta a la red de suministros.

Carlos Carrera también denunció que los pisos turísticos "han encarecido el alquiler de las viviendas", y recordó que el Banco de España incluso eleva a "un 40 por ciento" y no a un 31 como en el estudio de Enrique Navarro, la subida del alquiler por efecto de las viviendas turísticas en la zona.

El presidente ha puesto de ejemplo ciudades como Ámsterdam, Roma, Lisboa, Nueva York, Madrid o París "que han intentado protegerse de este fenómeno" y lamentó que Málaga, "que tenía en su ordenamiento municipal las herramientas para protegerse de este fenómeno", no lo hiciera.

Francisco de la Torre: "Hemos actuado de acuerdo con las normas de la Junta"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respondido este martes al contencioso de los vecinos asegurando que "hemos actuado de acuerdo con las normas de la Junta". El regidor, que informó de que desconocía la demanda, informó de que el equipo de gobierno la iba a estudiar.

Como informó este periódico, el Ayuntamiento de Málaga comenzó a aplicar el PGOU en relación con esta polémica materia tras aprobar la Gerencia Municipal de Urbanismo, en junio de 2024, una instrucción sobre aplicación de la normativa urbanística a las viviendas de uso turístico.

El argumento del Consistorio para no aplicar hasta entonces su propio ordenamiento es que, como ya adelantó Francisco de la Torre, no tenía competencias para ello hasta que no entró en vigor el Decreto 31/2024 de la Junta de Andalucía, lo que sí le permitió aplicar lo dispuesto en el artículo 6.4.2. del PGOU. Además, también puso en marcha, en agosto de 2025, una moratoria de tres años de pisos turísticos.

Además, en el capítulo de las reacciones, y como también ha informado este diario, la concejala de Con Málaga, Toni Morillas, ha apoyado el recurso contencioso-administrativo de los vecinos y criticado a Francisco de la Torre por "llevar años mirando hacia otro lado y permitiendo que los pisos turísticos incumplan la normativa urbanística desde hace 15 años”

El Supremo en 2020: los ayuntamientos sí tienen competencia

No es la primera vez que se dirime en los tribunales el margen de maniobra de los ayuntamientos con las viviendas de uso turístico (VUT). Así, el Tribunal Supremo, en su sentencia 1150/2020 de 19 de noviembre, estimó, en relación con el Ayuntamiento de Bilbao, que, puesto que las VUT pueden sustraer "parque residencial previsto por el planificador", las corporaciones locales están plenamente legitimadas e incluso obligadas "a promover la ordenación urbanística necesaria que concilie la satisfacción del derecho a la vivienda con el destino de determinadas viviendas al alojamiento turístico, sin que resulte razonable la alternativa de dejar en manos del mercado la decisión al libre albedrío de los propietarios de las viviendas".

En esa sentencia, el Tribunal Supremo manifestó que los consistorios sí tienen potestad para regular, en sus planes generales de Urbanismo, el uso de los alojamientos turísticos.

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