Vecinos reclaman al Ayuntamiento de Málaga que siga persiguiendo los movimientos de tierra sin licencia donde iba a ir la Nueva Rosaleda

Los vecinos de la Junta de los Caminos, al norte del Puerto de la Torre, representados por la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados, han reclamado en un escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo que no suspenda sus actuaciones contra los movimientos ilegales de 197.707 m3 de tierra y escombros, vertidos en una de las parcelas donde se planteó construir la Nueva Rosaleda, al norte del Puerto de la Torre.

Como informó este periódico, la asociación de vecinos llevó este caso tanto al Defensor del Pueblo Andaluz como ante la Fiscalía Provincial de Málaga, y este último organismo ha abierto diligencias; en concreto, ha pedido al Seprona que investigue la denuncia vecinal.

Suspensión del expediente sancionador, según el Ayuntamiento

Los vecinos responden así a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, quien en la Comisión de Urbanismo de este lunes, y como informó La Opinión, manifestó que quería ser "prudente, porque, como ustedes han planteado una denuncia, será por fin la Justicia la que determine si llevamos o no razón".

Con anterioridad, el jueves 16 de julio, fuentes municipales precisaron a La Opinión que ante la entrada en escena de la Fiscalía, "el procedimiento sancionador se suspende, hasta que se resuelva el judicial".

En concreto, resaltan los vecinos en un comunicado, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha impuesto una multa coercitiva, de un total de 12 posibles, desde que hace cuatro años y medio, en enero de 2022, dictó una orden de reposición de la parcela a su estado previo al relleno y nivelación. Fuentes vecinales recuerdan que se trata de dos procedimientos distintos (restablecimiento y sancionador) y que el primero, el de restablecimiento, debe continuar con independencia de lo que haga la Fiscalía, al tiempo que, por ley, el procedimiento sancionador se suspende, pero no porque entre la Fiscalía en escena, sino porque debe ultimarse el de restablecimiento.

Las diligencias no eximen a la Gerencia Municipal de Urbanismo de seguir actuando

Además, argumentan los vecinos en el escrito dirigido el martes a Carmen Casero, que las diligencias de investigación penal "son actuaciones preprocesales del Ministerio Fiscal", y por tanto, "no constituyen procedimiento judicial alguno".

Por otro lado, sostiene la asociación de vecinos, las actuaciones de la Fiscalía y de la GMU persiguen fines distintos: las primeras, averiguar si hay "responsabilidad penal de las personas físicas", mientras que la orden de restablecimiento de la Gerencia, medidas que buscan restablecer la legalidad urbanística, "no tienen naturaleza sancionadora, sino estrictamente reparadora, y son, por ello, compatibles e independientes de la responsabilidad penal".

Por tanto, entienden los vecinos que el Ayuntamiento no está eximido "de su deber de ejecutar los actos administrativos firmes"

Ejecución subsidiaria ante el riesgo de que prescriba la orden municipal

Por otra parte, consideran los vecinos, en su escrito a la concejala Carmen Casero, que después de más de cuatro años sin que se haya logrado que el supuesto infractor reponga la parcela a su estado anterior, solo queda que sea la propia Gerencia Municipal de Urbanismo la que ejecute la actuación de forma subsidiaria, es decir, que devuelva los terrenos al estado anterior a los movimientos de tierra, y luego pase la factura.

Para los vecinos, las multas son un medio "manifiestamente ineficaz e insuficiente ante la gravedad y magnitud de la infracción". Además, alertan los vecinos de que existe el riesgo de que prescriba la acción de restablecimiento, "con el efecto jurídicamente inadmisible de que el infractor", que además es reincidente, "termine por consolidar en el tiempo una actuación ilegal".

El Defensor del Pueblo Andaluz y la consolidación de "un daño territorial y ambiental de 197.707 m3 de tierras y escombros

En otro orden, la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados envió ayer martes un escrito a Jesús Maetzu, Defensor del Pueblo Andaluz, para que no dé por cerrada la denuncia vecinal, y continúe supervisando el trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Como en su día informaron los vecinos, el Defensor del Pueblo Andaluz llegó a solicitar información en tres ocasiones este año (marzo, abril y junio) al Ayuntamiento de Málaga, "ante la falta de respuesta" del Consistorio.

Para la asociación de vecinos, el Defensor del Pueblo Andaluz no debe privar a la ciudadanía de "control externo sobre la persistente inactividad administrativa durante todo el tiempo que dure la instrucción penal", dado que puede prolongarse "durante años", y se puede producir, como ya recuerdan al Ayuntamiento de Málaga, "que se consolide un daño territorial y ambiental de 197.707 m3 de tierras y escombros vertidos ilegalmente", calificado por el propio Ministerio Fiscal como "progresivo e irreversible".

Según informaron los vecinos en su escrito a la Fiscalía, el promotor de esta actuación es Antonio Otero, que no es el propietario de los terrenos. Además, informan de que Otero ya ha sido objeto de "paralización de obras y expedientes sancionadores por hechos idénticos (...) en otras parcelas próximas" en 2018 y 2019.

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