Con Málaga pide un catálogo municipal para blindar el comercio histórico ante la subida de alquileres comerciales tras el cierre de la Tetería San Agustín

El Grupo Municipal Con Málaga defenderá el próximo lunes en la Comisión de Economía y Comercio del Ayuntamiento una moción para frenar la desaparición del comercio histórico y tradicional de la ciudad, un fenómeno que la formación atribuye al encarecimiento de los alquileres comerciales y a la creciente turistificación del centro.

La propuesta llega pocos días después del cierre de la Tetería de San Agustín, un establecimiento con más de tres décadas de actividad en la calle homónima que ha dado paso a un supermercado. Con Málaga cita este caso como el más reciente de una lista que incluye el Café Central, la Papelería Cervantes, la Confitería Aparicio y La Costa Azul, entre otros negocios cerrados en los últimos años.

"La ciudad pierde un fragmento de su historia"

La portavoz, Toni Morillas, sostiene que el problema no es solo económico: "Proteger el comercio histórico y tradicional significa proteger la memoria y la identidad de Málaga. Cuando desaparece un establecimiento histórico no solo cierra un negocio; la ciudad pierde un fragmento de su historia y un elemento que la hace única".

Morillas atribuye estos cierres a un mercado inmobiliario en el que, según denuncia, solo grandes cadenas, franquicias y fondos de inversión pueden asumir el coste de los locales más céntricos. "No estamos ante una evolución natural del comercio, sino ante un modelo urbano que favorece que únicamente quienes pueden pagar alquileres desorbitados permanezcan en las calles más emblemáticas de Málaga", ha señalado.

La edil considera además que "cada comercio histórico que desaparece hace que Málaga se parezca un poco más a cualquier otra ciudad", en referencia al avance de franquicias, supermercados de conveniencia y negocios orientados a un consumo turístico de paso allí donde antes había comercios singulares.

Nueve medidas, con la ordenanza como eje central

El texto que se someterá a votación consta de nueve acuerdos. El más concreto es el inicio de los trámites para una ordenanza de protección del comercio histórico que contemple ayudas, subvenciones, bonificaciones y exenciones fiscales, además de medidas para conservar fachadas y rótulos originales.

A esa ordenanza se sumaría un Catálogo Municipal de Comercios y Establecimientos Históricos y Tradicionales, que Con Málaga plantea elaborar en un plazo máximo de doce meses junto a asociaciones vecinales, de comerciantes, colegios profesionales y la Universidad de Málaga, para identificar qué negocios merecerían protección por su antigüedad, arraigo o valor patrimonial.

La moción incluye también la redacción de un Plan Municipal para la Protección, Promoción y Continuidad del Comercio Histórico y Tradicional, con medidas de apoyo económico, asesoramiento, relevo generacional, digitalización y modernización. A ello se suma un programa de ayudas específico para los negocios más afectados por las subidas de alquiler y un estudio sobre la evolución de estos precios en la última década, que analizará su incidencia en el cierre de establecimientos y en la homogeneización del tejido comercial.

Entre las medidas más singulares figura el impulso de la candidatura del comercio histórico tradicional del Mediterráneo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, además de campañas institucionales para promocionar este tipo de negocios como parte de la oferta cultural y turística de la ciudad.

Referencias a otras ciudades europeas

En su exposición de motivos, la moción cita los casos de Lisboa, París y Barcelona como ejemplos de ciudades que ya cuentan con instrumentos específicos para catalogar y proteger sus comercios emblemáticos, frente a lo que el grupo describe como la ausencia de una estrategia integral en Málaga.

Para Morillas, "el centro histórico no puede convertirse en un espacio dedicado exclusivamente al consumo turístico. Tiene que seguir siendo un lugar donde vivir, trabajar, comprar y relacionarse". La propia moción plantea que la convivencia entre comercio tradicional y otro tipo de negocios (como franquicias, supermercados de conveniencia o establecimientos de ocio) no es en sí el problema, sino la presión inmobiliaria que, según el grupo, expulsa de forma sistemática al primero.